El fiscal pide 16 años de cárcel para seis hijos de Ruiz Mateos por Nueva Rumasa

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes una pena de 16 años de prisión para cada uno de los seis hijos varones del empresario jerezano José María Ruiz Mateos, fallecido en septiembre de 2015, acusados por la supuesta estafa piramidal de Nueva Rumasa. Las 13 emisiones sucesivas de participaciones del grupo empresarial captaron más de 337 millones de euros a un total de 4.100 inversores, de los cuales 289 millones quedaron sin devolver tras declararse en concurso de acreedores las empresas del holding que ejercían como avalistas de los pagarés.

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A principios de 2009, las empresas del Grupo Nueva Rumasa, el entramado levantado por José María Ruiz-Mateos y sus hijos para reconstruir el holding Rumasa, expropiado por el Estado en 1983, amenazaba quiebra. Sin liquidez para sostener la actividad de sus negocios, la mayoría del sector agroalimentario —con marcas como Dhul, Trapa, Clesa o las bodegas Garvey— y hotelero; y con una deuda acumulada de 577 millones de euros, el grupo necesitaba fondos para atender sus pagos más inmediatos.

Las trampas que supuestamente hacía Nueva Rumasa con la financiación bancaria, no hacían sino agravar la insolvencia. 25 sociedades instrumentales giraban facturas falsas a las empresas productivas del grupo, que a su vez las presentaban para su descuento bancario, generando un coste financiero adicional. Entre 2009 y 2011, Nueva Rumasa obtuvo mediante descuento 540 millones de euros del banco Santander.

Ante esta situación insostenible —ocultada a sus acreedores y al mercado— Nueva Rumasa puso en marcha un nuevo mecanismo para captar fondos: los “pagarés corporativos”. Este sistema consistía en que los ahorradores privados realizaban un préstamo a las empresas del grupo, que a su vez se comprometían a devolverlo, con unos grandes intereses —hasta el 12,5%— en un plazo determinado, normalmente un año o dos. La devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectos emitidos y avalados por sociedades del grupo.

Campaña de publicidad

La intensa campaña de publicidad de los pagarés presentaba a Nueva Rumasa como un ejemplo de bonanza empresarial, respaldada por algunas de las marcas más reconocidas. Para obviar el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los Ruiz-Mateos fijaron en 50.000 euros la inversión mínima. Al menos 4.110 ahorradores acudieron a las nueve emisiones que se sucedieron entre febrero de 2009 y enero de 2011. Con cada emisión, los Ruiz-Mateos trataban de tapar un agujero cada vez mayor.

Con el ahorro captado —337,3 millones de euros— no solo se logró maquillar momentáneamente la quiebra de las empresas. El dinero también sirvió para que los Ruiz-Mateos mantuvieran su alto nivel de vida. A principios de 2009, las hipotecas de sus viviendas superaban los 18 millones.

Los 337,3 millones captados, y que Nueva Rumasa se había comprometido a devolver, suponían la entrega de unos intereses de 47,9 millones. De ese total de 385 millones, solo llegaron a abonarse 96,2. De las 13 sociedades que emitieron los pagarés, ocho no llegaron a abonar jamás cantidad alguna a los inversores. Según la fiscalía, los Ruiz-Mateos “eran sabedores de que sería de todo punto imposible su abono”. Se desconoce el destino último de, al menos, 82 millones que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias.

La investigación se ha llevado a cabo en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La acusación se dirige por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes contra los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, así como los también miembros de la familia, Zoilo Pazos Jiménez y Alfonso Barón Rivero. También se actúa contra otros trabajadores y colaboradores del Grupo Nueva Rumasa entre los que se encuentran el abogado Manuel Sánchez y José Ramón Romero López, Rufino Romero de la Rosa y Ricardo Álvarez Castaño, estos últimos miembros destacados de la organización en Jerez de la Frontera.

La acusación también se dirige contra los presuntos testaferros Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada. Tras las emisiones de pagarés, los Ruiz-Mateos supuestamente vendieron las empresas del holding a estos testaferros para controlar los concursos de acreedores de las sociedades emisoras y salvaguardar en lo posible el patrimonio personal de la familia. De Cabo y Losada ejercieron también como testaferros del expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán en la descapitalización de Viajes Marsans.

El escrito considera partícipes a título lucrativo –beneficiarias del fruto del delito pero ignorantes de su comisión- a las siete hijas del matrimonio formado por José María Ruiz-Mateos y Teresa Rivero. Una de ellas, Socorro, la primogénita, falleció el pasado enero. También actúa contra 58 sociedades del antiguo holding, entre ellas el Grupo Dhul y Cacaolat, como responsables civiles subsidiarios de la estafa.

171 sociedades y 4.061 cuentas

Nueva Rumasa estaba formado por un número indeterminado de sociedades, algunas productivas en los sectores agroalimentario y hotelero, y otras meramente patrimoniales. Los administradores concursales han logrado identificar 171 mercantiles mientras que los listados internos hablan de 164 sociedades españolas y 48 sociedades extranjeras. Sin embargo, aunque financieramente funcionaba como una sola empresa, no era un grupo empresarial consolidado según las leyes mercantiles ya que carecían de una matriz común. “Aunque el Grupo pertenecía en última instancia a la familia Ruiz-Mateos, la mayoría de esas sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales”, señala la fiscalía.

"Esa intrincada maraña de sociedades se sirvió de una compleja estructura financiera que el año 2009 operaba con, al menos, 4.067 cuentas abiertas en 117 entidades bancarias, principalmente en el Grupo Santander Banesto ‒724 cuentas‒ y en el Banco Etcheverría ‒130 cuentas-",explica el escrito del ministerio público.