Los sindicatos y la patronal piden a la Admnistración que tenga presente el pacto salarial en los concursos

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva. En él se recoge la recomendación de los sindicatos CC OO y UGT y de las patronales CEOE y Cepyme de que los sueldos en convenio suban cada año un 2% más otro punto porcentual variable en función de criterios como la productividad o el absentismo injustificado. El pacto, que es extiende de 2018 a 2020, también pide que se suban los sueldos más bajos hasta un mínimo de 1.000 euros mensuales o 14.000 euros al año.

En este punto, el texto insta a "las administraciones públicas a que tengan en cuenta los criterios aquí enunciados" en las contrataciones públicas. Desde ambas partes, ya se había advertido de que uno de los obstáculos con los que se podía encontrar este punto del acuerdo estaba en las subcontrataciones del sector público. En muchos casos, estas se hacen sobre actividades que utilizan mucha mano de obra y pagan sueldos bajos (limpieza, vigilancia) y que los concursos en los que el criterio de la oferta más barata tuviera mucho peso o la rigidez en el coste de los contratos ya concedidos puede acarrear dificultades en la traslación de este acuerdo.

El texto publicado en el BOE vuelve a dar al IV AENC "carácter obligacional". Esta es una expresión jurídica que quiere decir que los firmantes se comprometen a instar a los negociadores de los convenios a llevar estos criterios a las mesas de diálogo, pero, a pesar de la literalidad de la expresión, no les obliga. Para que esto fuera así, el acuerdo debería tener carácter normativo, siguiendo siempre la terminología jurídica, y no es el caso.

Además de estos puntos, el pacto salarial contempla la regulación de un consejo de regulación de la negociación colectiva que "desarrolle funciones de observatorio y de formación de negociadores, entre otras".

Los agentes sociales firmaron el pasado 5 de julio el acuerdo oficialmente tras meses de negociaciones y días después lo presentaron en La Moncloa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Allí le pidieron que negocie con ellos para desarrollar los puntos del anexo del acuerdo que requiere cambios normativos.

En estos puntos hay cambios en la regulación de la subcontratación, no solo en el sector público, para asegurar que en los procesos de externalización no se deterioran las condiciones de trabajo. También se habla de impulsar el contrato de relevo, un tipo de contrato que permite la sustitución bonificada de trabajadores cerca de la jubilación que se retiran parcialmente por jóvenes, o volver a permitir que los convenios permitan el despido de un trabajador cuando este ha llegado a la edad de jubilación ordinaria y tenga derecho al 100% de la pensión.

También reclama el texto abrir negociaciones para pactar medidas que impulsen la igualdad de hombres y mujeres en el mercado laboral, para cambiar la regulación de la formación ocupaciones, apenas tres años después de la última reforma, o para potenciar las reducciones de jornada o suspensiones de contratos en las empresas durante las épocas de crisis en detrimento de los despidos.