El ‘Brexit’ da vía libre a la Europa social

Mucho o poco, todos perderemos con la escapada del socio número tres de la Unión Europea (UE). Pero en algunos ámbitos, la retirada de Reino Unido será una oportunidad. Por ejemplo, para el indispensable giro hacia una Europa más social, pues Londres casi siempre la boicoteó.

Los 27 la retoman en su reciente Declaración del 60º aniversario del Tratado de Roma: urgen a una “Europa social” que “luche contra el desempleo, la discriminación, la exclusión social y la pobreza”.

Ya aquel Tratado incorporaba artículos sociales (117 a 122), pero poco vinculantes. Y creaba un gran Fondo Social Europeo, casi siempre olvidado. Londres desdeñó en 1961 la Carta social europea (del Consejo de Europa). Y dispensó su encono en 1989 a su sucesora en la hoy UE, la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores.

Era el contrapeso a la apuesta económica de la unión monetaria, formalizada ese año por el Comité Delors. Batalla semiperdida entonces, pues quedó en mera declaración sin fuerza obligatoria. Aunque influyó en las sentencias del Tribunal de Justicia y en las directivas de la Comisión.

El nuevo pulso llegó con el Acta Única (1986) y sus artículos 118 A y B, voluntariosos (por Jacques Delors), pero tímidos (culpa de Margaret Thatcher), pues lo fiaban todo al mercado interior como desencadenante de la unión social, y a “la colaboración” entre Gobiernos. Y solo cambiaban la unanimidad por mayoría cualificada en las normas de seguridad y salud laboral.

Cuando se fraguaba el Tratado de Maastricht (1992), que consagró como “misiones” de la Unión Europea “un alto nivel de empleo y de protección social”, así como la concertación social, se intentó mejorar esas disposiciones. En vano. Londres lo vetó.

Pero tuvo que tolerar que los otros 11 llevaran su impronta textual al famoso Protocolo 14, lo que les permitía usar los mecanismos y las instituciones de los Doce para lo social: era dar carta de naturaleza a un texto jurídico ya comunitario (con una excepción), mediante mayoría cualificada —sin vetos— para legislar sobre las “condiciones de trabajo”: ya no solo seguridad y salud, sino derecho a información sobre condiciones del empleo, libre circulación, despidos colectivos.

El último repecho fue la Carta de derechos fundamentales (2000), que incluía un amplio capítulo social. Y el espléndido artículo 21, que prohibía más rotundamente que nunca “toda discriminación por razón de nacionalidad”. Los conservadores británicos barraron su paso. Hasta que en 2007 los laboristas (Tony Blair, Gordon Brown) accedieron a incorporarla como parte normativa del Tratado de Lisboa (2007): pero solo si se aplicaba restrictivamente a Reino Unido. Su sucesor, David Cameron, logró en 2016 afeitar aún más ese alcance, sobre todo en lo relativo a la libre circulación de trabajadores.

Pronto, esa permanente losa británica para impulsar los derechos sociales desaparecerá.