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Partidos y sindicatos piden una reforma laboral para adaptar la ley al fallo europeo

Las centrales reclaman que la norma equipare con 20 días por año las indemnizaciones de temporales y fijos

La ministra de Empleo, Fátima Báñez.Foto: atlas | Vídeo: EFE | ATLAS
Manuel V. Gómez

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a pagar indemnización a los interinos al perder su empleo y defiende la equiparación de temporales y fijos ha provocado ayer la reacción de partidos políticos y agentes sociales. Todos, excepto la patronal CEOE, crítica con el fallo, reclamaron una reforma laboral para adaptar la ley española a la norma europea. El Gobierno, por su parte, insiste este martes en que está analizando el fallo. No obstante, recordó que el PP pactó con Ciudadanos en agosto una reducción de las modalidades de contratos temporales y un aumento de las indemnizaciones.

Cada vez que en los últimos años se ha hablado de reforma laboral, un punto dominaba el debate: reducción del coste del despido, recortes. La respuesta que han dado la justicia europea a las preguntas del Tribunal Superior de Madrid ha dado la vuelta a ese enfoque. Al menos, a primera vista. Y desde ahí partían ayer tanto UGT como CC OO al reclamar una reforma que equiparara las indemnizaciones que reciben los trabajadores temporales y los indefinidos al perder su empleo. Su interpretación de la sentencia es que no solo obliga a indemnizar a los interinos, que ahora no perciben nada según la norma, sino que también obliga a subir de 12 a 20 días por año trabajado el mínimo que cobren “todos” los temporales cuando acaben sus contratos.

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“El derecho está reconocido. Hay que evitar que la gente tenga que ir a los tribunales a reclamarlo”, justificaba Mari Carmen Barrera, secretaria de Empleo de UGT. Ramón Górriz, responsable de Acción Sindical de CC OO, reclamaba al Gobierno que la vía prioritaria para los cambios legales sea convocar a los agentes sociales para negociar “sobre la base que marca la sentencia [20 días por año]”. No obstante, Górriz y Barrera avisaron de que se dirigirán a los grupos parlamentarios para que promuevan los cambios legales que piden.

Entre los sindicatos también CSI-F, con amplia presencia entre los empleados públicos, reclamaba igualar las indemnizaciones de interinos del sector público y privado al resto de empleados temporales.

Del lado de los agentes sociales, solo CEOE cargó contra la sentencia. “Equivoca conceptos jurídicos del ordenamiento español. Además, la indemnización a los temporales solo existe en España”, criticó el responsable de relaciones laborales de CEOE, Jordi García Viñas, que admitió que el fallo obliga a adaptar la ley por la compensación a interinos.

A este ámbito, el de los empleados sustitutos, circunscribían en el PP y en el Gobierno la sentencia europea. Juan Ignacio Echániz, portavoz de Empleo del PP en el Congreso, insistió en que se trata de una sentencia sobre interinos “no extrapolable” al resto de temporales. Sin embargo, él y Juan Pablo Riesgo, secretario de Estado de Empleo, apuntaron que están estudiando el fallo para ver las consecuencias jurídicas que se derivan de él. No obstante, Riesgo recordó el pacto que el PP firmó con Ciudadanos en agosto implica reducir el número de contratos temporales y un incremento paulatino de las indemnizaciones de estos hasta los 20 días por año, lo que implica una reforma del Estatuto de los Trabajadores.

Ciudadanos, por su parte, recordó este pacto, el anterior que firmó con el PSOE y su posición histórica en favor del contrato único para argumentar que la sentencia “es una buenísima noticia”. Con esa base, su portavoz económico, Toni Roldán, pidió abrir conversaciones entre partidos y agentes sociales “para reformular de manera sosegada las relaciones laborales en España”.

También el PSOE aplaudió la sentencia para defender, a continuación que esta “constituye una razón definitiva para emprender el diálogo social tendente a aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores”. Sobre el punto concreto de los interinos, el portavoz Rafael Simancas, arguyó que la “legislación tiene que adaptarse cuanto antes a este mandato”.

Con información de Francesco Manetto, Anabel Díez, Natalia Junquera y Juan José Mateo.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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