Hacia un pacto de Estado por el derecho a la vivienda digna

El mercado no garantiza a todos los españoles por igual el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna. La crisis económica mermó la capacidad de ahorro de las familias, pero el precio de la vivienda no ha parado de aumentar. El alquiler tampoco es una opción fácil. En muchas ciudades, los jóvenes apenas pueden alquilar una habitación. Y peor lo tienen los desahuciados, que perdieron su vivienda y el mercado les rechaza en la adquisición y en el alquiler.

Para colmo, todos estos años la política de vivienda ha brillado por su ausencia. El stock de vivienda de protección social en alquiler es de los más bajos de la Unión Europea, con un 2,5% del total del parque existente, cuando en la mayoría de esos países ronda el 10%. Solo un dato: en 2017 se entregaron en España 4.938 pisos de protección, la cifra más baja de toda la serie histórica. Para paliar esa situación, el nuevo Gobierno ha conformado un grupo de trabajo interministerial enfocado a resolver el problema con una política integral de vivienda que sea sistemática, coherente y sostenible. Las líneas de trabajo están definidas.

La primera es la creación de una estrategia en materia de vivienda de acuerdo con la Agenda 2030 y con la Agenda Urbana de Naciones Unidas. A ello le seguirá una Ley Estatal en materia de vivienda. El Estado no puede estar ausente en la protección de un derecho constitucional. El propio Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en ese sentido en varias sentencias.

La segunda línea de trabajo se centrará en incrementar la oferta disponible de vivienda de alquiler. Aquellos países donde el mercado de la vivienda pública tiene mayor peso, es más fácil ajustar los precios. Cuando el parque total de viviendas recae en la promoción privada son más frecuentes los desajustes de precios. Hay que modificar el actual Plan Estatal de Vivienda para incidir en la inversión sobre los parques públicos de viviendas. Dentro de esta estrategia se enmarca nuestro Plan 20.000 viviendas de alquiler asequible.

Hay que recuperar la función social de la vivienda, abandonada por el anterior Ejecutivo. Desde este Gobierno vamos a blindar su derecho a la ciudadanía e impedir que la vivienda sea un bien especulativo. Queremos dar a la provisión de vivienda un rango de servicio público. La regulación de patrimonios públicos de vivienda impedirá su enajenación a personas jurídicas con ánimo de lucro que no respeten esta función social.

Hay que diseñar un esquema más eficiente que estimule la oferta. Asimismo, es fundamental definir y precisar el stock de vivienda actual, con el objetivo de explotar todo su potencial para el alquiler de largo plazo. Pero primero se debe acotar muy bien el concepto de vivienda vacía y desocupada con carácter permanente, o el de arrendamiento de temporada y alquiler turístico. Las políticas de vivienda deben estimular la oferta con, por ejemplo, ayudas a la rehabilitación.

Otra línea de trabajo es dar certidumbre a los inquilinos. No hay nada más angustioso que ver que se acaba el contrato y no poder afrontar la subida del alquiler. La duración de los contratos, reducida a tres años con la reforma de la LAU en 2013, podría recuperar los cinco años, así como ampliar los plazos de la prórroga. También se deben limitar las exigencias de garantías sobre el arrendatario.

El problema de la vivienda en España es transversal y afecta a las capas medias y trabajadoras. Dentro del Plan Estatal de Vivienda se revisarían los programas de subvenciones, con especial atención a los jóvenes. Respecto a los desahucios, además de trasponer la directiva relacionada con el crédito hipotecario para lograr un equilibrio entre el ciudadano hipotecado y los bancos, hay que humanizar este drama reforzando la coordinación entre los órganos judiciales y la política social.

Con el concurso de todas estas estrategias lograremos equilibrar el mercado de alquiler y contener la tendencia al alza de los precios. Una ambiciosa política de vivienda nos alejará de esas burbujas inmobiliarias que tanto daño hicieron a la economía y que tanto sufrimiento provocaron. Para ello, necesitamos la participación de todos los actores implicados y de todos los grupos políticos para avanzar hacia un pacto de Estado por la vivienda en España. Está en nuestras manos revertir la situación y proteger para todos por igual nuestro derecho a vivir dignamente.

José Luis Ábalos Meco es ministro de Fomento