La proclama del profesor Quintás sobre la extinción de las cajas

La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras acaba de publicar con acertada puntualidad y se supone que no por casualidad, a la vista de las conclusiones de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera, el trabajo Cajas de Ahorros españolas. Crónica de una muerte súbita de Juan Ramón Quintás Seoane, académico correspondiente para Galicia de la institución. El informe del que fuera presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) entre 2002 y 2010 y director general los ocho años anteriores disecciona la evolución del sector, sobre todo durante la crisis, y el “cambio de paradigma” que supuso la rápida desaparición las entidades después de casi dos siglos de historia.

El catedrático gallego, no contento con la repercusión que tuvo su intervención en la citada comisión en octubre de 2017 en la que no dejó títere con cabeza, vuelve a lanzar mandadobles a diestro y siniestro: desde las malas prácticas de las cajas hasta los problemas de gobernanza, pasando por las responsabilidades de los Gobiernos (central y autonómicos) y del Banco de España.

Para Quintás hay una causa remota en la aparición de la crisis de las cajas (“la inoculación de la politización mediante la LORCA [Ley de los Órganos Rectores de las Cajas Ahorros], la colonización de las cajas por los políticos se desarrolla rápidamente desde entonces, gracias a la elaboración por las comunidades autónomas de los estatutos de autonomía”) y una causa próxima (“las malas prácticas de gobierno corporativo de muchas cajas, derivadas en buena parte de aquella colonización política y estimuladas no pocas veces por el notable activismo de promotores inmobiliarios y otros emprendedores regionales”).

“La reforma es un caso de arbitrariedad en el que se usaron las malas prácticas como pretexto”

Luego sitúa en el centro de las culpas, como “cooperadores necesarios” de las gestación y evolución de la crisis, a los reguladores y supervisores de los sucesivos gobiernos de España y de las comunidades autónomas, “merced a las malas prácticas, errores de estrategia y, muy especialmente, en razón de sus letales retrasos en la aplicación de las adecuadas medidas correctoras que permitiesen la supervivencia del sector”. En algunos casos, “hechos declarados delictivos por los tribunales que, lamentablemente, se han observado a lo largo de los últimos años en las conductas de cajas, reguladores y supervisores”. Y, como coadyuvante, “una crisis económica global de duración, evolución e intensidad excepcionales que actuó como detonante y catalizador de todo el proceso”.

Alrededor de todo esto bascula un alegato del que salva a muy pocos. Quintás, que se fue con mal cuerpo de la CECA porque no se mostraba muy conforme con lo que se cocía dentro y fuera de la institución, sangra por la herida. Para él, las políticas sobre el sector emprendidas por los gobiernos autonómicos y el propio Gobierno central no ayudaron al sector ni apostaron firmemente por su continuidad apelando a menudo y a veces de forma gratuita a directrices europeas.

“Tampoco estuvo diligente el Gobierno en la interacción con el Banco de España en cuanto al diseño y aplicación de medidas adecuadas para prevenir los riesgos de insolvencia que amenazaban al sector”, dice el profesor, que añade que “prueba de ello fue su total desconsideración del alarmante contenido de la célebre carta que en mayo de 2006 dirigieron los inspectores del Banco de España al ministro de Economía.

“Los Gobiernos autonómicos empujaron a condonar préstamos a los partidos políticos”

A su juicio, “la reforma española es un claro caso de arbitrariedad, en el que las malas prácticas de los administradores se aprovechan como pretexto para extinguir a efectos prácticos la Institución, afectando a todo el sector, en lugar de sancionar a los responsables y reformar la regulación para eliminar los problemas de gobernanza que estimularon o hicieron posible aquellas malas prácticas”. “Los que ha emergido de la crisis es un sistema financiero peor que aquel con el que comenzamos”, mantiene.

Según Quintás, la politización provocó la captura de las cajas. “Los poderes públicos regionales con frecuencia eligieron sus representantes en los órganos de gobierno y control atendiendo más a criterios de afinidad política que a los de competencia para el cargo, aunque es bien cierto que no pocas veces el elegido demostró poseer también las dotes de profesionalidad adecuadas”. “Fue frecuente que los Gobiernos autonómicos trataran de influir y orientar las decisiones a funciones que las cajas no estaban preparadas, como actuar como bancos públicos, y las empujaron a condonar préstamos concedidos a partidos políticos. Los consejos ignoraban el riesgo al que se enfrentaban como concesión de créditos sin garantías suficientes”, remata.