Abengoa negocia con la Generalitat trasladar su sede social de Sevilla a Valencia

La multinacional española Abengoa, está manteniendo contactos con la Generalitat valenciana para trasladar su sede social, que actualmente se encuentra en Sevilla, a la Comunidad Valenciana. El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, se reunió ayer en Valencia con Gonzalo Urquijo, presidente de la firma especializada en los sectores de infraestructuras, energía y agua, para concretar la operación. La noticia ha saltado hoy en la sesión de control de las Cortes valencianas en la respuesta de Puig a la portavoz del PP, Isabel Bonig. El jefe del Consell ha señalado que están “intentando traer inversiones” que ahora están radicadas en otros ámbitos y que están “negociando con alguna multinacional para cambiar la sede a la Comunidad Valenciana”.

Fuentes del Gobierno valenciano aseguran que ha sido la multinacional la que contactó con la presidencia de la Generalitat para estudiar las posibilidades de cambiar su sede. Y enmarcan la decisión en la “estabilidad” política de la Comunidad Valenciana, recordando que ya La Caixa trasladó su sede social en pleno procés a Valencia, donde se ubica también la sede de Bankia (antes de su fusión), mientras que el Banco de Sabadell hizo lo mismo en Alicante, tras comprar el Banco CAM.

El Instituto Valenciano de Finanzas, que dirige el economista Manuel Illueca, se encarga de estudiar el calendario, el posible aval de 20 millones de euros y la concreción de una operación que contaría con el visto bueno del Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, según fuentes de las negociaciones. Aunque las conversaciones se centran inicialmente en el traslado de la sede social, también se contempla la posibilidad de establecer nuevas líneas de fabricación en territorio valenciano, vinculadas a proyectos europeos de infraestructuras y sostenibilidad.

También se apunta como una razón de la intención de cambiar de ciudad las difíciles relaciones entre la multinacional, que pasa por graves problemas financieros, y el gobierno andaluz, hasta el punto de haberse enfrentado públicamente. Hacer públicas las negaciones con la Generalitat sería también una forma de presionar a la Junta andaluza. El plan de rescate acordado por el presidente de la empresa, Gonzalo Urquijo, con los acreedores y proveedores, contaba con que la Junta de Andalucía aportara 20 millones de euros a los que se había comprometido verbalmente, según la empresa. Sin embargo, fuentes del Gobierno andaluz niegan ese compromiso y aducen que no encuentran fórmulas para traspasar esa cantidad. La empresa se ha visto abocada a buscar otras soluciones, entre otras cosas porque el Gobierno central había supeditado la participación del ICO y Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), que financian la aportación de 530 millones en préstamos bancarios, a la presencia de la Junta.

La Generalitat es conocedora de las dificultades por las que atraviesa Abengoa, pero se incide en que se trata de una multinacional de gran potencial con 14.000 empleados, 3.000 de ellos en España, y que sobrevive ahora gracias a la inyección pública. El consejo de la sociedad matriz del grupo sevillano fue destituido el pasado día 17, en una junta general extraordinaria de accionistas por iniciativa de AbengoaShares por estar en contra de sus propuestas en el plan de salvación. De momento, Gonzalo Urquijo sigue al frente de la empresa que preside en funciones. Urquijo, no obstante, preside además la filial Abenewco1, que es la que controla el negocio y donde se ha encastillado con su consejo a la espera de lo que suceda en la próxima junta extraordinaria prevista para el 22 de diciembre.

Fuentes de la Junta andaluza señalan que “los 20 millones de euros que Abengoa reclama suponen algo más de un 3% del montante total de la operación financiera que necesita la empresa, por lo que no parece razonable que la imposibilidad legal de obtener dicha cantidad sea motivo para irse de Andalucía”. “Esos 20 millones no se pueden dar no por falta de voluntad política de la Junta de Andalucía sino porque no existe hasta el momento ningún informe favorable de los servicios jurídicos a dicha operación”, recuerdan. Además, inciden en “las nefastas experiencias de gobiernos anteriores, algunas ya juzgadas y otras judicializadas, como la de Isofoton o el caso Avales, por ayudas sui generis a empresas de dudosa viabilidad, hacen extremar la cautela de los servicios jurídicos a la hora de dar el ok a una operación de esta naturaleza”.

La secretaria general del PSOE andaluz y líder de la oposición, Susana Díaz, ha reaccionado ya a la noticia anunciado que pedirá “responsabilidades” a la Junta si la sede de Abengoa se traslada fuera de la comunidad, tras confirmarse el interés de la Generalitat Valenciana en contar con ella en su territorio. En un mensaje en su perfil de la red social Twitter Díaz ha calificado esta como “una muy mala noticia para Andalucía, para su economía y el empleo” y ha asegurado que “la falta de compromiso del Gobierno andaluz cuesta caro a nuestra tierra en el peor momento posible”. “Pediremos responsabilidades a la Junta por no evitar la deslocalización de Abengoa”, ha concluido la líder regional socialista.