Guindos critica la falta de transparencia de Bruselas en el ‘caso Popular’

El vicepresidente del BCE y exministro de Economía Luis de Guindos declaró este miércoles como testigo por videoconferencia ante la Audiencia Nacional, que examina la quiebra del Banco Popular. En su intervención, cuestionó que la Junta Única de Resolución (JUR) no publicara íntegramente el informe de Deloitte que sirvió de base a la resolución y posterior venta del Popular en junio de 2017.

Fuentes jurídicas aseguraron a este diario que el juez José Luis Calama cuestionó que este informe no se hubiera enseñado a los afectados, a lo que Guindos respondió que el Ministerio de Economía lo habría hecho público para evitar esa falta de transparencia y afirmó que la transparencia es un valor muy importante.

La JUR es un organismo que depende de la Comisión Europea y tiene su sede en Bruselas, no en Fráncfort, donde está el BCE. Sin embargo, en caso de que se deba intervenir un banco, lo hace la JUR aunque cuente con el apoyo financiero y de los datos contables que le proporciona el BCE.

Subasta de la entidad

Otro de los temas del interrogatorio fue la subasta a la que se sometió el Popular cuando se supo que el Banco de España no le iba a facilitar liquidez de emergencia. El juez le preguntó por qué no se buscaron más bancos extranjeros interesados, además de los españoles. Guindos dijo que no hubo interés. El entonces ministro de Economía admitió que mantuvo contactos con los cinco grandes banqueros pero que todos ellos le dijeron que habían mirado las cuentas del Popular y que no estaban interesados en la compra.

En opinión del exministro, de no haberse acordado la operación, que incluyó la venta del banco por el simbólico precio de un euro al Santander, el Fondo de Garantía de Depósitos —que cubre los depósitos bancarios de hasta 100.000 euros— no habría tenido liquidez para afrontarlos todos.

Ello habría supuesto una emisión de deuda del Estado español muy importante que habría restado credibilidad al país. Una versión que Guindos ya expuso en el Congreso, donde indicó que la alternativa habría sido “no abrir el banco al día siguiente y declararlo en concurso de acreedores”, escenario que habría provocado “enormes retrasos e incertidumbres sobre la recuperación de sus ahorros” para el más de un millón de hogares depositantes.