Competencia carga contra el Gobierno por traspasar la normativa de los VTC a las comunidades

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado este jueves un informe muy crítico sobre el real decreto ley del Ministerio de Fomento del pasado septiembre por el que se transfiere a las comunidades y los ayuntamientos la competencia sobre la regulación de los vehículos de transporte concertado (VTC). Según el supervisor, esa regulación contiene restricciones que "perjudican innecesariamente" a los usuarios finales, "al limitar artificialmente el número de taxis y VTC y la capacidad de ambos para mejorar y desarrollar nuevos servicios en beneficio de los ciudadanos", lo que se traducirá previsiblemente "en mayores precios, mayores tiempos de espera y menor calidad" de ambos servicios. 

El supervisor entiende que la imposición en dicha norma de que los VTC actuales necesiten una segunda licencia para que puedan ofrecer recorridos urbanos acabará aumentando la segmentación del mercado por comunidades autónomas, a medida que estas vayan legislando una vez que venza el periodo transitorio previsto de cuatro años durante el cual pueden seguir operando con la actual licencia nacional.

Unas restricciones que, según este organismo, “no han sido convenientemente justificadas desde la óptica de los principios de necesidad y proporcionalidad, dentro de los cuales no pueden incluirse motivaciones de tipo económico”.

En esta ocasión, la entidad supervisora no anuncia un recurso ante los tribunales a diferencia de lo ocurrido con anteriores decretos de Fomento que fueron recurridos ante el Tribunal Supremo, como el del pasado mes de mayo que regulaba este sector. No obstante, la CNMC advierte de que el real decreto ley, en vigor desde finales de septiembre y convalidado en el Congreso en octubre, puede todavía modificarse, ya que se está tramitando como proyecto de ley en la Cámara baja.

Enfoque global

El organismo dirigido por José María Marín Quemada recomienda adoptar un “enfoque global” de la actividad de transporte en vehículos de turismo en general, para que la regulación que afecta tanto a taxis como a VTC respete los principios de buena regulación económica.

En su informe efectúa una serie de recomendaciones concretas, dirigidas tanto a las Cámaras legislativas como a comunidades autónomas y entidades locales, para mitigar el potencial impacto negativo sobre la competencia del decreto ley de septiembre.

Unas recomendaciones que se quedarán en papel mojado si las comunidades autónomas, bajo la presión en las calles de los taxistas, siguen la senda de la Generalitat de Catalunya, que ha anunciando una normativa que impone normas tan restrictivas como la precontratación con al menos 15 minutos de antelación de los servicios de Uber y Cabify, lo que, en la práctica, supone sacar del mercado a estos vehículos.

Entre las medidas propuestas por la CNMC figura la de que las autonomías desarrollen una normativa que permita que se sigan prestando servicios VTC urbanos en el futuro y evitar “discriminaciones injustificadas entre taxis y VTC en materia de contratación, horarios y calendario, características de los vehículos, circulación y estacionamiento” Es decir, justo en la línea contraria a la de la legislación que prepara Cataluña.

Se necesitan más licencias de taxi

El supervisor también sugiere flexibilizar la regulación del taxi y eliminar las restricciones que le impiden mejorar la calidad del servicio, así como revisar el número de licencias tanto de taxis como de VTC y permitir que los VTC puedan prestar su servicio más allá de su comunidad autónoma en el futuro.

La CNMC también sostiene que es “poco coherente” que el número de licencias de taxis no solo no haya aumentado, sino que se ha reducido en los últimos 25 años en España pese al aumento de la población, la renta o el turismo.

Entretanto, Fomento se sigue lavando las manos en el conflicto tras haberse quitado de encima el problema con el decreto. El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, se limitó ayer a lamentar que el presidente del Gobierno madrileño, Ángel Garrido, haya estado cuatro meses sin ocuparse de la regulación de las licencias VTC, lo que ha motivado el nuevo conflicto con el taxi, según sus palabras.