Cataluña lo vuelve a intentar con las renovables

En la Generalitat cruzan los dedos. Solo el 8,5% de la energía consumida en la comunidad autónoma procedía en 2017 (último dato disponible) de fuentes renovables, un porcentaje que representa menos de la mitad del objetivo del Govern para 2020. Los productores de energía eólica repiten lo mismo desde hace años: tras ser pionera en este ámbito, Cataluña se ha quedado atrás y no ha estrenado ni un solo nuevo parque eólico desde 2012 y solar desde 2013. Hoy es la séptima comunidad por volumen de potencia instalada de molinos de viento y la sexta por plantas solares. “Tenemos un trabajo hercúleo y tengo dudas de que el Parlament sepa lo que nos espera”, advierte Jaume Morrón, gerente de EolicCat, la patronal del sector, sobre el esfuerzo que se tendrá que hacer para resolver la situación.

La comunidad acumula años negros en plena crisis climática. Primero fueron los tribunales los que frenaron la implantación de parques eólicos y después llegó el fin de las primas. Pero los operadores se repetían en una queja: un decreto aprobado en 2009 que solo permitía la instalación de parques de más de 10 megavatios (MW) en unas pocas zonas. La semana pasada, el Ejecutivo catalán decidió asumir la petición y derogó la norma, dando la vuelta a aquel planteamiento: los parques eólicos se podrán implantar en todo el territorio con la excepción de determinadas zonas de protección. Tras perder 1.400 MW tramitados en los últimos años (ninguno se ha acabado creando), se abre un nuevo horizonte.

“Ese decreto era una barrera y lo primero que había que hacer era derogarlo”, asume Manel Torrent, director del Instituto Catalán de Energía (Icaen). Cree que el nuevo planteamiento de la Generalitat, que busca equipararse al resto de autonomías, cambiará la situación de plano: “Espero un boom de proyectos y eso puede ser un problema porque los proyectos se tienen que gestionar uno a uno. Ahora no nos podemos parar en la elaboración de proyectos”. Con la derogación del antiguo decreto, el Ejecutivo ha habilitado un procedimiento de tramitación más simple con el que prevé aprobarlos en un plazo de 13 meses. El Ejecutivo asegura que hay “inversores interesados”. De hecho, ya le han llegado dos proyectos para que les dé luz verde. La convalidación del decreto en el Parlament está prevista para mañana.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) defiende también el nuevo modelo que asume la Generalitat. Su presidente, Jon Macías, defiende que “había más trabas que facilidades” y que espera que ahora se acabe “con las barreras administrativas y las limitaciones de implantación territorial y que se simplifiquen los procedimientos que tendrán que seguir las empresas”, así como que se impulse la autoproducción. Además de derogar el mapa eólico, el Gobierno catalán ha introducido cambios para impulsar la implantación de plantas: las instalaciones fotovoltaicas podrán superar las seis hectáreas y se facilitará su puesta en marcha en aparcamientos.

El Ejecutivo cree plausible la posibilidad de desplegar 36.000 MW de eólica y 12.000 MW de fotovoltaica en 2050. “Hay suficiente espacio para hacerlo. Otra cosa es que el territorio lo admita”, afirma Torrent en referencia a la oposición de plataformas locales a admitir la implantación de infraestructuras energéticas en sus zonas de influencia. El director del Icaen defiende que será necesario hacer una ardua tarea pedagógica para hacerlo. Y algunas voces avisan de que, si no ocurre eso, se tendrá que trinchar el territorio con líneas de alta tensión para traer la energía de otras partes.

Pimec avisa de que la comunidad se enfrenta al reto de emitir menos al mismo tiempo que asume mayor demanda energética para, por ejemplo, alimentar los 1,2 millones de coches eléctricos que se prevén en 2030. Esa es una etapa intermedia, para cuando se prevé reducir la polución por gases de efecto invernadero un 40% y conseguir un 50% de electricidad verde. Hoy, el 46% de la energía consumida llega del petróleo.