Las eléctricas piden una reunión urgente con el ministro de Energía

La presidenta de la patronal eléctrica Unesa, Marina Serrano, ha pedido una reunión urgente al ministro de Energía, Álvaro Nadal, para profundizar en las medidas que anunció el miércoles en el Congreso de los Diputados y que afectan al sector. Esta reforma supone un recorte de 170 millones de euros en la retribución de las compañías distribuidoras, así como la asunción por parte de los grupos energéticos del coste del cierre de las centrales nucleares, que adelantó EL PAÍS el martes.

Nadal, que pidió el apoyo del resto de grupos parlamentarios a sus proyectos, ha incorporado unas enmiendas a la ley de medidas urgentes contra la sequía en su trámite en el Senado. Según el ministro, existe "un claro caso de sobreretribución" en los ingresos que reciben las eléctricas, algo que también ha denunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que se produzca una corrección.

El recorte se centraría, si prospera, en las cinco grandes eléctricas del país que están integradas en Unesa (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo, EDP y Endesa), que se verían afectadas por la intención ministerial de ajustar los costes del transporte y la distribución y el denominado "factor de retardo". Este factor consiste en que las compañías reciben la retribución con un retraso de dos años de media y a cambio tienen una compensación con un interés del 10%, que el departamento de Nadal considera muy alta. El ministro explicó en el Congreso que la retribución será revisada en 2020 para adaptarla a los costes financieros del mercado. 

Costes de desmantelamiento

En cuanto a las nucleares, el objetivo del ministerio es que sean las empresas que explotan las centrales las que asuman los costes de su desmantelamiento, lo que supone desincentivar la clausura, sobre las que no obstante no hay coincidencia entre las eléctricas. En la actualidad, el coste se asume por Enresa (empresa de residuos) mediante un fondo que ponen precisamente las eléctricas.

Si se amplía la vida de las centrales, como parece defender el ministerio, ese fondo estaría más dotado y las eléctricas tendrían que poner menos dinero en caso de que siga adelante el proyecto de Energía de que las empresas costean el cierre. Según el ministro, se trata de contribuir a rebajar los costes regulados el sistema eléctrico y abaratar el recibo de la luz, en el que dichos costes suponen en torno al 40% del total.