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Los jueces admiten a trámite demandas de concurso necesario de dos filiales de Abengoa

La petición de los bonistas que no suscribieron el acuerdo de refinanciación afecta a las empresas Abetel y ASA Desulfuración

Sede central de Abengoa en Palmas Altas, Sevilla.
Sede central de Abengoa en Palmas Altas, Sevilla.

Dos nuevos frentes abiertos en Abengoa. Por un lado, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla ha admitido a trámite la solicitud de concurso necesario de Abentel, filial del grupo, impulsada por los bonistas. Por otro, el Juzgado número 1 de Bilbao ha hecho lo propio con la filial Asa Desulfuración. Ambas decisiones provienen de las acciones emprendidas por los bonistas a los que el juzgado sevillano excluyó del acuerdo de refinanciación ante la negativa de Abengoa de afrontar el pago de sus créditos.

El 25 de septiembre pasado el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla estimó la impugnación de los bonistas que consideraban excesiva la quita del 97% de la deuda recogida en el acuerdo de refinanciación. El juez dicidió que el acuerdo no se extendiera a los bonistas porque el esfuerzo es desproporcionado. Posteriormente, a instancia de la propia Abengoa, el Juzgado reiteró que los bonistas impugnantes conservaban sus créditos “incólumes” frente a la empresa.

Ante la pasividad de la compañía, los bonistas se vieron obligados a requerir al pago, a ejecutar sus bonos y a solicitar el concurso necesario de Abengoa y sus filiales. Este grupo de bonistas alcanzanla treintena y reclaman 10 millones. Además, existen otras grandes entidades, cuya reclamación llega a 116 millones, según fuentes jurídicas de su entorno.

En ese sentido, los jueces de Sevilla y Bilbao han admitido a trámite la solicitud de concurso necesario de dos de esas filiales: Abentel Telecomunicaciones y ASA Desulfuración. Abentel firmó en julio de 2016 con la sueca Ericsson un acuerdo de transferencia de actividades, consistente en el diseño, por un importe equivalente cinco veces su ebitda, lo que situaría el precio en torno de los 30 millones. Abengoa empleó ese dinero en necesidades del grupo definidas en su plan de viabilidad, sin dar prioridad al pago de sus acreedores que ahora le instan el concurso por impago. En la actualidad, Abentel se encuentra sin actividad.

ASA Desulfuración, por su parte, es una de las sociedades del grupo a las que la sentencia de septiembre de 2017 calificaba de inviables. Al igual que Abentel, ASA carece de actividad. Su único patrimonio, según datos previos al acuerdo de refinanciación, lo constituía un crédito de más de 30 millones contra Abengoa. Como consecuencia del acuerdo de refinanciación, el crédito quedó afectado con una quita del 97%. El 3% restante se habrá de pagar en 2027, según el acuerdo. En la práctica, liquidaba la compañía.

Según fuentes jurídicas, en uno y otro caso los acreedores podrían pedir responsabilidad a los consejeros que en su día dispusieron del producto de la compraventa sin tener en cuenta los propios pasivos de Abentel o que condonaron los créditos de ASA. El impago podría sustentar una rescisión del propio acuerdo de refinanciación, que, si bien se encuentra blindado frente a la reintegración concursal, no lo estaría frente a las acciones rescisorias con ocasión del fraude de acreedores, las llamadas acciones “paulianas”.

Abengoa se mantiene en causa legal de disolución con el consiguiente riesgo del consejo. El pasado día 28 de febrero Abengoa presentó a la CNMV su informe financiero semestral al que titulaba “Abengoa consolida en 2017 su recuperación y mejora su rentabilidad”. Dicho informe refleja una pérdida de valor contable de la compañía de 500 millones de euros si se considera que el valor de su patrimonio neto es negativo por 2.407 millones.

El informe se hacía eco, asimismo, del pago de 52 millones de euros a los asesores relacionados con la reestructuración, una cifra que es más de cinco veces la cantidad adeudada a los bonistas. Si está situación no se remedia, la resistencia del consejo de Abengoa a cumplir la sentencia del juzgado de lo mercantil de Sevilla, podría acabar llevando a la compañía al concurso de acreedores.