Bruselas ve excesos en la garantía de suministro eléctrico de España

La Comisión Europea ve excesivos algunos de los mecanismos que utilizan los países miembros para garantizarse el suministro energético. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha alertado a España y a otros 10 países de que esos esquemas pueden “falsear la competencia” con el objetivo pretendido de evitar un apagón que en muchas ocasiones se podría ahuyentar simplemente con las reglas del mercado. Vestager ha subrayado el caso de España, que dispone de hasta cuatro mecanismos distintos garantizar la electricidad en situaciones de emergencia.

Las autoridades de Competencia empezaron a investigar hace un año las prácticas nacionales sobre seguridad energética. Con la excusa de proteger una necesidad estratégica, Bruselas sospecha los países se extralimitan y vulneran la competencia en el sector. “Estos mecanismos no pueden sustituir al mercado real. El riesgo es que eso genere costes más altos para el contribuyente”, ha argumentado la comisaria en conferencia de prensa.

En los 11 países analizados –Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y Suecia-, Bruselas ha encontrado un total de 28 esquemas de este tipo, conocidos como mecanismos de capacidad. Vestager concede que el mercado no siempre puede garantizar la seguridad del suministro en determinadas regiones, pero objeta que se haga mediante marcos que eluden en buena medida la concurrencia entre operadores. Así, el esquema más común para blindarse frente a un apagón consiste en la llamada reserva estratégica, por la que los Estados pagan a los operadores de energía una determinada cuota por garantizar el abastecimiento en situaciones de emergencia. También se realizan interrupciones de electricidad pactadas con la industria para evitar un colapso del sistema.

Aunque el informe presentado este miércoles es aún preliminar, no duda en señalar “deficiencias significativas” en la puesta en marcha de estos mecanismos. Vestager no oculta sus reticencias ante lo que ha observado en los 11 países analizados. “Muchos Estados miembros no evalúan si es necesario fijar esos sistemas”, ha incidido. Casi la mitad de los Estados, según el informe, los diseñó sin valorar previamente si existía un problema de seguridad energética o no. Y los precios abonados por el Estado a las empresas suelen fijarse con criterios administrativos, sin subastas u otros procesos que introduzcan un cierto grado de competencia. Es el caso de España, según la Comisión.

Con estas observaciones, Competencia invita ahora a los Estados y también al sector energético a presentar sus alegaciones. A partir de esas respuestas elaborará otro documento este mismo año. Al mismo tiempo, evaluará si alguno de estos casos puede incurrir en ayudas de Estado ilegales, aunque Bruselas matiza que los resultados del informe no prejuzgan lo que pueda ocurrir con cada caso individual.

Las autoridades europeas lamentan también que estos esquemas se fijen exclusivamente en clave nacional. Es decir, que las plantas generadoras de un país no puedan optar al servicio de garantía de suministro en otro país. Solo Bélgica, Alemania e Irlanda permiten prestaciones transfronterizas e incluso en esos casos existen restricciones.