Cambio climático: riesgos financieros

No hacía falta esperar a la Cumbre de París para anticipar algunas de las consecuencias financieras del cambio climático. De ese cónclave salieron compromisos concretos sobre reducción de emisiones en los próximos 10-15 años y el genérico de asunción del camino hacia la completa descarbonización. Ello obliga a cuestionar el valor de no pocos activos y, en todo caso, a redefinir el mapa de riesgos al que se enfrentan sectores completos. Desde luego el de la industria de servicios financieros. Instituciones relevantes como el Financial Stability Board, el Banco de Inglaterra o las agencias de calificación crediticia, ya han advertido de las consecuencias. Bancos, compañías de seguros y sociedades de gestión de activos harían bien en particularizar las mismas. Los accionistas e inversores institucionales lo harán, en todo caso. Pero al tiempo que emergen riesgos sobre los activos considerados tradicionales, también se presentan oportunidades de inversión para aquellos que asuman esa transición hacia el dominio de energías renovables y tecnologías generadoras de eficiencia energética.

El pasado febrero el presidente de Blackrock, el inversor más importante del mundo, advertía en una carta a los principales responsables de las empresas cotizadas en EEUU y Europa sobre la ignorancia de los efectos del cambio climático en sus posiciones. La advertencia es relevante, en la medida en que ese inversor mantiene más de 4,6 billones de dólares en inversiones en su World Energy Fund, en el que hay acciones de las principales empresas energéticas. Unos meses antes, en la sede de Lloyds, el gobernador del Banco de Inglaterra advertía de las profundas implicaciones del cambio climático en la actividad aseguradora, y en general sobre la estabilidad financiera. La opinión de Mark Carney conviene tomarla en consideración: preside también el Financial Stability Board al que los ministros de finanzas del G-20 encargaron un análisis específico de los riesgos del cambio climático sobre el conjunto del sistema financiero. En el primer informe se identificaron las distintas modalidades de riesgos.

Los de naturaleza física, creados por alteraciones meteorológicas más o menos crónicas derivadas del cambio climático, como pueden ser riadas, tormentas, etc. son los más explícitos. Dañan activos materiales e interrumpen el comercio, con impacto sobre los pasivos de las compañías de seguros y el valor de algunos activos financieros. En segundo lugar, están aquellos riesgos derivados de obligaciones asociadas a daños susceptibles de percibirse en el futuro, que acaben asociándose al cambio climático y exijan compensaciones. Pero no son menos importantes los costes denominados transicionales, derivados del proceso de ajuste a una economía baja en carbono.

Las adaptaciones reguladoras afectarán igualmente al valor de activos diversos, desde las reservas de combustibles sólidos a las carteras de préstamos bancarios a compañías vinculadas a sectores expuestos a esos riesgos. Como lo harán aquellos cambios en las tecnologías que aceleren la obsolescencia de antiguas inversiones. Las implicaciones reputacionales tampoco pueden pasarse por alto a medida que se acentúe la sensibilidad de inversores y clientes, incluidos grupos de activistas, que pueden erosionar activos intangibles como el valor de las marcas y, por ende, las posiciones competitivas de no pocas empresas.

Un estudio de The Economist Intelligence Unit (The Cost of Inaction: recognizing the Value at Risk from Climate Change) para el sector de gestión de activos (excluidos los activos bancarios), estimó el Valor en Riesgo (las pérdidas que una cartera de valores puede experimentar en un horizonte temporal determinado, con unas determinadas probabilidades) en 2100 derivado del cambio climático sobre el total de los activos gestionables en el mundo, valorados en 143 billones de dólares. El valor actual de las pérdidas medias esperadas sobre esos activos identificados fue estimado en 4,2 billones de dólares, una cifra equivalente al valor total de todas las compañías de gas y petróleo que cotizan en Bolsa. Con independencia de la fiabilidad que merezcan esas cifras, en gran medida dependientes de las probabilidades asociadas, los órdenes de magnitud en que se mueven justifican la atención que merece ese frente de nuevos riesgos sobre la estabilidad financiera global. Y, en todo caso, lo hacen con las exigencias informativas específicas sobre la exposición del conjunto del sector financiero a esos riesgos. Esa transparencia es una condición necesaria para evitar un nuevo factor de erosión de la confianza. Inversores, auditoras y agencias de rating empiezan a tenerlo en cuenta.

En este contexto es relevante el informe difundido el 4 de mayo por la agencia de calificación crediticia Standard&Poors. Son estas las instituciones que han de velar por la solvencia de los bonos emitidos por las compañías. Asumiendo la tipificación de los riesgos que hace el FSB, destaca la adaptación al cumplimiento de esas restricciones como un verdadero factor de riesgo, de consecuencias materiales importantes. La afirmación es contundente: “El impacto del cambio climático sobre bancos, aseguradoras y gestoras de activos es múltiple y significativo a largo plazo. Sus consecuencias se percibirán en el aumento de deterioros en la cartera de préstamos, en el descenso de valores de los activos y en reclamaciones más frecuentes sobre las compañías de seguros”. Adicionalmente, la sensibilidad sobre el cambio climático conducirá a regulaciones nacionales y conflictos legales con grupos de activistas. “No hay tiempo para la complacencia: el cambio climático se convertirá en un factor de riesgo material, especialmente para aquellas compañías de servicios financieros que todavía no han iniciado su preparación”. En realidad, S&P Global Ratings considera que “si las autoridades retrasan aún más la adopción de decisiones necesarias para abordar el cambio climático, los efectos negativos a largo plazo para la industria de servicios financieros serán profundos”

Más allá de la imposición de tributos verdes finalistas. Tampoco se descarta que los reguladores introduzcan mayores exigencias de capital por la exposición de las empresas financieras a industrias contaminantes. O la extensión de “tests de estrés” a bancos con el fin de evaluar esas exposiciones a riesgos climáticos. S&P sugiere que la exposición al cambio climático podrá convertirse en una exigencia del “Pilar 2” para algunos bancos. Son, en general conclusiones compatibles con las adoptadas en otros trabajos recientes como los de Bruegel (Financial Risks and Opportunities in the Time of Climate Change) o el dirigido por Stern para el ESRC (The importance of looking forward to manage risks), difundido hace unos días.

Por eso, tan importante como esa preparación es abordar la financiación de proyectos destinados a cambiar hacia una sociedad más resistente a las consecuencias del calentamiento global. Se trataría de aprovechar los bajos tipos de interés actuales y la limitada demanda de crédito, condicionante de las posibilidades de generación de beneficios en el sector financiero, para financiar esa transición a bajas emisiones. La Agencia Internacional de la Energía estimó el año pasado que la implementación de los compromisos de los líderes mundiales ante la ONU requieren inversiones por 13,5 billones de dólares en eficiencia energética y tecnologías bajas en carbono, entre 2015 y 2030. Bien podría ser esta una nueva dirección de diversificación para bancos y compañías de seguros, pero también para la necesaria concreción de aquellos planes de inversión con los que Juncker llegaba a la presidencia de la Comisión Europea. El crecimiento de las emisiones de bonos verdes es ya una clara señal al respecto, pero insuficiente.

En Twitter, @ontiverosemilio.