EMPLEO PÚBLICO

CSIF reclama al Gobierno la contratación de 106.000 empleados públicos en los tres próximos años

La central presenta un plan de refuerzo en las distintas administraciones en el que denuncia la pérdida de poder adquisitivo del colectivo entre 2010 y 2020 y afea el gasto en asesores

Miguel Borra, presidente de CSIF.
Miguel Borra, presidente de CSIF.Pablo Monge

Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), ha dado a conocer este lunes los dos últimos estudios realizados por el sindicato, en los que, por un lado, se presenta un plan de contratación de personal para la Administración General del Estado (AGE) y, por otro, se denuncia la pérdida de poder adquisitivo del colectivo de empleados públicos en la última década. Agarrado a las principales conclusiones de ambos análisis, el sindicato reclama al Gobierno central la contratación de 106.000 trabajadores en los próximos tres años, y lamenta que entre 2010 y 2020 las pérdidas salariales sufridas por este colectivo han derivado en una pérdida por trabajador de hasta 53.362 euros en todo el periodo. “Nos estamos jugando mucho”, ha señalado Borra, al tiempo que destacaba la extraordinaria dificultad de la situación actual y apuntaba a las Administraciones Públicas como “un motor de recuperación”.

Según los datos presentados por CSIF, en los diez últimos años se han destruido 100.916 puestos de trabajo en la Administración, que ha pasado de contar con 2.698.628 empleados públicos en 2010 a 2.597.712 en 2020. De los 241.152 trabajadores con los que contaba la AGE al comienzo de la década pasada se ha pasado a 197.675. En el plan de recursos humanos presentado por el CSIF se reclama la contratación de 3.000 trabajadores para la Agencia Tributaria, 3.200 para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ―“que no está dando abasto en la tramitación de los ERTE y los ciudadanos están tardando mucho tiempo en cobrar sus prestaciones”―, 3.500 para Instituciones Penitenciarias, 6.000 para entidades gestoras de la Seguridad Social ―"quienes se ocupan de gestionar el Ingreso Mínimo Vital"―, y 28.000 para el resto de áreas. Las necesidades de administración, por tanto, quedarían repartidas de la siguiente manera: 43.700 plazas para Administración General del Estado, 43.393 para Educación y 19.299 en Justicia.

Sin embargo, donde Borra ha determinado una carencia mayor de efectivos ha sido en el sector sanitario, “en el que, aunque contamos con los mejores profesionales, la pandemia ha dejado al descubierto que el sistema sanitario lo tenemos cogido con pinzas”. CSIF ha reclamado la incorporación de 289.235 profesionales: 23.709 médicos, 215.526 puestos en personal sanitario y 50.000 en el resto de las ramas del sector.

Trabajar gratis 18 meses

La otra gran pata reivindicativa en el sector público realizada por el sindicato tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. “Ha pasado una década desde los recortes de José Luis Rodríguez Zapatero, y desde entonces no hemos recuperado prácticamente nada. Creemos que es el momento de ponerlo encima de la mesa”, ha aseverado Borra.

Según el estudio realizado por CSIF, en el que analiza la pérdida producida en los diferentes conceptos de las nóminas (sueldo base, complemento de destino, complemento, específico, trienios, etc) de los principales grupos de las administraciones públicas (A1, A2 y C1), con una antigüedad media de 15 años, el estudio concluye que a lo largo de este período los A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos, jueces…) han perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores, maestros…) 40.478,87 euros y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias…) 24.611,22 euros. “Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales”, asegura el análisis.

Ante esta situación, CSIF reclama que se establezca un plan de recuperación a varios años, que rompa con esta pérdida del 12,9 y 17,9%, y recupere la estructura salarial existente antes de 2010, equiparando también las retribuciones entre Administraciones. “Nuestros ciudadanos exigen una inversión de verdad. Hay que creer en los servicios públicos, porque somos los que estamos en primera línea de batalla y porque un aumento de este tipo revertiría en la sociedad”, ha apuntado Borra.

El estudio de CSIF afea al Gobierno que la Administración General del Estado destine 55 millones de euros anuales a asesores y señala que “con una inversión similar, nuestros hospitales y centros de salud podrían tener 1.850 médicos más o 2.056 enfermeras; nuestras escuelas, 2.056 maestros más; y servicios como el SEPE, la Tesorería General de la Seguridad Social, nuestras cárceles o nuestros juzgados podrían tener 2.940 funcionarios más”.

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