Los promotores polemizan con el Gobierno por la política de alquiler

La política de vivienda ha traído a los sucesivos gobiernos por la calle de la amargura, sobre todo desde que se dispararon los precios en las últimas dos décadas. Es uno de los caballos de batalla de todas las legislaturas y, siempre que hay cambio en La Moncloa, se convierte en frente de actuación urgente. Zapatero recuperó el Ministerio de Vivienda, que había desaparecido en la democracia. Con Rajoy volvió a englobarse en Fomento y con Sánchez, el ministro del ramo, José Luis Ábalos, se comprometió a sacar adelante una ley estatal de vivienda y a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para garantizar el acceso a la vivienda de alquiler que no logró el Gobierno del PP.

El Consejo de Ministros del viernes plasmó el esfuerzo del Ejecutivo por plantar cara a esa situación con aumento de los contratos de tres a cinco años y las prórrogas hasta tres, así como el aumento de las garantías. En teoría unas medidas que facilitan el acceso al alquiler, que en la etapa anterior no remontó; pero que a juicio de los promotores e inmobiliarias hacen que el mercado español se convierta en el más restrictivo de Europa en materia de alquiler y pueden llevar a una situación tan radical como que “el alquiler se convierta en un producto de ahorro del que hay que huir en lugar de acudir”, según Javier Rodríguez Heredia, presidente de las Comisiones de Arrendamiento Residencial de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) y de la Asociación de Promotoras Constructoras de España (APCE).

Estas asociaciones han tratado de presionar al Gobierno con el objetivo de que se aproxime la cuota de alquiler española a la media europea. En ese sentido, el 21 de noviembre las citadas asociaciones, que representan a más del 80% del sector y a las principales inmobiliarias, solicitaron una reunión con Ábalos y la ministra de Economía, Nadia Calviño, que no ha recibido respuesta y se sienten ninguneadas. Previamente, se habían reunido el 12 de ese mes con la secretaria de Vivienda, Helena Beunza, y, tres días después, con el director general de Política Económica, Luis Martí. Como existían variables de componente político que no pudieron resolver, pidieron verse con los ministros.

Las patronales se sienten ninguneadas por no haber sido recibidas por Ábalos y Calvillo

Las asociaciones aportan datos. El alquiler se ha convertido en la solución de acceso a la vivienda para el 75% de los jóvenes españoles menores de 29 años y para el 36% de 30 a 44 años. El 96% de la oferta de alquiler está en manos de pequeños ahorradores (vivienda libre); el 1,5% es pública (vivienda social), y el 2,5% es de inversores institucionales. El 1,5% de la vivienda social contrasta con el 30% de Holanda, el 24% de Austria o el 18% de Francia, Suecia o Reino Unido y solo están por debajo Letonia (0,4%), Chipre y Grecia (0%). Según sus datos, el stock de vivienda  de alquiler es del 21,5% frente al 30,6 de la Ue y del 33,5% de la zona euro.

Aunque España ha duplicado el parque de alquiler en los últimos 15 años, está lejos de la media europea. Según el estudio El Parque Público y Protegido de Viviendas en España de la Fundación Alternativas, elaborado por Carme Trilla y Jordi Bosch, hacen falta más de dos millones de viviendas sociales y asequibles hasta 2030 para alcanzar esa media. Para lograrlo, el sector pide que se fomente una colaboración pública-privada estable para financiar la construcción de vivienda social, cuya inversión se estima en 300.000 millones en los próximos 12 años, en torno a un 30% del PIB hasta el 2030 o un 2,5% por año, una cantidad que la Administración no puede costear por sí sola.

Además de fomentar la colaboración pública-privada y movilizar los metros cuadrados de suelo en manos públicas, proponen establecer regulaciones que hagan más atractiva la fabricación de vivienda en alquiler a precios asequibles para que no se dedique toda a venta y favorecer la creación de suelo finalista y establecer plazos tasados para la aprobación de las licencias de edificación. “Hace falta una voluntad política real de los distintos gobiernos y administraciones, y eliminar la cosmética con fines electoralistas que pretende distraer, tapar y trasladar la responsabilidad pública en vivienda social atacando a los inversores institucionales”, añade.

El sector plantea la colaboración pública-privada para financiar la vivienda social

Según Heredia, en los últimos 10 años los gobiernos en España han dedicado entre 20 y 60 veces menos a política social de vivienda que los países vecinos europeos. En 2017, se dedicó un 0,11% de los Presupuestos del Estado, 7,5 veces menos de lo que se dedicaba en el boom, y eso representa 0,05% del PIB. “Además, los millones de metros cuadrados de suelo que han recibido en cesión en los procesos de recalificación, en vez de dedicarlos a construir vivienda pública y asequible, o los tienen parados o los han vendido al mercado libre, y los recursos obtenidos los han sustraído para otros fines.