Todos los partidos de la Eurocámara rechazan congelar los fondos a España

La Eurocámara carga con suma dureza contra la congelación de los fondos europeos a España y Portugal. La Comisión Europea ha explicado que tiene “la obligación legal” de suspender esos fondos, por los continuos incumplimientos del déficit público, y ha minimizado su impacto. Bruselas canceló una multa en julio, pero solo podrá levantar la suspensión de los fondos si Madrid y Lisboa presentan ajustes en breve. Todos los partidos de la Eurocámara rechazan esa medida.

“Absurdo”. “Burocrático”. “Contraproducente”. “Kafkiano”. “Desproporcionado y punitivo”. “Injusto, peligroso, cualquier cosa menos inteligente”. Las fuerzas políticas de la Eurocámara —progresistas y conservadores, liberales, verdes y el resto de fuerzas políticas—, se han opuesto a la congelación de los fondos europeos a España y Portugal por los incumplimientos con el déficit. El chaparrón ha sido abrumador. El vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen y la comisaria Corina Cretu han defendido que Bruselas tiene que suspender esos fondos “por obligación”. Katainen y Cretu han minimizado el impacto de esa medida, pero la respuesta de los eurodiputados ha sido rotunda. Incluso el Partido Popular Europeo y los Liberales, que en su día pidieron dureza con las reglas, rechazan esa congelación de fondos, que para España supondría en torno a 1.200 millones, aunque la Comisión evita concretar las cifras.

España y Portugal se libraron de milagro de las multas por incumplir los objetivos de déficit, pero el Consejo Europeo dictaminó que Madrid y Lisboa no hicieron lo necesario de forma deliberada. La Comisión está obligada a presentar una propuesta que suponga la suspensión: la reunión en la Eurocámara tiene carácter meramente consultivo, aunque el Parlamento puede retrasar indefinidamente la decisión. Con esos mimbres, Katainen y Cretu han adoptado un perfil lo más bajo posible, han explicado que esa suspensión será solo temporal —si España y Portugal aplican los recortes a los que se han comprometido— y han asegurado en Estrasburgo que la congelación “no tendrá efectos a corto plazo” y apenas supondrá retrasar algunas inversiones, aunque han rehuido dar detalles.

“¿Qué credibilidad tiene la Comisión si coloca el crecimiento y el empleo entre sus prioridades y castiga a un país que crece el doble de la media europea gracias a sus reformas?”, se preguntaba Pablo Zalba, del PPE. “No podemos aplicar automáticamente unas reglas por apenas unas décimas de déficit”, clamaba el socialista Jonás Fernández. “¿Cómo vamos a explicarles a los ciudadanos que las multas se cancelan pero los fondos se suspenden?”, apuntaba el portugués Miguel Vigas. Katainen se ha limitado a afirmar que las reglas son las reglas, y que los propios eurodiputados las acordaron en su día (por casi 500 votos a favor). Añadió que la Comisión “tiene la obligación legal de actuar; no es una cuestión de deseo político”. Ha repitido en media docena de ocasiones que España y Portugal cumplirán lo que prometieron —esto es: recortes—, y como consecuencia las suspensiones se levantarán. Y ha afirmado una y otra vez que la congelación no tendrá ningún impacto en la práctica: Cretu aventura que al menos hasta 2020 no se verán sus efectos.

España y Portugal son dos de los países que más reformas han hecho durante la Gran Recesión. Pero las cicatrices de la crisis son aún visibles: un paro muy por encima de la media, una deuda que ha crecido a toda velocidad, niveles de pobreza elevados y, en el caso portugués, serias dudas sobre su sistema bancario. Portugal incumplió el déficit en 2015 por apenas dos décimas de PIB; España, por menos de un punto. Alemania tiene un superávit comercial (la diferencia entre exportaciones e importaciones) del 8,5% del PIB: dos puntos y medio por encima de lo permitido. Pero esa es otra historia. O quizá no tanto.