Los embargos de viviendas crecieron en 2019 por primera vez en cinco años

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas repuntaron en 2019 en 3,1% rompiendo una racha de cuatro años consecutivos de caídas. Más de dos terceras partes de las 27.055 ejecuciones que se inscribieron en los registros de la propiedad, un paso necesario para que el acreedor solicite el lanzamiento o desahucio de una vivienda, pertenecían a empresas. De hecho, los desahucios de familias hipotecadas siguieron en su senda de bajada y se situaron en mínimos desde 2014. En todo 2019, se registraron 7.129 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas físicas. Es un 21,1% menos que un año antes, y la cifra se encuentra a años luz de las más de 44.000 registradas en 2014, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a recopilar estos datos.

Los expertos en general asocian esa caída con las mayores exigencias que piden ahora los bancos para conceder préstamos para vivienda. A eso se une el alto ritmo de desahucios de propietarios durante la Gran Crisis, lo que haría que la mayor parte de compradores insolventes hayan sido ya expulsados de sus casas y cada vez queden menos. No obstante, todavía el año pasado más de cuatro de cada 10 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas (tanto de particulares como de empresas) afectaba a un inmueble comprado entre los años 2005 y 2008, los más álgidos de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias de viviendas pertenecientes a personas jurídicas (empresas), estas subieron el año pasado un 15,8% interanual. No es un fenómeno nuevo (en 2018 ya crecieron y casi al doble de ritmo) y expresa ciertas dificultades por parte de las empresas cuando se produce un empeoramiento del ciclo económico.

Junto con estas, también aumentaron el año pasado las ejecuciones hipotecarias sobre otro tipo de fincas urbanas como garajes, naves, locales comerciales, etc. En total se inscribieron 23.183 certificaciones contra este tipo de inmuebles, un 3% más. El repunte fue ligeramente mayor (un 4,4%) en el caso de las fincas rústicas, mientras que en el caso de los solares urbanos se produjo un leve descenso del 0,7%.

Desde hace años, de acuerdo con los datos sobre procesos de desahucio del Consejo General del Poder Judicial, la mayor parte de estos pertenecen a familias que viven de alquiler, una circunstancia que la estadística publicada este viernes por el INE no refleja.