La justicia insiste en que Portugal debe pagar 1.800 millones al Banco Santander
Los tribunales británicos confirma cinco sentencias anteriores pero el Gobierno insiste en recurrir
El Tribunal inglés de Apelación ha vuelto a fallar a favor del Banco Santander, según ha informado a la CMVM portuguesa. Ya son media docena de fallos judiciales en su favor, pero el Gobierno de Portugal ha anunciado que recurrirá una vez más para no pagar 1.800 millones de euros, que es el dinero en liza. En el año 2007, las empresas del transporte público de Lisboa y Oporto firmaron con el banco español unos créditos de interés variable. En el año 2013 la ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, decidió dejar de pagar al banco y denunciar por los intereses que creía abusivos.
El Santander llevó a los tribunales internacionales el litigio, tal y como figuraba en los contratos, pero la defensa del Gobierno se ha basado en que los tribunales internacionales no son competentes para dirimir la cuestión. Sin embargo, los mismos tribunales portugueses han dicho que es Londres el lugar donde juzgar el caso.
El fallo del Tribunal inglés de apelación, confirma lo que decidió hace unos meses el Tribunal de Primera Instancia. Pese a tanto revés judicial, el Gobierno portugués ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo británico.
El Santander firmó en aquellos años nueve contratos de riesgo financiero (swaps), y la mayoría se modificaron; sin embargo con los del Transporte público, no se llegó a nungún acuerdo y Albuquerque decidió unilateralmente dejar de pagar. En el fallo de 200 páginas del Tribunal de Londres de primera instancia recordó que las partes se beneficiaron durante un tiempo de esos contratos y durante otros no.
Los contratos swap son utilizados habitualmente para proteger al solicitante de un crédito a interés variable de una posible subida del euríbor, pero en este caso, el euríbor no ha dejado de bajar en los últimos años, por lo que la cobertura resultaba ruinosa para las empresas de transporte.
En juego hay unos 1.800 millones de euros, aparte de las costas millonarias del juicio y un posible fallo por daños y perjuicios ocasionados.
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