La guerra de las cabinas telefónicas: el Gobierno las protegió y la CNMC sugiere que se eliminen
Competencia vuelve a repetir que se trata de un servicio "en declive y de baja rentabilidad"
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reitera su posición sobre las cabinas telefónicas: en un informe publicado este jueves vuelve a aconsejar que se revise la obligación de mantenerlas dentro del servicio universal —los servicios mínimos garantizados por el Estado a todos los usuarios—. En otras palabras, sugiere que las cabinas finalmente desaparezcan, como ya hicieron las guías telefónicas y el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, y como ya recomendó en 2016. El Gobierno, sin embargo, antes les concedió una prórroga hasta 2019, y después decidió atrasar la decisión sobre su destino hasta que se trasponga el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, un trámite por el que todavía falta más de un año.
A finales de 2018 había cerca de 15.000 cabinas telefónicas en España. La CNMC detalla que los ingresos procedentes de este servicio, "en declive y de baja rentabilidad", han sufrido una "clara disminución". Al punto que desde 2013 el margen del servicio es negativo y sus costes, "si bien se han reducido, no lo han hecho en la misma cuantía que los ingresos", reza la nota publicada este jueves.
El organismo señala que el coste neto del servicio universal de las cabinas ha aumentado con fuerza, de los 2,7 millones de 2015 a los 4,5 millones en 2016, a diferencia de los otros componentes de este servicio que se han movido en la dirección opuesta. "Los incrementos de coste neto observados en 2015 y 2016 se deben, por una parte, a la reducción general de márgenes, por el menor tráfico cursado, lo que indica la baja rentabilidad del servicio". Su escaso uso también lo reflejar la falta de iniciativa privadas en este segmento y la elevada penetración de la telefonía móvil, que a finales de 2017 alcanzaba el 112,9%, es decir que había más líneas móviles que habitantes.
Telefónica mantiene el servicio de las cabinas que aún quedan en funcionamiento, y ha ido desinstalando las unidades "excedentarias", es decir aquellas que superan el mínimo que requiere la regulación, tal y como señala el informe realizado por la CNMC a petición de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD). Este estudio, que analiza también el servicio de conexión y el servicio telefónico básico, identifica los casos en que estas prestaciones podrían no quedar aseguradas mediante el libre mercado y es un paso previo a la licitación que debe realizar la SEAD de cara a la prestación del servicio universal a partir del 1 de enero de 2020.
Tendencia europea
La CNMC tiene la tarea de preparar un informe para el Ministerio de Industria para identificar si hay zonas y elementos del servicio universal donde la prestación no pueda ser garantizada por el libre mercado. El supervisor, en el análisis de este jueves, estima que para los servicios de conexión y el servicio telefónico disponible al público no se puede excluir ninguna zona geográfica de la prestación de servicio universal, porque aunque la cobertura es elevada, no está garantizada en todo el territorio. Por ello, aconseja que se mantengan como componentes del servicio universal.
En el caso de las cabinas, el veredicto es opuesto y la razón está clara: casi nadie las usa. "No es posible identificar zonas geográficas donde la iniciativa privada asegure por sí sola la prestación del servicio de universal de cabinas", dice la nota publicada por la Competencia, "no obstante, ante la drástica disminución de la demanda de ese servicio y el incremento en los costes de su prestación, la CNMC sugiere al Ministerio que evalúe la conveniencia de mantener la prestación de este servicio como componente del servicio universal".
La tendencia es europea. Otros países, como Francia, Bélgica, Dinamarca y Estonia ya han eliminado el elemento del servicio universal de las cabinas, que tampoco está incluido en la regulación del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Según el último informe europeo comparativo, de 2014, en España el uso de este servicio era entonces del 12%.
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