Morirse en Cuenca es mucho más barato

¿Cuánto cuesta un funeral en España? Según dónde viva el fallecido. Un entierro tipo con féretro, nicho, flores y tanatorio oficiado en Cuenca cuesta 2.261 euros, según las cifras recopiladas por la Organización de Consumidores de Usuarios (OCU) en 2013. En Barcelona, el mismo servicio vale 2,8 veces más, 6.441 euros. La Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) niega tal abismal diferencia de precios y que el coste medio sea de 3.600 euros. Pero tanto consumidores como empresarios piden una ley estatal que regule los servicios.

El franquismo municipalizó los servicios funerarios, una decisión que se revirtió en 1996 cuando el Gobierno de José María Aznar liberalizó el sector. España era el único país europeo donde el servicio aún era público. Solo Cataluña cuenta con una ley propia sobre el tema, mientras que el texto de alcance nacional no ha ha pasado de un borrador, critica Josep Ventura, vocal de Panasef.

A pesar de la liberalización, los municipios pueden determinar ciertas condiciones para prestar el servicio, lo que reduce la capacidad de operación y lleva, en la práctica, a la existencia de monopolios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha alertado en varias ocasiones de la violación de la unidad de mercado.

El año pasado fallecieron en España 422.276 personas, una tasa de mortalidad del 9,05%. Se calcula que la mitad de la población cuenta con un seguro para sufragar los gastos funerarios, si bien es un porcentaje que varía mucho entre las ciudades y el campo. “Ponemos en duda el estudio de la OCU y no sabemos cómo obtuvieron la información. El servicio es muy personalizado y su precio depende mucho de la casuística”, defiende Ventura.

Fuentes de la OCU aseguran que la información se obtuvo a través de visitas presenciales, en las que se solicitaron los precios de un servicio cerrado. La conclusión de la organización de consumidores es que una de cada tres empresas no entrega una cotización del servicio por escrito, y que el precio medio de un nicho y la incineración son casi idénticos.

¿Cuestión de hábitos?

Los precios más cercanos a la media calculada por la organización de consumidores son los de Pamplona (3.488 euros), Córdoba (3.476 euros) o Palma de Mallorca (3.482). Dos ciudades canarias figuran junto con Cuenca en la lista de los servicios más baratos: Santa Cruz de Tenerife (2.397 euros) y Las Palmas (2.662 euros). Entre las más caras, además de Barcelona, están Tarragona (5.323 euros) y Vigo (5.179 euros).

“Los precios no son radicalmente diferentes entre ciudades. Lo que sí varía son los hábitos de consumo y los gastos que está dispuesta a hacer la familia”, sostiene Juan Jesús Domingo, consejero delegado de la funeraria Mémora. El precio para usar un tanatorio, por ejemplo, varía según las tasas municipales. Calcula que un 20% de las ofertas no computan este servicio pues aún muchas familias optan por un velorio en su casa o por no realizar ningún rito de despedida. En el País Vasco la publicación de una esquela es tan importante como otros servicios. O el promedio de coronas en Andalucía es de 2,8 frente a las 2,2 que se lucen en un funeral en Cataluña.

Las plataformas de consumidores insisten en que hay abusos. “Se trata de un servicio esencial de interés general y los ciudadanos no deben cargar con precios abusivos a la hora dolorosa de enterrar a sus seres queridos”, pide José Luis Manzano, de la Asociación contra el Abuso de los Servicios Funerarios. En los últimos años hubo consejos, advertencias, estudios. Y duras sanciones: en 2014, la Autoridad Catalana de la Competencia impuso cinco multas que sumaban 1,7 millones a Áltima Servicios Funerarios, al Ayuntamiento de L’Hospitalet y a los organismos gestores de los hospitales de Bellvitge —el Duran i Reynals y el General de L’Hospitalet— por haber impedido a otras funerarias acceder a estos centros para trasladar los cadáveres de fallecidos pese a contar con la autorización de los familiares.

Competencia pide cambios

La CNMC ha advertido en varias ocasiones sobre la necesidad de revisar la normativa funeraria. “Resulta patente la necesidad de acometer con carácter urgente una revisión de la regulación del acceso y el ejercicio a las actividades funerarias, atendiendo a la identificación de los obstáculos y barreras a la unidad de mercado generadas o mantenidas por las autoridades responsables vinculadas a las actividades funerarias”, concluyó el año pasado, tras estudiar una reclamación de una funeraria andaluza por las ordenanzas del Ayuntamiento de Fuengirola, que contravenían la ley de unidad de mercado, ya que señalaban que solo podían trabajar empresas radicadas en el municipio.

“Nos encontramos con doctrinas que parecen hablar de nosotros como servicios colectivos o utilities, algo muy alejado de nuestra realidad. No somos antenas de telefonía. Tener tu propio tanatorio te hace más competitivo”, defiende Domingo. Adicionalmente, los servicios funerarios tienen un 21% de IVA, algo que tanto las empresas —que dicen haber ajustado sus precios— como los consumidores consideran abusivo. Antes de 2012 era del 7%.

El Defensor del Pueblo de Cataluña y la asociación de empresas funerarias firmaron en abril un código de buenas prácticas para dejar por escrito unas normas éticas y asegurar que no se vulneren los derechos de los usuarios. “Queremos dar garantías de que trabajamos bien. La idea es extender este acuerdo al resto del Estado”, sostiene Ventura.

Todas las partes coinciden en la necesidad de una ley que aclare las reglas del juego. “Desde 1996 se han aprobado leyes europeas referentes a estos servicios y la norma catalana, por ejemplo, no se ha adaptado a lo que exigen. Los operadores en muchos casos no saben qué hacer”, asegura Ventura. Fuentes de la Asociación Eternam Serveis Funeraris (ESFUNE), por la liberalización de los servicios funerarios, consideran que en el caso de Cataluña la ley ha tenido poco impacto. La Agencia Catalana de la Competencia advirtió en 2009 que la proporción de empresas de pompas fúnebres es de 1,2 por cada 100.000 habitantes, cuando en el resto de España es 6,2 por cada 100.000, un 600% más.