Bruselas pone límites a la exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo

Los ministros de la UE, representados por la presidencia austriaca, y el Parlamento Europeo alcanzaron ayer el consenso necesario para poder avanzar en la lucha del llamado “cáncer profesional”, que la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales definió como “el asesino silencioso” en los puestos de trabajo en una entrevista con un grupo de medios europeos, entre ellos EL PAÍS. Con el pacto cerrado ayer por las tres instituciones se incorporarán ocho sustancias nocivas a la directiva sobre cancerígenos y mutágenos. Pero además, se modificará la legislación para introducir límites máximos de exposición en varios de estos casos.

La propuesta de la Comisión contemplaba ampliar ese listado en siete agentes —entre ellos, los aceites de motor usados y varios tipos de etilenos— nocivos para la salud. Se trata de sustancias que sobre todo inhalan, explicó Thyssen, empleados de las industrias metalúrgica, química, minera y automovilística, trabajadores de la construcción, conductores profesionales o empleados en puertos. “Estas medidas permitirán proteger mejor a 20 millones de empleados en Europa”.

La directiva, que fue redactada en 2004 pero que solo reconocía tres sustancias cancerígenas, fija que en el caso que haya una alternativa a esas sustancias, la empresa deberá recurrir a ella. Si no, deberá tomar medidas estrictas para limitar la exposición de sus empleados. Por ejemplo, si es “técnicamente posible” —en el caso del diésel, por ejemplo, no lo es— el trabajo deberá hacerse en un “sistema cerrado”. En caso contrario, el empresario deberá garantizar un nivel de exposición “tan bajo como sea posible”. Para no dejar esa cuestión en manos de las compañías, en la negociación entre las tres partes se introdujeron unos topes.

Las empresas, además, deberán adoptar un conjunto de medidas de información, control, higiene, inspecciones, revisiones médicas periódicas y consultas a sus trabajadores. “Ha sido complejo porque había que adecuar a la salud de los trabajadores la realidad con la que se enfrentan a diario las empresas”, afirmó el eurodiputado Claude Rolin —encargado de las negociaciones por parte del Parlamento Europeo— en la misma conversación. El acuerdo final que alcanzaron las tres instancias europeas debe ser validado por el Consejo y el Parlamento Europeo. Una vez sea publicado, entrará en vigor, pero los países miembros de la UE tendrán hasta dos años para adaptar sus normativas a ese contenido. Además, el pacto establece que los sectores económicos tendrán un periodo de gracia para amoldarse a los requerimientos. Este tiempo será, en general, de dos años, pero en el caso de la construcción y la minería llegará hasta cinco, según fuentes comunitarias.

La normativa de algunos países ya protege a sus trabajadores de esas sustancias. Pero con esta directiva, la Comisión también quiere evitar que las industrias más contaminantes y perjudiciales para la salud de los trabajadores acaben desplazándose a otros países con estándares más bajos. Es decir, que se produzca una deslocalización de las actividades que entrañan más riesgo de contraer cáncer por las sustancias a las que están expuestos sus empleados.

La Comisión Europea había elaborado un estudio sobre el impacto de la medida sin tener en cuenta los humos del diésel. Esta beneficiaba a unos ocho millones de trabajadores. En España, un millón de empleados estaban expuestos a estas sustancias, en especial a la metilendianilina, que se usa para la fabricación de espumas; al benzopireno, utilizado en pavimentos o aluminio, y los aceites de motor usados.

Las empresas deberán proteger del humo de los motores diésel

 La protección de los trabajadores de los humos de los motores diésel es una antigua reivindicación de los sindicatos. Esta misma semana las centrales UGT y CC OO en España, de hecho, instaron al Gobierno de Pedro Sánchez a apoyar su clasificación como sustancia cancerígena. Finalmente, ayer los países miembros de la UE, la Comisión y el Parlamento Europeo lograron incluir el diésel dentro de ese paquete de agentes contra los que deben estar protegidos los trabajadores. El eurodiputado Claude Rodin definió ese punto como el más complicado de la discusión entre las instituciones.

Sin embargo, los negociadores de la Eurocámara consiguieron arrancar ese compromiso a los Estados. Es más, lograron fijar un “valor límite” de “exposición profesional” de 0,05 miligramos por metro cúbico que deberán estar bajo control.

El diputado y vicepresidente de la Comisión de Empleo reclamó asimismo la “instauración de un mecanismo de revisión permanente” y se congratuló de que por fin la directiva recoja valores límite, puesto que sin esos topes los empleados europeos no están lo suficientemente protegidos contra esas sustancias.

La comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, explicó que de los 20 millones de ciudadanos beneficiados por la reforma de la directiva europea, 12 corresponden a los que están en peligro por la inhalación de humos de motores diésel.

Al no estar en la propuesta inicial de la Comisión, el ejecutivo comunitario no pudo dar cifras sobre los empleados que están expuestos al diésel. Aun así, según el proyecto CAREX, que se puso en marcha para conocer el alcance profesional del cáncer, en España había según sus últimas estimaciones alrededor de 580.000 empleados expuestos a estas emisiones. De este modo, el acuerdo protegerá a al menos 1,5 millones de empleados españoles.

El eurodiputado Rodin sostuvo que, antes de llegar a cerrar la propuesta, escuchó “tanto a patronales como sindicatos”. En ello coincidió también la comisaria Thyssen, quien dijo que Bruselas está en contacto “permanente con la comunidad científica” y con los agentes sociales. De hecho, la comisaria apostó por que esta directiva esté abierta a que se introduzcan más adelante nuevos agentes causantes de problemas de salud, en especial cáncer, a medida de que se vayan recibiendo las conclusiones de los expertos.