La recapitalización del banco malo le cuesta al Estado otros 996 millones

Las réplicas del terremoto financiero se siguen sintiendo en las arcas públicas. El Estado se ha apuntado en sus cuentas el coste de convertir en capital una parte de la deuda subordinada que tiene del banco malo, la Sareb. Y la cantidad asciende a los 996 millones, según los datos de contabilidad nacional recogidos por Hacienda. Aunque esta ayuda financiera no contará para la meta de déficit que exige Bruselas, este dinero de los contribuyentes engordará el déficit real que se reconocerá a cierre de 2016. Pese a esta reconversión, la cifra total que se juega el Estado no cambia y sigue siendo 2.192 millones, de los que 660 millones siguen en deuda y 1.532 millones en capital. Jaime Echegoyen, presidente de la Sareb, ha prometido devolverlo todo con los años, aunque en el mercado existen dudas.

La Sareb, propiedad en un 55% de la banca y en un 45% del Estado, es una entidad constituida para aparcar una parte de los activos problemáticos que lastraban las cuentas de las antiguas cajas de ahorros. Todo con tal de evitar su quiebra. La idea era que se depositaran los activos tóxicos en este banco malo, a la espera de que más adelante, con la recuperación económica, se fuesen vendiendo y recobrando algo de su valor.

Sin embargo, el traspaso de los activos adjudicados y el crédito promotor se hizo con una valoración bastante generosa, según coinciden todos los expertos. Aunque se reconoció un cierto deterioro de estos activos, la realidad está demostrando que ese descuento fue insuficiente. La prueba es que, de momento, el capital de la Sareb se está demostrando insuficiente para asumir las pérdidas de los activos, y todos los años se han tenido que rehacer los planes de negocio, según confirman fuentes financieras.

Muchos de esos activos acumulan pérdidas de valor latentes que se reconocen a medida que se venden o cuando el Banco de España obliga a provisionarlas. El organismo supervisor emitió una circular que obligaba a la Sareb a valorar individualmente los activos bajo un nuevo marco contable. Y eso se tradujo en el saneamiento de 2.044 millones que sumar a los 968 millones que provisionó en los dos ejercicios anteriores.

Al reconocer este agujero, la entidad precisó una recapitalización que sus accionistas abordaron en mayo convirtiendo en capital 2.170 millones de deuda subordinada. De esa cantidad, 996 millones le correspondieron al Estado, porque es dueño del 46% de la deuda subordinada. Y ese dinero se ha incluido en las cuentas públicas de mayo, que se dieron a conocer la semana pasada.

El banco malo se creó con 1.200 millones de capital (el 45%, del Estado) y 3.600 millones de deuda subordinada (46% del Estado). Pero tras arrojar pérdidas todos los años en estos momentos se ha quedado en 953 millones de capital y 1.429 millones de obligaciones subordinadas.

Parte del problema radica en que pagó los activos a los bancos rescatados con una deuda que emitió y por la que tiene que pagar intereses a los bancos todos los años. Al principio, la factura superaba los 1.000 millones anuales. Sin embargo, poco a poco ha amortizado algo de deuda y ha logrado refinanciar pasivos a unos intereses que ahora son significativamente más bajos. Y así el año pasado ya desembolsó por intereses unos 700 millones de euros, una cantidad algo menor. No obstante, la entidad dirigida por Jaime Echegoyen no vende lo suficiente como para afrontar los saneamientos, abonar los intereses y costear los gastos de gestión de los activos.

Además, en las cuentas de 2016 tendrá que valorar de nuevo sus activos de acuerdo con las indicaciones del Banco de España. De modo que es probable que tenga que volver a convertir deuda con un coste para las arcas del Estado. Echegoyen ha afirmado que no pedirá más dinero ni a los bancos ni al Estado si se cumplen sus planes. Sin embargo, existen dudas. “La cuestión de fondo surgirá cuando haya que poner más dinero”, explica una fuente financiera. Lo cual puede elevar de nuevo el coste total del rescate bancario, cuya factura a 31 de marzo era, según Hacienda, de 45.217 millones.