Fernández Ordóñez, imputado por la salida a Bolsa de Bankia
La Sala de lo Penal revoca la decisión de Andreu de no investigar al exgobernador del Banco de España y a Julio Segura, expresidente de la CNMV
Miguel Ángel Fernández Ordoñez, exgobernador del Banco de España, y Julio Segura, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre otros altos cargos de los órganos supervisores, serán citados a declarar como imputados por autorizar la salida a Bolsa de Bankia pese a las advertencias de los inspectores de que la operación era inviable y suponía un riesgo evidente para los accionistas y los contribuyentes. La Audiencia Nacional revocó ayer la decisión de noviembre del juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, de archivar la causa contra ellos, y le ordenó que los investigue.
También deberá ser citado como investigado Fernando Restoy, número dos de la CNMV en el momento de la salida a Bolsa y subgobernador del Banco de España desde junio de 2012 hasta el pasado 4 de enero. En esa fecha, ha pasado a presidir el Instituto de Estabilidad Financiera (FSI), un organismo internacional dependiente del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS). Javier Aríztegui, exsubgobernador entre abril de 2009 a junio de 2012, también será imputado. En septiembre de 2014, el Banco Central Europeo le nombró uno de los cinco miembros del Comité Administrativo de Revisión del Mecanismo Único de Supervisión (MUS).
Esta tarde el Banco de España ha emitido un comunicado donde anuncia que, tras la decisión de la Audiencia Nacional, "han presentado su renuncia al cargo D. Mariano Herrera García-Canturri, Director General de Supervisión; D. Pedro Comín Rodríguez, Director General Adjunto de Supervisión; y D. Pedro González González, Director del Departamento de Inspección IV". Los dos últimos estaban en la Supervisión del Banco de España cuando Bankia salió a Bolsa y Herrera fue nombrado Director General de Supervisión en octubre de 2012.
La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional dio ayer un notable vuelco a la investigación del caso Bankia,en el que se investiga la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011, con un folleto de emisión con datos contables y financieros presuntamente falsos.
El tribunal presidido por el magistrado Antonio Díaz Delgado revocó la decisión del pasado noviembre por el propio juez Andreu de no investigar la actuación de los máximos responsables de Banco de España y de la CNMV en el estreno bursátil de la antigua Caja Madrid. Decenas de miles de pequeños inversores perdieron sus ahorros con esta operación. Bankia fue nacionalizada en mayo de 2012 y su rescate con fondos públicos costó 22.424 millones hasta principios del 2013.
Según la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, Fernández Ordóñez y Segura autorizaron la salida a Bolsa de BFA-Bankia “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo”. También dieron luz verde a la operación pese a los avisos de que “la solución de la salida a Bolsa suponía un grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes, estimado en unos 15.000 millones de euros”. En la salida a Bolsa participó la gran banca, excepto el BBVA, así como las principales empresas del Ibex 35.
Correos internos
La imputación de Ordóñez y Segura se produce después de que se incorporan a la causa cuatro correos internos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus en los que los inspectores alertaban a sus superiores de la inviabilidad de la salida a Bolsa con un sistema de doble banco (BFA-Bankia) para reflotar Bankia. Estos correos fueron remitidos al responsable de Supervisión del Banco de España, Pedro Comín. “El contenido completo de tales correos electrónicos no deja lugar a dudas sobre la expresa, previa y contundente información que la dirección del Banco de España tuvo, tempestivamente, acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados presentados”, dice el tribunal.
El tribunal actúa a instancias de la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representada en la causa por el abogado Andrés Herzóg. El antiguo portavoz nacional de UPyD recurrió la decisión del juez Andreu, que en noviembre rechazó citar como investigados a la cúpula de los organismos supervisores. En la resolución de noviembre, Andreu, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, consideró que los cuatro correos remitidos por Casaus a Comín entre abril y mayo de 2011 eran reflexiones y comunicaciones informales sin carácter oficial. Recordaba que en el caso Bankia “no se investiga si la decisión de salida al parqué de la entidad fue acertada o errónea” sino si los folletos de emisión contenían información falsa “con el propósito de captar inversores a cualquier precio”. El juez afirmaba que en el contenido de los correos “nada se revela sobre la posibilidad de una alteración o falseamiento de la información”.
Sin embargo, el tribunal discrepa y cree que en el caso de los nuevos imputados existen “indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad”. La Sección Tercera tiene en cuenta otros informes ya presentes en la causa en los que los inspectores del Banco de España ya dan cuenta de “graves y reiteradas irregularidades” en la gestión de la antigua Caja Madrid.
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