La lotería de la seguridad jurídica en América Latina

El mar ya no parece tan revuelto, pero todavía brama. La tormenta de nacionalizaciones, que desataron diversas naciones latinoamericanas (Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador), ha dejado estragos entre los empresarios españoles, que han encendido nuevamente las alarmas por la intervención, y la liquidación, de Electricaribe, la filial de Gas Natural Fenosa en Colombia. Ante ello, los dueños de los capitales han vuelto a alzar la voz para exigir a los países de la región una mejora en la seguridad jurídica y mayor protección a la inversión.

El reclamo no es fortuito. América Latina es el segundo destino más importante para los capitales ibéricos, después de Europa. Reforzar la seguridad jurídica en los países de Iberoamérica significa luchar contra el exceso de burocracia y buscar una mayor independencia y especialización de las entidades regulatorias, según un estudio elaborado por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) junto con el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. Es allí donde naciones como Chile se han colocado a la cabeza, detalla el análisis. “Es una de las economías emergentes más competitiva, estable y mejor evaluada de la región, gracias a su respecto a la inversión extranjera y garantía a los principios de libre comercio”, explica el documento.

Los avances que hado el país, presidido por Michelle Bachelet, tienen que ver con una mejora en la regulación en los sectores de energía, telecomunicaciones, servicios e infraestructura, indica la AEMEC. La nación sudamericana ha logrado, en la última década, convenios de promoción y protección recíproca de inversiones con más de 34 países del mundo y ha firmado tratados de doble tributación con otra treintena. Además ha suscrito acuerdos comerciales con más de 19 economías. Su posición es única y le ha valido para acercarse una buena cantidad de recursos. El flujo de inversión extranjera directa (IED) desde 2010 ha experimentado una tendencia creciente. En 2016 el monto ascendió a 23.300 millones de dólares, un 15% más que en 2015.

“Seguridad jurídica equivale a certidumbre”, asegura Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). “Más confianza en el respeto de las leyes locales, las normativas del sector y los derechos de los consumidores equivale a mucho más inversiones”, remata el académico.

Colombia es un territorio clave para los capitales extranjeros. La previsión para este año es que se convierta en el mercado iberoamericano en el que más aumente la inversión española, por encima de Chile, Perú o México, según un análisis de la IE Business School. El manejo económico y fiscal de esta nación, que el año pasado finiquitó un conflicto armado que duró 52 años, le ha convertido en un firme candidato para incorporarse a la OCDE. A pesar de ello, el informe de la AEMEC asegura que el país vive “un severo retroceso” en la regularidad jurídica en pro de los inversores extranjeros, ante la intervención de Electricaribe.

Los reguladores colombianos mantienen una estructura confusa y descoordinada principalmente en los sectores de energía, minería y telecomunicaciones, argumenta la asociación. Estas carencias se reflejan en un aumento de los casos de arbitraje internacional que han implicado a empresas como América Móvil (del mexicano Carlos Slim) y la española Telefónica. Además, la AEMEC abunda que la situación se agrava por un sistema de superintendencias sin demasiada libertad y sospechosas de corrupción.

Mauricio Macri está de moda entre el público inversor. El inquilino de la Casa Rosada ha abierto la puerta de Argentina a los privados, que buscan tierra firme en una economía en recesión y con una inflación que está por las nubes (40% en 2016). “El país está nuevamente en marcha”, dice el primer mandatario de ese país con cierta frecuencia. Pero aún hay cosas por reparar. Actualmente, la nación sudamericana ocupa el sitio 116 (de 190 puestos) en el más reciente informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial. Sus debilidades son claras: existen complicaciones al momento de abrir de negocio, hay trabas para obtener permisos de construcción y persisten las dificultades para acceder al crédito.

Diferentes casos

México y Perú son viejos conocidos entre los empresarios españoles. Ambos países han logrado la independencia de las autoridades de regulación y supervisión y han establecido mecanismos para dar solución a las controversias entre el Estado y el sector privado. Pero no sucede lo mismo con Bolivia, que tras la nacionalización de los yacimientos de hidrocarburos en 2009 ha sumado desconfianza en el inversor.

La nueva estrella en la región, según el análisis de la AEMEC (que obvia los casos de Brasil y Venezuela), es Costa Rica. La nación centroamericana —también candidata a la OCDE— ha incorporado a su marco jurídico la protección a los capitales foráneos y ha suscrito y renovado numerosos acuerdos comerciales con una docena de economías (entre ellas la Unión Europea). Sin embargo, su abultada deuda pública (que en 2016 representó un 45% de su PIB, cuando la media en la zona es del 35%), la inestabilidad política, la ausencia de independencia y la poca especialización de las autoridades reguladoras van en detrimento de su posición regional, agrega la asociación.