Baños de realidad

El Gobierno ha aprobado el ingreso mínimo vital, un derecho que actuará como un verdadero salvavidas para unas 850.000 familias en las que sobreviven 2,3 millones de ciudadanos. Se trata de una red de seguridad estatal que venían recomendando las autoridades europeas cada año desde 2014.

Los datos ofrecidos por el Gobierno sobre la vida de los pobres en nuestro país son escalofriantes y suponen un auténtico baño de realismo. Es necesario reflexionar sobre lo que significa el hecho de que más de un millón de personas malvivan con una renta inferior a 245 euros mensuales, muchas de ellas sin ingreso alguno. Es importante que este enfoque de la realidad social no sea sólo efectuado por las organizaciones no gubernamentales como Oxfam, Cáritas, Cruz Roja y bancos de alimentos, cuya labor es esencial para evitar dramas mayores, sino que constituya un objetivo prioritario del Gobierno. Estas organizaciones han visto triplicadas las peticiones de ayudas y alimentos las últimas semanas como consecuencia de la pandemia de la covid-19.

La propuesta del Gobierno de conceder una renta de entre 462 euros y 1.015 euros mensuales, según las condiciones y el número de miembros de las familias, es un paso histórico por abordar la realidad social desde la perspectiva de los derechos y no de la beneficencia. Según Oxfam, los pobres necesitados son más de cuatro millones de personas. Dada la crudeza del problema debería mejorarse la iniciativa en su tramitación parlamentaria.

Estos días hemos tenido que encajar también el zurriagazo del conglomerado multinacional Renault-Nissan-Mitsubishi que ha decidido cerrar la planta centenaria de la firma japonesa en Barcelona. Más de 20.000 empleos en el aire. En esta ocasión el baño de realismo deriva de la situación española en el mercado mundial del automóvil, intensamente globalizado. General Motors vende dos veces más vehículos en China que en Estados Unidos. Y lo mismo puede decirse de las grandes empresas alemanas.

La respuesta del presidente francés Emmanuel Macron ha sido la “soberanía industrial”, es decir, que tiene la vocación de relocalizar en su país esta industria. “Nunca más productos fabricados en Francia deben abandonar el territorio”, ha señalado. Francia ha prometido ayudas de más 8.000 millones a su industria.

España es el segundo productor europeo pero no tiene ningún gran fabricante y mucho menos centros de decisión. Básicamente cuenta con plantas de ensamblaje, eso sí, altamente competitivas. Nuestro país no debe seguir la línea proteccionista porque ni tiene factorías propias ni capacidad para financiarlas. La apuesta del Gobierno por buscar financiación del Fondo de Recuperación europeo de 750.000 millones de euros para reconvertir las factorías es la que puede salvar más empleos. Por la propia naturaleza de una producción fuertemente interdependiente entre países, la respuesta europea es la más viable.

Este país afronta la peor crisis que hemos conocido en costes de vidas humanas, empleos, pobreza y graves desafíos para sectores clave como el turismo y el automóvil. Otro baño de realismo es la ausencia de estos asuntos en el debate político. La oposición, tan necesaria en una democracia, sigue ajena a estos temas, anclada en sus viejos fantasmas que tantos desastres nos ocasionaron.