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La penosa marcha de Abengoa

La salvación de la empresa de ingeniería todavía está en el aire, a falta de un acuerdo con los acreedores y en medio de una guerra con los minoritarios

María Fernández
Planta solar de la empresa Abengoa, en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor.
Planta solar de la empresa Abengoa, en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor.PACO PUENTES (EL PAÍS)

El próximo 25 de noviembre se cumplen cinco años desde que, acosada por una montaña de deuda que llegó a los 26.000 millones de euros, Abengoa presentase el preconcurso de acreedores. En palabras de su actual presidente, Gonzalo Urquijo, fue “la mayor reestructuración industrial de España y quizá de Europa, muy compleja, donde todos los grupos de interés han sufrido enormemente y han hecho sacrificios enormes para sacarla adelante”. Palabras que querían sonar a pasado pronunciadas en un encuentro con inversores hace un par de semanas en el que no admitió preguntas —tampoco ha querido hablar para este reportaje—.

La firma lleva meses intentando presentarse como el ave fénix que resurge de sus cenizas y deja atrás su pasado, representado en Abengoa, SA, la empresa cotizada, para enfocarse en Abenewco 1, la principal heredera. Pero a la multinacional andaluza de ingeniería llevada a la gloria y a la nada por su cuestionado expresidente, Felipe Benjumea, todavía le quedan unos cuantos capítulos por cerrar.

La nueva fecha en el calendario está marcada: 18 de septiembre a las seis de la tarde. Ese día tendrá que cerrarse el acuerdo de reestructuración anunciado el pasado agosto con un conjunto de entidades financieras e inversores. Es un acuerdo con muchas patas en el que se ha implicado la Administración a través de un préstamo avalado por el ICO de un máximo de 230 millones y que facilitaría avales durante cinco años de otros 126 millones respaldados por el Estado a través de Cesce. La Junta de Andalucía también ha prestado apoyo, traducido en 20 millones de euros. Para que salga adelante necesita el acuerdo del 95% de los deudores de un pasivo de 153 millones, algo que en la empresa esperan conseguir, pero que, a la vista de los cambios de fecha (inicialmente iba a ser el 11 de septiembre), no está tan claro.

Además, la vida interna de la compañía es una carrera de obstáculos diaria. Esta misma semana, los accionistas de Abengoa reclamaron en los juzgados que se suspenda el acuerdo de reestructuración por los “daños absolutamente irreparables” que según ellos podría causar. Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, el despacho que los representa, recuerda que “la empresa cotizada es la que pierde con todo esto”. O sea, la compañía original de la que se desgajó el negocio tras la crisis. Porque, como ocurrió en su día con Pescanova, Abengoa ha sacrificado su tronco central, que está desde mediados de agosto en preconcurso de acreedores, para que Abenewco 1, de la que dependen los 13.000 puestos de trabajo, siga adelante con los activos más valiosos y el negocio.

“Aquí hay un problema. Es un proceso opaco, del que no se ha dado información”, se queja Navas, que representa a un grupo que en su día, asegura, llegó a tener el 10% de la sociedad. “La reestructuración se basa en un informe de un experto independiente que no han hecho público y que resolvió el patrimonio negativo de Abengoa en 388 millones de euros. Han pasado la actividad a Abenewco 1 y a Abengoa la han hecho entrar en preconcurso para diluir el 77% de las acciones en el 2,7%”. Ese es el porcentaje que les quedará a los accionistas minoritarios cuando todo esto acabe, que según el calendario de Abenewco 1 será en diciembre.

Porque, como señaló Gonzalo Urquijo, ni siquiera el plan de viabilidad será suficiente para salvar a la vieja Abengoa. Para reequilibrar su patrimonio será necesario que los acreedores firmen un préstamo participativo que los diluirá. “En el momento en que se produzca la conversión de los instrumentos convertibles (en diciembre) se producirá la ruptura del grupo económico y fiscal encabezado por Abengoa, SA, quien pasará, en su caso, a ostentar una participación minoritaria en Abenewco”.

Desde los sindicatos, en cambio, creen que el camino elegido no tiene vuelta atrás y cruzan los dedos. Manuel Ponce, secretario del Metal de UGT en Sevilla, opina que la refinanciación dará un impulso definitivo a la firma para conseguir presentarse con éxito a ofertas de contratación que ahora tiene vetadas por su delicada situación. “En cuanto al empleo, no hay contrataciones, pero tampoco tienen ninguna previsión de extinguir más contratos después de los últimos 35 expedientes de extinción”. Ahora mismo, continúa, el mayor objetivo es que los empleados cobren los atrasos: se les deben tres meses que no recibirán si no sale adelante el acuerdo que impugnan los minoristas. “La empresa ha dicho que se abonarán a mediados de septiembre. En agosto la gente cobró 1.000 euros”, lamenta.

Venta de activos

La covid-19 los obligó a presentar un nuevo plan de negocio a principios de año que conlleva la venta de numerosas plantas en Estados Unidos, Sudáfrica, Argelia o la India. Un obstáculo añadido que hará que la recuperación se dilate. El grupo facturó el año pasado 1.500 millones con un resultado de explotación de 118 y unas pérdidas de 517. En este contexto, en el mercado sorprendió que Gonzalo Urquijo se embolsase 2,071 millones de euros en 2019 por su condición de presidente ejecutivo, lo que supuso un incremento del 39,4% con respecto a los 1,485 millones de un año antes.

Conflictos sin resolver

Abengoa tiene 9,3 GW de potencia instalada de generación eléctrica y otros 1,4 en construcción. Distribuye agua para 20 millones de personas, tiene 27.000 kilómetros construidos de líneas de transmisión y distribución eléctrica, con más de 330 subestaciones montadas en los últimos 15 años. También es un actor destacado en energía solar, con 2,3 GW, el 35% de la capacidad instalada en el mundo. Esa intensa actividad ha generado problemas con clientes y muchos de ellos se dirimen en los juzgados o en tribunales arbitrales. Uno de los más importantes pone en juego 77 millones que el grupo debería recibir tras un laudo favorable en un contrato de una central de ciclo combinado en Polonia. El cliente, Elektrocieplownia Stalowa Wola, impugnó el laudo, pero el proceso se congeló por la pandemia.

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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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