Nuestros derechos y Europa

La recuperación de los derechos esenciales avanza en nuestro país por una senda lenta y tortuosa. Desde 1986 con la entrada de España a Europa, los ciudadanos disponen de una palanca fundamental para ampliar los derechos recuperados con la Constitución de 1978. Se trata de poder verificar si nuestras leyes y su aplicación por los tribunales son conformes con las normas europeas.

La comprobación de la salud de nuestro derecho la realizan los jueces a través de cuestiones prejudiciales en las que plantean sus dudas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A pesar de las trabas de los poderes económicos y de los inmovilistas en los tribunales y el legislativo, se han logrado avances significativos. En el campo de las ejecuciones hipotecarias, con cientos de miles de desahucios, por ejemplo, el TJUE se ha tenido que pronunciar diez veces, obligando a numerosos cambios legales. El resultado es que hasta 2013 se podía iniciar una ejecución hipotecaria por el impago de un solo mes, mientras que ahora se precisa el incumplimiento de al menos de 12 meses para echar una familia a la calle. La mayoría de peticiones que llegan a Europa afectan al derecho a la vivienda, considerado fundamental en la UE, y uno de los más frágiles en España.

Esta difícil recuperación de derechos cobró valor el pasado 2 de diciembre. El magistrado Francisco González de Audicana volvió a preguntar al TJUE sobre el empleo del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) que afecta a unas 800.000 hipotecas. El magistrado ya había requerido a este tribunal sobre el mismo asunto en 2018. La respuesta de la justicia europea del pasado marzo fue reinterpretada restrictivamente por el Supremo el pasado noviembre. Se repite la historia. El juez repreguntaba porque tenía dudas sobre la duplicidad de pagos que implica el IRPH, las obligaciones de información del banco y sobre si se debía reintegrar al consumidor lo detraído por aplicación de una cláusula abusiva.

Es una batalla muy desigual. González de Audicana tuvo que soportar la recusación de Bankia que lógicamente fue desestimada. Dicha recusación es una osadía por parte de una entidad financiera sancionada por el Banco de España y con infinidad de sentencias condenatorias.

Con dificultades el derecho europeo va calando. Durante los años que estuvo en el Tribunal Supremo el profesor Javier Orduña incorporó la jurisprudencia europea en sus resoluciones. Su labor sirve de inspiración a muchos jueces que aplican el derecho europeo. El abogado Jesús Mª Sánchez García, un referente entre los juristas, ha publicado un valioso estudio sobre Transparencia y abusividad que muestra la relevancia de la primacía del derecho comunitario.

El catedrático Federico Adan en El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el Robin Hood de los consumidores ha destacado las correcciones que está registrando el Tribunal Supremo por parte del TJUE. Cree que se “está produciendo lo que podríamos llamar un Brexit jurídico”. Europa es una construcción de derecho y hay que evitar que nos desenganchen de ella.