Función Pública destinará 600 millones para modernizar las Administraciones

La ministra de Función Pública y Politica Territorial, Carolina Darias, ha dado a conocer este jueves las cifras que manejará su ministerio a partir de lo que se recoge en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado que presentó el Gobierno la semana pasada. Darias, que los ha calificado de “demandados y deseados”, ha especificado que el objetivo de los 2.509 millones que componen la partida total de su departamento será el de “contribuir a la cohesión territorial, potenciando las políticas de cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales”. Al mismo tiempo, la ministra también ha asegurado que otro de los fines principales del Ejecutivo es el de abordar la modernización de las Administraciones públicas, y ha justificado el aumento del 0,9% en el salario de lo s funcionarios aseverando que con esta subida el Gobierno quiere reconocer su “compromiso” durante esta pandemia.

El Ministerio de Función Pública y Política Territorial contará con un presupuesto incrementado en 338 millones en comparación con el de las últimas cuentas, prorrogadas desde el 2018, lo que supone un aumento del 15,57%. Dejando de lado los organismos autónomos adscritos al departamento, el presupuesto para política territorial será de 619,23 millones de euros, lo que supone un aumento de 263 millones con respecto a la última partida y un incremento porcentual del 74%. Darias ha detallado las distintas vías por las que utilizará esta partida para promover “una administración del siglo XXI”.

La ministra ha señalado que este proyecto tendrá un planteamiento temporal de tres años ―los ejercicios 2021, 2022 y 2023― y que empleará para ello un total de 600 millones de euros repartidos en este periodo. “570 millones (el 95%) van a ir para las comunidades autónomas y entidades locales ―340 para las primeras y 230 para las segundas―, y los 30 millones restantes serán para el Ministerio de Función Pública para desarrollar distintas líneas de actuación en esta materia”, ha explicado Darias. En lo referente al refuerzo de la Administración del Estado en los distintos territorios, la ministra ha informado de que se destinarán 266 millones para delegaciones y subdelegaciones de Gobierno.

En cuanto a la formación de los empleados públicos a través del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Darias ha puntualizado que el Ministerio de Función Pública destinará 95,85 millones para esta materia, lo que supone un incremento del 3% con respecto al anterior presupuesto, que la ministra ha justificado por el pago de tres millones de euros correspondiente a las nóminas de los funcionarios en prácticas que obtuvieron su plaza en las ofertas de empleo público de 2018 y 2019.

Salida “diferente” a la crisis

“Si algo hemos aprendido de la historia es que ante una situación de crisis no se puede salir de cualquier manera. Tenemos el precedente de 2008, en el que podemos decir que fue una salida en falso porque esa salida acentuó la crisis en muchos colectivos y lo único que hizo fue traer más dolor. Teniendo en cuenta esa realidad, el Gobierno de España quiere dar una salida diferente a la crisis. Lo que quiere este Gobierno es reconocer el compromiso de los trabajadores públicos y entendemos que esta subida es una medida necesaria y adecuada dado el importante papel que juegan los empleados públicos y los pensionistas en la sociedad", ha recalcado la ministra.

Sin embargo, la reacción de los sindicatos que representan a los casi tres millones de trabajadores públicos con los que cuenta el país no resultó favorable a la cuantía del aumento salarial, además de que muchos de ellos (CC OO, UGT y CSIF) mostraron su rechazo a las formas en las que se habían llevado a cabo los distintos encuentros con los representantes del Gobierno. “La relación con los sindicatos es cordial, fluida e intensa. Por hacer balance de estos meses que llevamos hemos alcanzado 12 acuerdos con las organizaciones sindicales, con las que tenemos una intensa relación, y les quiero reconocer sus reivindicaciones, que son legítimas. Siempre negociamos y tenemos en cuenta sus opiniones. Son absolutamente imprescindibles e iremos cumpliendo en la medida que sea posible”, ha remachado la ministra.