La CNMC recurre en el Supremo el decreto que limita la actividad de Uber y Cabify

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó ayer ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto 1057/2015, del 20 de noviembre, por el que se regularon los vehículos de alquiler con conductor (VTC), el sistema de licencias que se contratan a través de aplicaciones móviles como Cabify y Uber. En realidad se trata del último capítulo de una batalla que dura más de un año. El regulador de Competencia ya presentó en abril de 2016 un recurso contencioso-administrativo contra esa norma, porque consideró que incluía restricciones a la competencia en el sector del transporte, al poner una serie de límites en las licencias de VTC que no tienen las de taxi.

Ahora la denuncia contra la norma que estableció el Ministerio de Fomento llega al alto tribunal, porque la anterior instancia, la Audiencia Nacional, no fue considerada competente y se instó a la CNMC a presentar el recurso en el Tribunal Supremo. El decreto aprobado por el Gobierno en 2015 limitó que, por ejemplo, los servicios de coches con chófer (que no fueran taxis) no pueden recoger a pasajeros en la calle, y solo pueden trabajar con reserva previa. Además, establece unos topes en materia de flota o dimensiones de los coches. Regula también que el número de licencias para coches con conductor VTC está limitado a una por cada 30 taxis, una proporción que no se cumple de todas formas, ante la concesión de muchas de estas licencias a través de sentencias judiciales.

La CNMC recuerda que el decreto que han recurrido no regula directamente a Uber o Cabify como empresas, sino que afecta a las licencias de VTC. Estos permisos, que conceden las comunidades autónomas, pueden ser de compañías o de trabajadores por cuenta ajena que tienen los coches de alquiler con conductor. Y los propietarios de esas licencias, a su vez, trabajan bajo el paraguas de empresas (como Uber y Cabify), que como aplicaciones de móvil intermedian entre pasajeros y empresas de VTC.

Enfrentamiento con el taxi

La regulación de las licencias de VTC tiene enfrentado al sector (los taxistas acusan de intrusismo a estas empresas y sus chóferes) pero también a las administraciones. Mientras que la norma restrictiva en vigor depende del Ministerio de Fomento, la CNMC es que quien trata de acabar con ella, y es un regulador que forma parte de la estructura del Ministerio de Economía.

Los taxistas acusan a Competencia de traidora y muchas de las manifestaciones que han llevado a cabo en los últimos meses acaban en la sede de este organismo, donde entregan documentos con sus quejas a nombre de José maría Marín-Quemada, el presidente de dicho organismo.

Por su parte, Competencia considera las barreras que se les han impuesto a los VTC carecen de justificación social, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional, afectan negativamente a la innovación y, por todo ello, reducen el bienestar general. En consecuencia, la CNMC consideró que deben ser eliminadas "en aras de un mejor funcionamiento de la economía española".

Varios frentes judiciales

No es el único frente del conflicto que afecta a taxis y VTC que está en los tribunales. La Audiencia Nacional admitió en mayo a trámite el recurso que interpuso la CNMC contra otro decreto, en este caso del Gobierno catalán, que fijó también condiciones para mediar en la contratación y comercialización de los servicios de transporte (ya fueran aplicaciones como Uber o aquellas que usan los taxi). El texto legal de la Generalitat, aprobado en noviembre de 2016, determinaba que estas plataformas debían tener un local físico abierto o un sistema telemático de atención al cliente, un mínimo de licencias asociadas a la aplicación y exigía que las asociaciones profesionales de taxistas se constituyeran en un plazo de un año en sociedad o cooperativa para gestionar estas apps.

Además, un juzgado mercantil de Madrid rechazó en junio la demanda por competencia desleal y violación de las normas de transporte que la Federación Profesional del Taxi de Madrid había interpuesto contra Cabify, al no haber podido demostrar los taxistas que la empresa haya inducido a sus conductores con licencia VTC (coches de alquiler con chófer) a cometer infracción alguna, como captar clientes por la calle.