Macron lanza la primera ola de privatizaciones en diez años en Francia

El ritmo para transformar la economía francesa es incesante desde que hace un año Emmanuel Macron llegó a la presidencia. Ahora, recién aprobada la reforma de la compañía de ferrocarriles SNCF, es el turno de las privatizaciones, las mayores en una década. No de la SNCF, que seguirá siendo pública, sino de otras tres empresas que, cada una en su campo, son de gran valor. La primera es Aéroports de Paris (AdP), que incluye los aeropuertos de la capital, Charles de Gaulle y Orly. Las otras son las loterías y apuestas de Française des Jeux (FdJ), y la gasista Engie.

Las privatizaciones corresponden a la idea de Macron de promover lo que llama un Estado estratega, más que propietario o gestor. El objetivo es usar los ingresos por las ventas de las acciones en AdP, FdJ y Engie para alimentar un fondo de 10.000 millones de euros para la innovación, y para reducir la deuda pública, que se acerca al 100% de su producto interior bruto.

El plan de privatizaciones se incluye en la ley Pacte (pacto en francés, y a la vez acrónimo de plan de acción para el crecimiento y la transformación de las empresas), que el Consejo de Ministros aprobó este lunes. El Gobierno francés calcula que el Parlamento haya aprobado la ley entre finales de 2018 y principios de 2019. "El Estado no tiene ninguna vocación por dirigir empresas competitivas en el lugar de unos accionistas que tienen las competencias y el saber para hacerlo mejor", dijo la semana pasada el diario Les Échos el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire.

El anuncio de las privatizaciones llega en un momento delicado para Macron, que ganó las elecciones presentándose como un político de nuevo cuño, ni de izquierdas ni de derechas, pero que hoy se ve acusado por sus aliados progresistas de escorarse demasiado a la derecha. También afronta la caricatura de ser el presidente de los ricos, imagen que, en un país donde muchos desconfían del capitalismo de accionistas al estilo anglosajón, puede reforzarse con la venta de algunas "joyas de la corona" del Estado.

El proceso de privatizaciones ha recibido críticas en la izquierda alternativa y el Partido Socialista, y también en la extrema derecha. "Aeropuertos de París es la primera frontera de Francia, el lugar donde transita el mayor número de extranjeros que llega a nuestros país", dijo el domingo Marine Le Pen, presidenta del Reagrupamiento Nacional (ex Frente Nacional). "Privatizaremos nuestra primera frontera. Qué locura".

Las privatizaciones son una cuestión sensible en Francia, casi un tabú, aunque desde los años ochenta Gobiernos de todo color se han desecho de activos estatales, y previsiblemente la de Macron no será la mayor. El Gobierno que más privatizó en las décadas recientes fue el del socialista Lionel Jospin, entre 1997 y 2002.

El número de sociedades controladas mayoritariamente por el Estado se ha dividido en dos en los últimos treinta años, según un informe del Tribunal de Cuentas de 2017. En este periodo ha caído el número de empleados. "Desde hace diez años", se lee en el informe, "los efectivos de las empresas controladas mayoritariamente por el Estado se han mantenido estables, especialmente en ausencia de nuevas operaciones significativas de privatización".

El Estado francés posee hoy un 50,6% de acciones de AdP, 72% de FdJ y cerca de un 24,1% en Engie, aunque controla más de un tercio de derecho de voto en esta empresa, nacida de la fusión de Gaz de France y Suez. En el caso de AdP y FdJ se trata, para el Estado, de dejar de ser el accionista mayoritario. En un comunicado, el Consejo de Ministros señaló que la ley prevé un "marco regulatorio" para AdP y FdJ. El Gobierno quiere evitar que se repitan las subidas de los peajes que ocurrieron tras la privatización de las autopistas.

Las participaciones del Estado en estas empresas representan, según el ministro Le Maire, 15.000 millones de euros que, asegura, "hoy están inmovilizados y no permiten invertir en [el] futuro [de Francia]".

Un 10% de asalariados franceses —2,6 millones de personas— trabaja hoy en empresas que tienen alguna participación del Estado, según el Tribunal de Cuentas. La cifra sitúa a Francia entre los cuatro países de la OCDE con una mayor proporción de asalariados en empresas públicas o semipúblicas. Los otros son Eslovenia, Finlandia y Noruega.

"La mirada que en Francia se proyecta sobre el sector pública está íntimamente ligada a la historia política y social", se lee en el informe del Tribunal de Cuentas.

No hace falta, para entender las particularidades del capitalismo francés, remontarse al colbertismo, la doctrina fundacional del ministro de Finanzas de Luis XIV. El origen inmediato del control público de empresas clave data del final de la Segunda Guerra Mundial. cuando la alianza del general Charles De Gaulle y el Partido Comunista lanza un plan masivo de nacionalizaciones, base de la economía centralizada y planificada de los Treinta Gloriosos, la última era de prosperidad compartida y prolongada en Francia. El preámbulo de la Constitución de 1946 decía: "Todo bien, toda empresa, cuya explotación adquiera los caracteres de un servicio público nacional o de un monopolio de hecho, debe convertirse en propiedad de la colectividad".

La de la posguerra supuso la segunda ola de nacionalizaciones del siglo XX. La primera había sido antes, en 1936, con el Frente Popular. La tercera llegaría en 1982, cuando el socialista François Mitterrand en el Palacio del Elíseo y nacionalizó decenas de empresas, entre ellas 39 bancos. Cuatro años después, cuando la derecha neogaullista alcanzó el poder con el primer ministro Jacques Chirac, llegó la primera gran ola privatizadora. Simbólicamente incluyó a Saint-Gobain, la constructora nacionalizada en 1982 y fundada en 1665 por el propio Jean-Baptiste Colbert.