La angustiosa cuenta atrás para lograr una vivienda social

Justo cuando empieza a despedirse, Elsa Riquelme tuerce el gesto: “Cuando todas las cosas iban tan bien, el sueño español se fue al garete”. Esta chilena de 54 años llegó a España en 2000. Su entonces marido, del que ahora está divorciada, había venido antes y decidieron que era buen momento para reunir a la familia. No se equivocaron, al poco pudieron comprar un piso donde vivir con sus tres hijos. “Llevaba seis meses en España y conseguí una hipoteca… Encima yo le daba las gracias al banco”, recuerda Riquelme.

En los primeros años del siglo, la pequeña empresa de construcción de su exmarido les daba de sobra para el préstamo y les dieron una segunda hipoteca para otro piso. No era para ellos, sino para el hermano de Riquelme, que se había venido también de Chile a trabajar en el negocio familiar y les iría devolviendo mes a mes las cuotas. Pero el estallido de la burbuja estrujó la economía familiar. Cerró la empresa, su hermano se volvió a Chile y luego lo hizo su marido, con el que la situación se había deteriorado y sobre el que actualmente pesa una orden de alejamiento por violencia de género. Riquelme se vio sola con tres hijos estudiantes, sin trabajo y con letras mensuales de 1.800 euros. Pese a alquilar uno de los dos pisos que tenía, ambos en un barrio humilde del sur de Madrid, las cuentas no daban.

El banco acreedor inició un procedimiento de ejecución hipotecaria en 2013 y dos años después su piso fue subastado. Pero lo que más le duele a Riquelme de aquella época es que su hijo pequeño, que ahora tiene 22 años, enfermó gravemente. “Me desentendí de todo y me daba igual porque el diagnóstico era malo. Se tornó dependiente de mí”, dice la chilena, que recibe una ayuda por dependencia de grado I (moderado) de 153 euros al mes. A ello se suman otros 430 euros que cobra del Estado como víctima de violencia de género en búsqueda activa de empleo.

Con semejantes ingresos, acceder a un alquiler convencional es imposible. En 2017, la empresa que había comprado su piso en subasta y el banco, al que seguía debiendo 100.000 euros, le ofrecieron una solución. A cambio de entregar el segundo piso (el de su hermano) se quedaría sin deuda y podría vivir en su casa como inquilina. Pero su alquiler bonificado, por el que paga 150 euros al mes, acaba el próximo junio y la empresa propietaria del inmueble le ha avisado de su intención de recuperarlo.

Alquileres bonificados

Para Riquelme ha empezado una delicada cuenta atrás. Anticipa, la gestora inmobiliaria del fondo Blackstone con la que firmó el contrato, le ha ofrecido entrar en un programa de inserción sociolaboral, cuenta la afectada, lo que no le garantiza poder quedarse en su piso más allá de junio. Fuentes de Anticipa confirman que estos procedimientos son habituales y que las situaciones de vulnerabilidad se estudian caso por caso. Para ello, añaden, se contacta con trabajadores sociales de la Administración.

Aunque es imposible saber cuántas personas se encuentran en posición similar a la de Riquelme, los alquileres bonificados se dieron con cierta frecuencia tras las compras masivas de ladrillo e hipotecas tóxicas por fondos y otros inversores. Pero fueron una solución temporal a la espera de una mejora del mercado o de ordenar esas carteras para poder rentabilizarlas. Solo Anticipa, que dedica un 70% de las 15.000 viviendas que controla al alquiler, admite tener alrededor de 1.300 alquileres bonificados y, por la época en que se firmaron, 2020 va a ser el año en que venzan muchos de ellos.

“Lo que estamos proponiendo hace tiempo es que estos alquileres que terminan y que no tienen otra alternativa se renueven, pero buscando una colaboración pública”, indican desde la compañía sin hacer alusión específica al caso de Riquelme. Pero también admiten que esa propuesta (que el inquilino siga pagando un alquiler social y el Ayuntamiento pague directamente otra parte) no ha cuajado todavía con ningún municipio y exige buscar fórmulas legales adecuadas.

La espera de soluciones por parte de la administración es un quebradero de cabeza para las empresas propietarias de vivienda, pero especialmente para los inquilinos en situación de vulnerabilidad. Riquelme, que forma parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha buscado ayuda en los servicios de vivienda del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. “Me han hecho contarles mi caso y una trabajadora social me dijo que igual me encontraban una solución de aquí a junio”, relata, “pero me da miedo que llegue la fecha y no tengan un solución”.

Pocas alternativas

Su temor, a juicio de Natalia Palomar, abogada de la asociación sin ánimo de lucro Provivienda, no es infundado. Pese a ser víctima de violencia de género y tener un hijo con dependencia, si Riquelme no puede acreditar que su situación económica ha empeorado en los últimos tiempos, explica la experta, no puede formar parte de la categoría de demandantes con emergencia social ante la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. “Entraría en el cupo de especial necesidad, pero esa lista avanza muy poco”, describe la abogada. En cuanto a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) “uno de los grupos que contempla sí es el de víctimas de violencia de género, pero la convocatoria para asignar las plazas te tiene que cuadrar con el momento en que pierdes tu vivienda”.

El problema de base, concluyen la mayoría de quienes han estudiado la problemática de la vivienda social en España, es el escaso parque que hay para hacer frente a estas situaciones. De 2016 a 2018, la EMVS realojó a 57 familias desahuciadas frente a una lista de espera de casi 400, según datos que El Mundo obtuvo el pasado agosto en virtud de la Ley de Transparencia. En un periodo que comprende tres meses más, hasta marzo de este año, la AVS hizo lo mismo con 53 familias de toda la Comunidad de Madrid. Pero no es solo un problema de la capital y su región. España tiene un parque de alquiler público estimado en el 2% del total, uno de los más bajos de Europa, y la construcción de esta tipología de vivienda apenas ha despegado tras hundirse con la crisis. Frente a las 68.587 viviendas protegidas construidas en España en 2008, el año pasado la cifra fue de 5.191. Solo 344 tenían como finalidad el arrendamiento, según datos del Ministerio de Fomento.

“El hecho de haber promovido mucha vivienda protegida en venta ha hecho que esa vivienda se haya descalificado y se pueda vender en el mercado privado”, destaca Juan Francisco Fernández, investigador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y autor de un estudio comparado sobre vivienda social en España y los Países Bajos. “Como el parque en España es tan ínfimo y por desgracia las situaciones de emergencia en los últimos años han sido muchas, no da para satisfacer esas situaciones”, describe.

Pero el experto cree que mientras se construyen las viviendas necesarias, algo que lleva años, hay otras soluciones. “Se puede reflotar promociones que no se han culminado o recuperar viviendas vacías; igual eso que no es vivienda social en sí, se puede rescatar con ayudas públicas a cambio de gestionarlo un tiempo como vivienda social”, señala. En Provivienda apoyan fórmulas similares, pero añaden otras como la necesidad de aplicar un criterio de “proporcionalidad” ante estas situaciones. “No es lo mismo que una familia pueda verse en la calle que una empresa no pueda disponer de una vivienda”, explica Palomar. Para la abogada, la raíz del problema es mucho más profunda: “La vivienda en nuestra legislación nunca se ha considerado un derecho humano”.