Bruselas no suspenderá todas las ayudas europeas a los países que se salten las reglas fiscales

Bruselas exigirá a los países que cumplan las reglas fiscales, ahora suspendidas de facto, para recibir los fondos europeos. La vulneración de esas normas, sin embargo, no llevará a la suspensión de todos esos recursos, como se preveía en la propuesta inicial. La Comisión Europea podrá congelar, como máximo, el 25% de los recursos o bien una cantidad equivalente al 0,25% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, según consta en el reglamento para la principal pieza del fondo de reconstrucción –dotada con 672.500 millones de euros— que este viernes han pactado las instituciones de la UE. Eso no ocurriría en ningún caso antes de que se reactiven las normas fiscales, que Bruselas no descarta mantener suspendidas incluso hasta 2023.

Más de 17 horas de negociación a cara de perro fueron necesarias para cerrar el reglamento que regirá la pieza clave de todo el paquete presupuestario de recuperación. El Parlamento Europeo acudía a esas conversaciones con las demandas de suprimir las condiciones macroeconómicas y relajar las pretensiones de los halcones de forzar a la ejecución de reformas a cambio de los fondos. Fuentes comunitarias coinciden, sin embargo, en que esa negociación estaba muy marcada por los Países Bajos. La Haya, que aún no ha ratificado el reglamento de recursos propios que Bruselas necesita para emitir deuda, exigía no moverse ni un ápice de esas exigencias.

El grupo parlamentario de los Socialistas y Demócratas, cuya ponente es la española Eider Gardiazábal, dio la batalla para mover esa línea roja. Los socialdemócratas entienden que tras suspender de facto las reglas fiscales, Bruselas no puede exigir esfuerzos colosales a los países para recuperar el equilibrio presupuestario. Berlín, que tiene la presidencia de turno de la UE, finalmente hizo dos concesiones. Primero, no se congelará el 100% de los fondos, sino el 25% o bien, a modo de sanción, una cantidad equivalente al 0,25% del PIB. En el caso de España, esa multa ascendería a unos 3.000 millones de euros. Y segundo, el Parlamento Europeo deberá pronunciarse sobre un eventual castigo.

Las instituciones comunitarias sí accedieron a elevar la cantidad que los capitales recibirán de forma anticipada del 10% al 13% del monto total. Eso supone que España podría recibir unos 8.300 millones de euros después de que se apruebe su plan de reconstrucción. Este deberá recoger las reformas que el Consejo Europeo pidió en 2019 y 2020, incluyendo los capítulos de pensiones, mercado laboral y unidad de mercado. En una nota difundida por la Comisión, el Ejecutivo comunitario afirmó que espera que “los planes de recuperación y resiliencia” contribuyan “a abordar de manera eficaz” los desafíos identificados en “las recomendaciones específicas relevantes de cada país en el marco del Semestre Europeo”.

El Parlamento Europeo también ha logrado aumentar del 30% al 37% la proporción de gasto verde, para cuyo cálculo se ha pactado una metodología. “Este mecanismo supone un doble éxito. A corto plazo, ayudará a paliar el impacto social de la crisis de la covid-19. A largo plazo, nos permitirá avanzar hacia una transición verde y digital”, afirmó Gardiazábal. “El instrumento abre el camino para que Europa no solo reconstruya su economía después de la pandemia, sino que la transforme”, abundó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

Demanda de reformas

El diputado Ernest Urtasun (Catalunya en Comú), ponente en la sombra de Los Verdes, destacó que además del 37% de esas inversiones verdes, los países también deberán gastar en biodiversidad. “Deberán “respetar el principio de no causar perjuicio significativo a objetivos medioambientales, tal y como se define en el reglamento de la taxonomía, una de las normas ambientales más ambiciosas de la Unión. Eso quiere decir que el mecanismo no podrá financiar ninguna actividad nociva medioambientalmente, excluyendo de los fondos la financiación de infraestructuras del pasado y la práctica totalidad de combustibles fósiles”, sostuvo.

Para el vicepresidente de Renew Europe y ponente en la sombra del partido, Luis Garicano, el fondo es una “oportunidad” para que España haga reformas. “He dicho en varias ocasiones que Europa no es un cajero automático y ha quedado reflejado en el reglamento, porque el dinero europeo vendrá con condiciones. España tendrá que hacer reformas estructurales que Europa nos lleva pidiendo hace años”, aseguró.

El pacto de las instituciones recupera, aunque solo en parte, uno de los instrumentos que desecharon los líderes de la UE. La propuesta inicial de la Comisión Europea contenía un fondo para la solvencia de las empresas, que debía servir para rescatar empresas en crisis. Según fuentes parlamentarias, el acuerdo permite que las capitales usen el 4% de los recursos, a través de InvestEU, para recapitalizar empresas en apuros a causa de la pandemia. El acuerdo también confirma, por último, que el gasto que se podrá cubrir con los recursos europeos empieza el 1 de febrero de 2020.