Una cooperativa de 300 socios anuncia medidas legales contra el Ayuntamiento de Madrid

La cooperativa Residencial Maravillas, dueña del solar de Raimundo Fernández Villaverde 50 en el centro de Madrid por el que pagó al Ministerio de Defensa 111,05 millones de euros en 2014, ha anunciado la puesta en marcha de las medidas jurídicas pertinentes para “desbloquear la situación de dilación permanente sostenida por el Ayuntamiento de Madrid en el desarrollo del convenio urbanístico de su proyecto de viviendas, ya que no existe ninguna causa legal que justifique la nula actividad de tramitación urbanística en que está incurriendo”, anuncia la cooperativa. El convenio urbanístico supone un trámite necesario para continuar con el proyecto de urbanización, obtener licencia de obras para la promoción y poder comenzar su construcción. Pero, “el Ayuntamiento, y en particular el área de Urbanismo, han puesto trabas desde su inicio y desde 2015 las negociaciones no han avanzado en ningún sentido por absoluta inacción del Ayuntamiento de Madrid”, critican.

La cooperativa está integrada por 300 familias que han invertido en muchos casos todos sus ahorros en este proyecto residencial y que deben seguir haciendo frente al pago de los intereses del préstamo obtenido para la compra de la parcela, destinada a la construcción de sus viviendas. Por eso, algunos de los cooperativistas han anunciado también el inicio de acciones legales separadas de aquellas que pueda instar la propia cooperativa.

El convenio urbanístico de mera gestión que debe negociarse y del que no existen avances desde hace meses, sirve para establecer la forma de materializar el proyecto a llevar a cabo en la parcela, y para ello define cuestiones como las cesiones al Ayuntamiento de Manuela Carmena de las zonas verdes y otras dotaciones como la del 10% del aprovechamiento lucrativo de la parcela; la materialización de la superficie destinada al realojo de un inmueble colindante o la monetización de las redes locales.

No obstante, “el Ayuntamiento plantea a la cooperativa la aceptación de cesiones mayores de las ya recogidas en el Plan General de Madrid y en el plan parcial de la parcela, que resultan insostenibles por deteriorar gravemente el proyecto y ser contrarias a lo establecido en la normativa de ordenación urbanística”, explica la cooperativa. Entre las exigencias que el Ayuntamiento plantea se encuentra la de convertir el espacio del patio privado interior de la futura promoción de viviendas en espacio libre público.

Otra de las denuncias de los cooperativistas es que el Consistorio quiere convertir en objeto de debate público el convenio urbanístico de gestión del proyecto mediante procedimientos distintos a los legalmente establecidos, basados en “mesas de debate populares” no contempladas en ninguna normativa.