Todo lo que necesita saber sobre el TTIP

Desde el fracaso de la Ronda de Doha en 2001 ha tenido lugar un desplazamiento del interés hacia acuerdos regionales de comercio cuyo número ha ascendido de aproximadamente 70 en 1990 a casi 300 en la actualidad. De ellos, el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP) y el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) son los más importantes. Tras largas negociaciones, en febrero 2016 se firmó el TPP por Perú y otros 11 países de la región Asia-Pacífico excluida China. El TTIP es una propuesta de tratado de libre comercio entre EE UU y la UE.

El TPP y el TTIP representan una nueva generación de acuerdos comerciales menos interesados en desmantelar barreras comerciales y más en abordar problemas más complejos. Pascual Lamy —que ocupó el cargo de comisionado europeo para el Comercio primero y director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) después— distinguía entre dos tipos de acuerdos comerciales, los “viejos” y los “nuevos”. Los “viejos”, dominados por los productores, se centraban en la apertura del mercado y en la reducción de aranceles. Por el contrario, los “nuevos” se plantean reducir las diferencias entre las normas nacionales y regionales que frenan el comercio en un mundo de producción transnacional y cadenas globales de valor. En el “viejo” mundo los negociadores se enfrentaban a productores que exigían protección de la competencia internacional. En el “nuevo” deben enfrentarse a consumidores que temen que se rebajen sus estándares de calidad .

En EE UU el grueso de la protesta contra el TTIP tiene como origen el recuerdo de las enormes pérdidas de puestos de trabajo que supuso el NAFTA, el acuerdo con Canadá y México en los noventa, y la entrada de China en la OMC en 2001. En la UE las quejas proceden fundamentalmente de Alemania y Austria —dos potencias exportadoras con bajo desempleo— y están más dirigidas contra el poder de las multinacionales y las implicaciones que tendrá el TTIP sobre las normas de control de alimentos y el medio ambiente, más exigentes en la UE, que contra la pérdida de puestos de trabajo. Merkel, Cameron y Renzi están a favor del TTIP, pero no se han involucrado directamente en su defensa. Han preferido que la iniciativa la tenga la Comisión y el Parlamento Europeo. Algo parecido ocurre en España. PP, PSOE y Ciudadanos tenían en sus programas —en las últimas elecciones generales de diciembre 2015— propuestas a favor del TTIP, pero no las convirtieron en el centro del debate. También el PNV y Convergencia están a favor. Por el contrario, IU, Podemos y sus confluencias están radicalmente en contra. Resulta curioso que la izquierda española, y también formaciones ecologistas como Greenpeace, se hayan alineado con la oposición frontal de dos destacados candidatos de la derecha, Marine Le Pen en Francia y Donald Trump en Estados Unidos.

Lo que se está planteando entre las dos áreas geográficas es que los controles de los productos farmacéuticos sean los mismos, o que los niveles de calidad de prácticamente todo —desde el diseño de los coches hasta el etiquetado de los productos— estén armonizados, o al menos reconocidos mutuamente. Estas medidas, al menos en principio, contribuyen al libre comercio tanto como la reducción de aranceles, al aumentar el tamaño del mercado y favorecer la circulación de bienes y servicios. La falta de armonización en las regulaciones implica la ausencia de un mercado único y actúa, de hecho, como una barrera.

Los que se oponen al TTIP quieren volver al pasado. Sería mucho mejor aprovechar las ventajas que ofrece

La resistencia al TTIP en Europa tiene como fundamento el temor a que permita a las multinacionales de EE UU suavizar las más exigentes regulaciones europeas. Al entrar en el terreno de la regulación es más difícil valorar su impacto, especialmente cuando las negociaciones se están llevando con un grado de secretismo que no ayuda precisamente a mantener discusiones fundadas y sosegadas sobre las implicaciones que tendrá para la UE. Ello, sin embargo, no debería ser una excusa para oponerse al tratado. Sí debería exigirse transparencia y máxima publicidad en las negociaciones, especialmente necesarias cuando pueden implicar cambios legislativos importantes (se contempla la posibilidad de crear unos juzgados para que los inversores extranjeros puedan demandar a los Estados si se sienten perjudicados). Los cálculos sobre su impacto en la economía europea no son tan sencillos como los derivados de la reducción de aranceles.

Los defensores del libre comercio siempre han sido conscientes de que mientras la mayoría gana algunos pierden. Hasta hace algunos años —por ejemplo desde el denominado Consenso de Washington (término acuñado en 1989 por J. Williamson)— se entendía que las fuerzas del mercado se encargarían de reorientar hacia otras actividades y, si era necesario a otros territorios, la población expulsada de las actividades que se abrían a la competencia. Esta doctrina es muy contestada en la actualidad. Cada vez está más extendida la idea de que hace falta apoyar a los trabajadores afectados si quiere evitarse que sean expulsados del mercado de trabajo para siempre. Los resultados obtenidos por D. Acemoglu y D. Autor para la economía norteamericana así lo recomiendan.

Desde nuestro punto de vista, los que se oponen al TTIP quieren volver al pasado. Sería mucho mejor aprovechar las ventajas que ofrece. Sin embargo, España debería estar especialmente atenta a las consecuencias del TTIP sobre su nivel de competitividad internacional, ya que ha dado muestras de que la falta de flexibilidad le hace encajar con dificultad los cambios estructurales. En un momento en que el centro de gravedad de la economía mundial está girando claramente hacia el Pacífico, con China a la cabeza, el TTIP ofrece a la UE la posibilidad de estrechar lazos con EE UU, frenando la tendencia a la irrelevancia en el liderazgo mundial a la que parece abocada. Y, por supuesto, deberían abrirse las ventanas para que fluya una información que nos permita elaborar —sin necesidad de intermediarios interesados— nuestras propias conclusiones.

Matilde Mas es catedrática de Análisis Económico en la Universidad de Valencia y directora de proyectos internacionales del Ivie.