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OPINIÓN

Los activos improductivos de la banca, diez años después

Los activos improductivos de la banca, diez años después

Se ha celebrado recientemente en Fráncfort la Segunda Conferencia Anual de la “Junta Europea de Riesgo Sistémico” (ESRB), presidida por Mario Draghi, en la que he tenido ocasión de presentar una ponencia. Uno de los temas tratados, a bombo y platillo, ha sido cómo abordar el serio problema de los activos improductivos en la banca europea, que se elevan todavía a cerca de un billón de euros. Resumiré aquí una parte de su contenido y añadiré algo de pimienta al final.

Realmente, el hecho de que se aborde ahora este importante tema en Europa, con ímpetu renovado y al más alto nivel, es una buena noticia.

Pero es también una mala noticia. Porque, después de diez años de crisis y de “ardor regulatorio”, los activos improductivos mantenidos en los balances de numerosos bancos europeos siguen suponiendo un fuerte problema para la estabilidad financiera. Pero la noticia es aún peor, porque -paradójicamente - el conjunto del sistema, sin objeción de los diferentes supervisores, declara niveles de solvencia altamente satisfactorios. No lo entiendo. Algo falla.

Recordemos que los activos improductivos contabilizados incluyen no sólo los créditos morosos, sino también los bienes adjudicados por impago de deudas.

De hecho, también son improductivos los abundantes activos dañados que no están contabilizados como tales, con frecuencia refinanciados. Como lo son también los fondos de comercio y los activos fiscales diferidos.

Y ¿por qué se mantienen en los balances los activos dañados susceptibles de liquidación? Probablemente, porque no están bien provisionados y su liquidación materializaría pérdidas no declaradas.

Y ¿por qué no están bien provisionados? Por una o varias causas: por la opacidad de algunos gestores y algunos auditores, porque la regulación es laxa y porque la supervisión es ineficaz. Sin olvidar, como trasfondo, que reconocer menos resultados o incluso arrojar pérdidas afecta a los dividendos, a los bonuses e incluso a la permanencia de los directivos en sus cargos.

Algo falla cuando el sistema en su conjunto declara niveles de solvencia altamente satisfactorios

El problema es serio. No sólo por su pecado de origen y su impacto de presente, sino porque sigue afectando continuadamente a la futura salud de los bancos. En efecto, los activos improductivos, como su mismo nombre indica, no producen. Pero los pasivos que los soportan sí que originan un coste y una salida de flujos de caja. Día tras día.

En este contexto, se tiene la impresión de que gobiernos y reguladores pueden estar sacrificando la transparencia, para mantener la tranquilidad del mercado, sin alterar una supuesta estabilidad del sistema financiero y de la economía. A veces, se dice incluso que hemos alcanzado una “beautiful normality”. Cuando la realidad de la situación no es ni “beautiful” ni “normal”.

De hecho, la supuesta estabilidad actual es muy vulnerable. Veamos. Las autoridades monetarias estimulan una situación de exceso de liquidez que emborrona el sentido del riesgo. Además, con ello se encarece artificialmente el precio de los activos y se generan burbujas, como puede ser la de la renta fija. Por otra parte, la desregulación que se anuncia en Estados Unidos podrá arrastrar a Europa en el mismo sentido, por razones de competencia. ¿No nos recuerda ésto a 2007? Por añadidura, como ya he dicho, el sistema mantiene ahora en sus balances un fuerte volumen de activos improductivos mal provisionados, que castigan la rentabilidad. Todo ello, en un contexto de bajos tipos de interés, que también dañan seriamente la rentabilidad. Obvio es decir que, además, el mundo sufre una inestabilidad geopolítica en frentes estratégicos clave, internacionales y nacionales.

Por todo ello, retrasar indefinidamente la transparencia por miedo a sus posibles consecuencias es muy arriesgado, porque puede acarrear peores consecuencias. E incluso propiciar una nueva crisis.

Por lo tanto, se impone una supervisión realista y no meramente formal o de procedimientos o conductas. Una supervisión que aplique el rigor en la valoración de activos y, por tanto, en sus exigencias de cobertura, que son las claves de una verdadera supervisión. ¿Cómo? Detectando las pérdidas esperadas mediante el ajuste del valor de los créditos a la capacidad de pago del deudor. Y ajustando los activos fijos a su valor de mercado. Por supuesto, actuando así sobre el legado acumulado de activos dañados. Pero también sobre los que vayan surgiendo en el futuro. Gradualmente, cuando aún es tiempo de aplicar medidas correctivas sin traumas. Entonces, la valoración de los activos improductivos de pasado y futuro será realista y propiciará su venta. Porque mercado siempre hay. También mejorará la capacidad de crédito con flujos de caja propios.

Para ello, es necesario que la supervisión se aplique mediante inspecciones caso a caso. Y no sea sustituida, sino sólo complementada, por otras herramientas que no cuantifican ni captan la realidad, como son los modelos y las pruebas de esfuerzo sobre hipotéticos escenarios de futuro. Mecanismos ambos basados en información proporcionada por los bancos, que, cuando tienen problemas, no son transparentes.

Mejorar las provisiones para estos activos acarrearía pérdidas y terminaría afectando a los bonus de muchos directivos

Puede argüirse que tal política podría hacer aflorar una situación patrimonial delicada en alguna entidad. Situación a la que los accionistas y los reguladores deberían hacer frente prontamente y con capital real. No sustituyendo la recapitalización por la mejora de la gobernanza o el llamado enfoque “de futuro” o “forward looking”, que no serviría de mucho a corto plazo. Porque los supervisores bancarios deben centrarse en el presente y actuar.

En otras palabras, pueden surgir nuevos casos de “resolución”, al aflorar súbitamente voluminosas pérdidas. Pérdidas que germinaron y crecieron gradualmente en el pasado, pero no fueron desveladas por los gestores ni por los supervisores, responsables éstos de la solvencia y estabilidad del sistema. Eso sí, la factura no la pagará el erario público, en aplicación del principio del “bail-in”, que evita el contagio de las crisis al fisco. Cabe pues preguntarse si, dada la falta de transparencia de los gestores, no corregida por los supervisores, resulta justo que, más allá del castigo a los accionistas, proporcional a las pérdidas, paguen la factura los acreedores, minoristas o institucionales, que no pudieron conocer la verdadera realidad. Por otra parte, está por ver cuál será la reacción del mercado de la deuda computable como capital, cuando se produzcan nuevos casos de “bail-in”, sin clara justificación.

Miremos hacia atrás. En la pasada crisis ¿cuáles fueron los supervisores más eficaces? Aquellos que abordaron la insolvencia de inmediato e inyectaron básicamente dinero público. El coste del tratamiento fue sensiblemente más bajo y fue recuperado en buena parte. Tanto por la vía directa, como por la vía del impuesto de sociedades de entidades que estuvieron enfermos y pasaron a ser rentables de verdad.

Probablemente debieran ser revisadas en Europa las actuales normas de reparto de cargas en la resolución de bancos y el propio mecanismo de resolución, todavía inmaduro. Entre otras cosas, porque este mecanismo, alimentado por una regulación confusa y una supervisión cuestionable, lleva a abordar los problemas tardíamente, y sólo cuando aflora una iliquidez incontenible.

Concluiría estas reflexiones recordando la famosa frase del General McArthur: “La causa de todas las derrotas puede resumirse en dos palabras: Demasiado Tarde”.

Aristóbulo de Juan fue director general del Banco de España.