La Generalitat plantea enviar un cargo de perfil técnico al Consejo de Política Fiscal y Financiera

El vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha rechazado este martes asistir a la reunión del viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un encuentro convocado por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Aragonès no asistirá, aunque desde el departamento que dirige apuntan que, si la Generalitat envia algún tipo de representación a este encuentro, será un cargo de perfil técnico. El Consejo se celebrará el día después de la entrevista entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

La ministra de Hacienda ha convocado este martes a las comunidades autónomas a la reunión del Consejo para aprobar la nueva senda de déficit público. Este órgano de interlocución entre el Gobierno y los consejeros regionales para asuntos económicos, donde se fijarán los nuevos objetivos presupuestarios, no se reunía desde hace más de un año, después de que el Ejecutivo socialista dejara de convocarlo el año pasado por primera vez en casi 25 años.

En la presentación de su nuevo libro, Aragonès ha explicado que mañana decidirá, junto con el presidente, Quim Torra, si se envía o no una representación de la Generalitat. Y ha afeado al Gobierno las formas en las que se ha convocado el encuentro: “Si te enteras de una convocatoria por una rueda de prensa, no sé si es muy útil. En principio es un órgano multilateral, pero funciona unilateralmente”, se ha quejado el vicepresidente. El plante de Aragonès llegará solo un día después de la esperada reunión de Sánchez y Torra, que debería dar el pistoletazo de salida a la mesa de diálogo pactada entre PSOE y ERC en la negociación para la investidura de Sánchez.

En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se decidirán los nuevos objetivos presupuestarios. Las comunidades tenían que haber rebajado el déficit hasta el 0,1% del PIB y este año deberían cerrar con equilibrio presupuestario (0%). Esos son los últimos objetivos presupuestarios aprobados oficialmente por el Gobierno y convalidados por la Comisión Europea. Pero el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Podemos plantea una flexibilización de esas metas. Plantean aplazar, al menos, un año el ajuste y por eso la ministra de Economía, Nadia Calviño, negocia con Bruselas para obtener más margen presupuestario.

El Gobierno negocia con Bruselas una relajación de los objetivos presupuestarios (déficit y deuda pública) después de que el año pasado apenas corrigieran los números rojos de las Administraciones Públicas y este año la tarea se haya puesto cuesta arriba por el aumento de gastos (subida del sueldo de los funcionarios, pensiones y SMI) sin que se haya aprobado aún un Presupuesto para 2020 y sin haber aprobado nuevos impuestos que compensen el alza del gasto.

Las costuras de las cuentas públicas comienzan a crujir porque, además, crece el temor de que el incierto calendario electoral en Cataluña pueda complicar la aprobación de unos nuevos Presupuestos este año, porque el Gobierno necesita el apoyo de ERC para sacar las cuentas adelante.

En la comparecencia tras el Consejo de Ministros, Montero ha explicado que en el CPFF la reunión se informará de la "andadura" prevista por el Gobierno, conforme a la nueva senda de estabilidad, para acometer los trabajos preparatorios de cara a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.

El último encuentro del Consejo de Política Fiscal se produjo telemáticamente el pasado 22 de agosto de 2018, y de manera presencial el 31 de julio de ese mismo año. En la reunión de este viernes del CPFF podría abordarse también el asunto del IVA autonómico de 2017, unos 2.500 millones que el Gobierno ha dado por zanjados al no haber podido aprobar la "solución" como consecuencia del rechazo a las cuentas públicas del año pasado. Varias regiones han anunciado o presentado ya denuncias por esta decisión, entre ellas la mayoría del PP, como Madrid o Galicia, y también algunas gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha.

Aprobación del SMI hasta los 950 euros

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del salario mínimo (SMI) que acordó con los sindicatos y los empresarios. Después de dar la luz verde al aumento de las pensiones y los sueldos de los funcionarios, el Gobierno aprueba así la tercera medida social de calado en su primer mes de actividad.

La subida del SMI de 900 euros mensuales a 950 (13.300 euros brutos al año, teniendo en cuenta que son 14 pagas contando las dos extraordinarias) afecta a más de dos millones de personas, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. Esta decisión no debe ser ratificada por el Congreso de los Diputados, ya que basta un decreto gubernamental para aprobarla. Sí que precisan la convalidación parlamentaria los incrementos de las pensiones y los sueldos de los funcionarios.

El incremento del SMI será retroactivo desde el 1 de enero. Es decir, las empresas tendrán que pagar el dinero correspondiente a los atrasos por el tiempo transcurrido desde el primer día del año. Con este incremento del suelo legal de los salarios, el aumento en los últimos años ha sido del 44,5%, al pasar de 655,2 euros en 2016 a 950 euros este año.