Desde la cuna hasta la tumba: utopías olvidadas

El 55% de la población mundial (alrededor de 4.000 millones de personas) no tiene ningún tipo de protección social. A dos de cada tres niños (1.300 millones), la mayoría de ellos en África y Asia, les sucede lo mismo. Sólo el 22% de los parados tiene derecho al seguro de desempleo, y menos del 70% de las personas en edad de jubilación cobran una pensión pública, aunque la cantidad que percibe la mayor parte de ellas no les basta para salir de la pobreza.

Estas cifras se corresponden al Informe mundial sobre la protección social que acaba de hacer pública la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y sirven para hacer un balance de la situación del Estado de Bienestar que se creó, en casi todos sus contenidos, tras la Segunda Guerra Mundial. Conseguir la protección social del ser humano desde la cuna hasta la tumba, habitase en el lugar que habitase, ha sido hasta ahora la más hermosa utopía del progreso. Ese Estado del bienestar ha contemplado, fundamentalmente, los siguientes capítulos: educación, sanidad y pensiones públicas y universales, seguro de desempleo para el que se quedase sin trabajo, y más adelante, lo que se vino en llamar "el cuarto pilar del Estado del bienestar", que son las ayudas para los dependientes.

Además, en esta lista falta algo muy importante que conviene no olvidar en estos tiempos individualizados: el Derecho del Trabajo. Es decir, los convenios colectivos y la socialización de las condiciones de trabajo. Antes de su existencia, cada trabajador debía negociar de modo bilateral con su patrón, prácticamente siempre en una correlación de fuerzas de inferior a superior. Según la OIT, la protección social (en definitiva, la seguridad social) es un derecho humano definido como un conjunto de políticas y programas diseñados para reducir y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad en todo el ciclo de la vida.

En definitiva, se trataba de ser protegido socialmente de la mano invisible del mercado, por el hecho de ser ciudadano, no solo para serlo. La globalización ha establecido otras reglas del juego. La revolución conservadora, hegemónica desde los años ochenta del siglo pasado, ha significado un retroceso en la universalización y cuantía de ese Estado de Bienestar en muchas partes del mundo. Como se observa con los datos de la OIT, todavía queda mucho trecho por andar. Sólo el 45% de la población mundial se beneficia de al menos un capítulo de la protección social; 152 millones de parados no tienen ningún seguro vinculado con esa situación para sobrevivir, etcétera.

Cuando habla de las pensiones, la OIT hace una advertencia muy interesante: existe en todo el mundo una tendencia a revertir la privatización de las pensiones, ya que la política de sustituir una pensión pública por una privada no ha dado los resultados previstos en las décadas anteriores. Argentina, Bolivia, Hungría, Kazajistán o Polonia están restableciendo los sistemas públicos basados en la solidaridad intergeneracional.

La existencia de un Estado de Bienestar no distingue sólo a unos países de otros en cuanto a su generosidad con la protección de sus ciudadanos. No es sólo socialmente superior, sino también económicamente superior. Diversos estudios del resto de los organismos multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico,...) han demostrado que su existencia incrementa los ingresos de los hogares, impulsa la productividad y el desarrollo humano, aumenta la demanda interna, facilita la transformación estructural de la economía y promueve el trabajo decente. No son precisamente objetivos menores.