El Gobierno sube la presión sobre Alcoa: endurece su fiscalización en busca de incumplimientos para quitarle las ayudas

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha dado este martes una vuelta de tuerca más en la presión que el Gobierno está ejerciendo sobre Alcoa para que cambie de actitud sobre el cierre o venta de la planta de aluminio que tiene en la Mariña lucense. En una intervención en el Senado, ante una pregunta del senador socialista César Alejandro Mogo, la ministra expresó con contundencia que el Gobierno analiza todos los instrumentos disponibles “dentro del marco jurídico y comunitario” para garantizar el futuro industrial y, en ese sentido, afirmó que se va a someter a un escrutinio pormenorizado a la compañía y, si existe evidencia de incumplimientos, solicitarán a la multinacional que devuelva las ayudas públicas que haya recibido.

La ministra ha recordado que el lunes se envió un requerimiento a Alcoa para fiscalizar las ayudas por CO₂ correspondientes a 2019 y verificar que se cumplen los requisitos necesarios para recibir dichas ayudas. También apuntó que se ha puesto en contacto con la Xunta de Galicia para que revise los expedientes de la empresa. “Esperamos ejercer toda esta presión para que Alcoa cambie de actitud”, sentenció Maroto, que manifestó que los próximos días “van a ser decisivos” por lo que es importante mantener la unidad de acción entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia para conseguir el mejor desenlace.

Al respecto, se mostró convencida de que el grupo estadounidense "siempre ha querido cerrar la fábrica y los hechos lo han delatado”. La ministra acusó a Alcoa de “tener mala fe” en las negociaciones y de dejar pasar el tiempo y los plazos acordados para la posible venta de la planta de aluminio a Liberty House, un grupo de matriz británica que mostró interés por quedarse con fábrica y que, pese a la negativa de Alcoa a vender, sigue interesada en invertir.

Maroto, que aseguró que el Gobierno sigue trabajando para buscar soluciones para mantener la capacidad industrial, recordó que el pasado 13 de agosto se consiguió que la multinacional accediera a un proceso de venta, pero antes de acabar las seis semanas de plazo que se habían dado, Alcoa se negó a la venta cuando estaba a punto de cerrarse, incluso a pesar de que el Gobierno ofreció una compra transitoria a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Por su parte, el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, que convocó una reunión de la Mesa Multilateral sobre el futuro de la planta de Alcoa en San Cibrao, con la asistencia, a través de videoconferencia, del vicepresidente de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, y representantes sindicales de la factoría, explicó a los asistentes que el Ministerio de Industria y la Xunta de Galicia van a extremar la vigilancia sobre Alcoa y le exigirán que justifique el cumplimiento de la legislación laboral y medioambiental.

Alcoa se defiende

Alcoa se defiende de los ataques y sostiene que “siempre ha actuado de buena fe y de manera responsable”, tanto en el posible cierre como en las negociaciones de venta. Sobre las ayudas recibidas, asegura que ha concurrido en competitividad con otras empresas, en igualdad de condiciones, y por las vías que han correspondido. Estas ayudas están vinculadas a proyectos medioambientales y de innovación , así como por compensación de costes indirectos de CO₂. El importe de esas ayudas en los últimos 10 años es de menos de 43 millones de euros. Asimismo, acusa a los Gobiernos de haber politizado la operación de manera excesiva. A su juicio, no hay muchos visos de que la situación cambie mientras no se arreglen las causas que han llevado a la empresa a decidir el cierre de la planta de aluminio, lo que supone el despido colectivo de 534 trabajadores.

La planta perdió 110 millones en 2018 y 2019 y ahora pierde un millón a la semana. La causa de esta falta de rentabilidad radica, además de la sobrecapacidad de producción con China (acapara el 60% del mercado), en el alto coste de la electricidad en una empresa de consumo intensivo (el 40% de los gastos corresponden a la factura eléctrica y ella sola supone el 1,5% del consumo de energía eléctrica de España). Además, se han modificado los contratos de interrumpibilidad, por los que Alcoa se adjudicaba unas prestaciones por interrumpir el servicio en caso necesario en subasta pública y que Bruselas obligó a cambiar al considerar que eran subvenciones encubiertas.

La decisión de Alcoa de cerrar generó una reacción en cadena de los trabajadores y los Gobiernos autonómico y central, que no encuentran razones objetivas suficientes. Por ello, exigieron a la empresa que desistiera y buscara otras soluciones. En esas disyuntivas, se barajó la posibilidad de buscar un comprador. Y, cuando las tensiones más tirantes estaban, apareció como un caballero blanco la firma Liberty House, parte del grupo GFG Alliance liderado por el industrial de origen indio Sanjeev Gupta, que ya había intentado quedarse con las plantas de A Coruña y Avilés, que Alcoa prefirió vender al fondo suizo Parter, que luego lo revendió al grupo Riesgo en una operación que está teniendo muchas críticas por incumplimientos de compromisos.

La entidad británica, bien vista por el tándem de los dos Gobiernos (esta vez no ha habido discrepancias ideológicas) y por los empleados, puso sobre la mesa un plan para quedarse con la planta de aluminio en el que exigía el suministro durante al menos 20 años de alúmina procedente de la refinería vecina, propiedad de Alcoa y de la australiana Alumina Limited, y sobre la que no existe ninguna amenaza de cierre, pero sobre la que pedía derechos prioritarios ante su posible venta.

Alcoa acordó negociar de forma paralela al periodo de consulta que había abierto con los sindicatos por un periodo de seis semanas que acababa el 27 de septiembre pasado y que acabó sin acuerdo ni con los trabajadores ni con Liberty. Entonces se decidió dar 15 días más, hasta el 13 de octubre. Según han relatado fuentes de la multinacional estadounidense, había planteado el traspaso de la planta de aluminio por un euro, además de aportar 70 millones de dólares a un fondo para actuaciones en la separación de la refinería y asumir costes por valor de 50 millones de dólares, así como un contrato para suministrar alúmina por cinco años y no los 20 que pedía Liberty. Es decir, se producía la paradoja de pagar por vender. Las fuentes consultadas también sostienen que Liberty se negó desde el primer momento a poner recursos y que los términos que maneja demuestran que en realidad no está interesada en quedarse con la planta sin el control adicional de la refinería, a lo que se opone.

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno ideó una solución transitoria, según la cual sería la SEPI la compradora para después venderla a un tercero, supuestamente a Liberty. Alcoa rechazó esta posibilidad y los ánimos se exaltaron todavía más llegándose de hablar incluso de una posible nacionalización tras unas declaraciones de la ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz. En el fondo, lo que subyace es que Alcoa no quiere de ninguna manera dar oportunidades de crecimiento a un competidor que ha ganado tamaño a fuerza de quedarse con plantas de otras empresas, entre ellas seis de ArcelorMittal. De hecho, además de negarse a vender las citadas plantas de A Coruña y Avilés, también prefirió mantener abierta su planta de Portland, en Victoria (Australia), antes que venderla a Liberty.