El decreto antidesahucios de la pandemia: insuficiente para los colectivos sociales y con poca repercusión en los juzgados

Los desahucios han protagonizado el último rifirrafe interno en el Gobierno de coalición. Tras el rechazo por parte del Congreso a la enmienda a los Presupuestos presentada por Unidas Podemos, ERC y Bildu, la cuestión ha quedado pendiente de una negociación en el seno del Gobierno que, según ha indicado el vicepresidente Pablo Iglesias en el Congreso, dará lugar a un decreto antes de dos semanas. Precisamente este jueves habían acordado reunirse representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Vicepresidencia de Derechos sociales para avanzar en el acuerdo.

Mientras prosigue el debate político, lo cierto es que es difícil cuantificar la magnitud del problema. El Instituto Nacional de Estadística solo ofrece series de ejecuciones hipotecarias, pero superados los años más duros de la Gran Recesión, hace ya tiempo que en España la mayoría de personas expulsadas de sus casas viven de alquiler (aproximadamente siete de cada diez desahucios son de inquilinos, y los tres restantes responden a ejecuciones hipotecarias). Sí recoge esos datos el Consejo General del Poder Judicial a partir de los lanzamientos ordenados por los juzgados. Pero el problema es que la última estadística publicada hace referencia al segundo trimestre del año. Como abril, mayo y junio coinciden con el primer estado de alarma por la epidemia (vigente del 14 de marzo al 21 junio) y los tribunales estuvieron prácticamente cerrados, el resultado es que los desahucios cayeron un 90%. La muestra no es representativa y habrá que esperar a que los datos del tercer trimestre, previstos en las próximas semanas, arrojen algo más de luz.

Lo que parece claro es que, tras los meses de máximo confinamiento, los desahucios han continuado su curso. Así lo constataba un reciente informe publicado por la unidad antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona, que destacaba tener conocimiento de 443 órdenes de desalojo en la ciudad entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre. Como resultado, cuantificaba en 1.211 las personas en situación de vulnerabilidad afectadas, entre las cuales había 463 menores. El informe del Consistorio dirigido por Ada Colau aludía a un “alarmante aumento de la tensión y la crispación vecinal” y llegaba a la conclusión de que “resulta de máxima urgencia ampliar la moratoria de lanzamientos a todas las personas en situación de vulnerabilidad”.

Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters de Barcelona, cree que esos datos prueban que “en cuanto se reactivaron los juzgados en septiembre, hubo una decisión clara de acelerar los procesos que se habían acumulado durante el parón”. También alude a un “cambio de actitud” en la línea que apuntaba el informe, que hablaba de una “desproporcionada presencia policial”. “Estamos viendo prácticamente cada día dispositivos propios de una redada contra el narcotráfico para desahuciar a familias vulnerables”, asegura Palomera, para quien no basta con suspender las expulsiones de personas afectadas durante la pandemia porque “se producirán una vez acaben los efectos del decreto ley”.

“En mi juzgado no tengo esa percepción; puedo decir que el criterio no ha cambiado y, por supuesto, órdenes no hay”, contesta Roberto García Ceniceros, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 30 de Barcelona, al ser preguntado por esa supuesta mayor presencia de agentes antidisturbios en los desahucios. “La idea de cuándo el juez ha de acudir a las fuerzas de seguridad siguen siendo tan excepcionales como lo eran antes”, añade. El magistrado sí apunta que el impacto del decreto que paraliza los lanzamientos por la covid “no es significativo”. En su juzgado, explica, “igual puede haber tres o cuatro [desahucios suspendidos], y hablamos de un volumen de procedimientos bastante importante”.

Distintas soluciones

Coincide en esa percepción Natalia Palomar, abogada de Provivienda. “La experiencia que estamos teniendo es que la mayoría de suspensiones se producen no por este decreto, sino por la vía que ya existía”, sostiene. Una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en marzo de 2019 impuso una suspensión temporal del lanzamiento cuando los servicios sociales acreditan la vulnerabilidad del inquilino. Pero superado el plazo previsto (de uno o tres meses, en función de si el propietario es un particular o una empresa), el desahucio puede ejecutarse igualmente, pese al estado de alarma. Palomar insiste en que la regulación actual vinculada a la pandemia “olvida que hay muchas personas que eran vulnerables y a las que esta situación ha hecho más vulnerables, aunque no oficialmente”.

La base del problema, coinciden todos los consultados, es la falta de alternativas para quienes no pueden hacer frente al pago de una casa en el mercado libre. Pero construir más vivienda social requiere un tiempo, y la discrepancia es qué hacer mientras tanto. Los sindicatos de inquilinos insisten en usar los inmuebles que están vacíos o impedir la conversión de viviendas en pisos turísticos. Fuentes del Ministerio de Transportes recuerdan que la última modificación del plan estatal de vivienda contempla programas específicos para personas desahuciadas, que deben desarrollar las comunidades. Fuentes del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, uno de los que más recursos destinan a la materia, apuntan que sobre su parque de 14.000 viviendas no se ha expulsado a nadie por no poder pagar durante la pandemia. “Los únicos desahucios que hemos pedido han sido de okupas o por impagos no justificados”, indican esas fuentes, que lamentan que muchas las últimas medidas que se proponen “surgen de la política de gestos, que no parece que responda a un trabajo previo de auscultación y de ver qué agujeros hay en determinados colectivos”.

Lo que parece claro es que decreto del Gobierno recogerá la principal reivindicación de los colectivos sociales: extender la paralización de desahucios a todas las personas vulnerables, y no solo a aquellas cuya situación ha empeorado por la epidemia. Así lo ha pedido el partido de Pablo Iglesias, cuya propuesta inicial, según fuentes de Unidas Podemos, es acordar dicha suspensión hasta finales de 2022. No obstante, entienden que como mínimo debería hacerse mientras duren las restricciones. Y piden también la prohibición de corte de suministros de agua, luz y gas. “No nos parece digno que en estos momentos haya personas a las que se eche de casa o se les corten los suministros cuando les pedimos que no salgan de casa y se laven las manos”, señalan esas fuentes, que insisten en que el debate sobre el instrumento legislativo adecuado es secundario: “Nuestra impresión es que el PSOE está mareando con el cómo, pero lo importante es el qué”.

“Después de la enmienda ha habido demasiado ruido y nosotros siempre hemos estado abiertos a establecer medidas”, responden fuentes del Ministerio de Transportes, que añaden que durante la negociación presupuestaria “no se puso sobre la mesa que esta fuera una condición sine qua non”. El departamento que dirige José Luis Ábalos, sobre el que recaen las competencias en Vivienda, está abierto a ampliar la situación de desahucios a nuevos supuestos de vulnerabilidad siempre que “haya informes de los servicios sociales” que así lo acrediten. Y estirar las medidas todo el tiempo que duren las restricciones por la pandemia, según las fuentes consultadas, no será un escollo.