El consorcio de Sacyr tendrá que devolver 206 millones a la Autoridad del Canal de Panamá

Sacyr y sus socios del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el grupo de constructoras que realizó la ampliación de la infraestructura tendrán que devolver 240 millones de dólares (unos 206 millones de euros) a la Administración del Canal de Panamá (ACP). El laudo conocido este viernes, dictado por la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés), supone un varapalo para las aspiraciones de Sacyr y sus socios, que habían reclamado hasta 500 millones por este caso, que no es el único de los interpuestos por el citado consorcio. Esta reclamación, no obstante, supone solamente el 8,8% del total de las demandas interpuestas por GUPC, que podrían ascender a más de 5.000 millones de euros por sobrecostes en la construcción de la infraestructura, que lleva funcionando desde 2016.

Este caso se refiere a las diferencias de precio por el cambio del basalto y material para el hormigón al considerar GUPC (además de Sacyr, lo forman la italiana Impregilo, la holandesa Jan de Nul y la local Constructora Urbana) que el ofrecido por ACP era de baja calidad. Sacyr, propietario del 41,6% del consorcio (por tanto tiene que devolver unos 80 millones de euros), ha comunicado que respeta, aunque no comparte, la decisión del ICC, que contradice la decisión anterior del DAB (Dispute Arbitration Board) que reconoció el 50% de la reclamación efectuada por GUPC sobre la composición del basalto y la fórmula del hormigón.

Según las fuentes de Sacyr, grupo que hoy está enfocado en la promoción y gestión de activos concesionales, la empresa constructora “tiene una estable y positiva situación financiera, la cual le permitirá atender el resultado de este laudo sin comprometer su solvencia financiera ni los proyectos en curso”.

El laudo de ICC sobre el basalto y la fórmula del hormigón sí reconoce a GUPC la devolución de 25 millones de dólares (unos 22 millones de euros) aproximadamente en concepto de gastos adicionales de laboratorio y por la existencia de fallas no detectadas en el terreno. Sacyr y GUPC seguirán defendiendo en las distintas instancias internacionales (ICC, UNCITRAL) sus argumentos en relación con las reclamaciones justas que está haciendo a ACP.

La reclamación procede de 2013 y las dos partes acudieron al DAB (Junta de Resolución de Conflictos, la instancia previa de expertos), que reconoció parte de las demandas del consorcio y el pago del 60% de la reclamación. No conformes, ni los unos ni los otros, con la resolución, acudieron al tribunal de Miami, que ahora decide que GUPC tiene que devolver parte de la compensación recibida.

Hasta el momento se había dirimido una resolución con la primera reclamación de GUPC por una presa provisional en el lado del Pacífico. En agosto de 2017, los árbitros consideraron los argumentos de ACP y no los de GUPC, que reclamaba 193 millones de dólares. Esta tuvo que pagar las costas por valor de 25 millones. El DAB ya había desestimado antes la reclamación, por lo que GUPC no consideraba en sus cuentas ningún retorno.

Aparte de estos dos arbitrajes quedan otros cuatro que analiza Uncitral, órgano de arbitraje de la ONU. De ellos, los más importantes son los efectos por la parada técnica que sufrieron las obras por falta de cash-flow y el sobrecoste de las compuertas. En ellos el consorcio reclama una cantidad de 4.000 millones de dólares (3.300 millones de euros) por sobrecostes frente a los 2.850 millones firmados en el contrato (por cierto se criticó en el sector que había una baja temeraria) y que pueden subir hasta 5.800 (cerca de 5.000 millones de euros) por el retraso de los fallos.