El hombre en la sombra del ‘caso Rumasa’ durante 32 años

Cincuenta y tres años de servicio público contemplan a Félix Díez Burgos, un hombre delgado, alto para su generación, inquieto, incapaz de permanecer demasiado tiempo sentado, antítesis del estereotipo de funcionario que echa raíces en el cargo y deja pasar el tiempo. El tiempo ha pasado por su vida, sí, de forma exagerada pero no precisamente estática: ha sido durante 32 años el hombre en la sombra del caso Rumasa, el funcionario en comisión de servicio que estableció la defensa de los intereses públicos en los más de 1.500 procedimientos judiciales a que dio lugar el caso. Dentro de unas semanas cumplirá los 76 años y podrá comenzar a cobrar la jubilación que tiene suspendida desde 2009 y proceder a la “rehabilitación de su cobro”. Su caso no tiene precedentes en la administración del Estado.

Para hablar de su dilatada experiencia, Félix Díez Burgos necesita apoyarse en un folio gastado donde está impreso su currículo, que arranca en el año 1962 cuando con 23 años y aprobada la oposición a contadores del Estado es enviado a la delegación de Hacienda de Las Palmas. Pasa por Bilbao, por Madrid, trabaja, estudia y aprueba con el número dos de su promoción la oposición a Interventores y Auditores del Estado en noviembre de 1968. Enviado a la delegación de Hacienda en Lugo conoce tiempo después a José Manuel Otero Novas, un hombre clave en su vida. Allí, en el escenario de una pequeña capital de provincia, Díez Burgos participa de las inquietudes políticas de jóvenes funcionarios que están convencidos de que el régimen tendrá que evolucionar a una transición democrática.

Es en 1976 cuando Otero Navas le llama a Madrid para trabajar en la oficina de la Presidencia de Gobierno, donde era ministro. Gobierna Adolfo Suárez. Se convierte en uno de los primeros fontaneros de la Moncloa. Allí emprende una de las tareas de las que se siente más orgulloso, la elaboración de los decretos para rehabilitar las pensiones de militares de la República. “En La Moncloa había dos sectores, estaban los diplomáticos dirigidos por Alberto Aza y los técnicos. Nosotros éramos los de pico y pala”. Por su oficina pasaron los primeros borradores de una futura constitución española. Conoce a Adolfo Suárez, con el que comparte dos comidas, quien en un momento le promete una embajada en Argentina, porque no sabía inglés. Entre alguna de sus funciones está la de convencer a los procuradores en Cortes para que inclinen su voto a favor de la Ley de Reforma política.

Involucrado en la construcción de un nuevo Estado, su vida alcanza la velocidad propia de los cambios de época. Se traslada con Otero Novas al Ministerio de Educación, donde es director general de programación e inversiones (abril del 79-Diciembre 81), una etapa en la que se construyen cientos de colegios para crear puestos de trabajo y cumplir con los pactos de La Moncloa. Entre diciembre del 81 y diciembre del 82 es director general del INEM, “el destino más difícil que he tenido nunca”. Con la llegada del primer Gobierno socialista, dimite de su cargo y regresa a Hacienda como interventor en el Instituto de Investigaciones Agrarias.

Fue uno de los primeros fontaneros de La Moncloa

Probablemente allí su carrera se habría normalizado de no ser porque, en febrero de 1983, el Gobierno socialista expropia Rumasa, la mayor empresa española. El Gobierno necesitaba funcionarios de confianza para administrar esa inesperada adquisición y reclutó a Félix Díez como director de administración y control de Rumasa en junio de 1983. Él y su equipo hacen la primera auditoría y estiman el agujero de la compañía en 300.000 millones de pesetas (1.800 millones de euros), cifra que confirmó Artur Andersen. Le toca en suerte gestionar los activos y, también, defender la suerte del Estado en todas las reclamaciones que plantean Ruiz-Mateos y sus abogados.

Díez tiene que viajar a Inglaterra, Suiza, Dinamarca y Estados Unidos para defender la suerte del Gobierno español. Junto a José Ramón Recuero, abogado del Estado, ha tenido que llevar las riendas de más de 1.500 contenciosos. Ha trabajado para todos los Gobiernos y no ha conocido a ningún ministro de Hacienda. Solchaga le felicitó por teléfono con ocasión de la sentencia del caso Dry Sack (una de las marcas de Rumasa) en Estados Unidos, donde la jueza proclama que lo hecho por el Gobierno español “no violenta las leyes de Estados Unidos”. En aquel juicio conoció a Ruiz-Mateos, que le hizo una generosa oferta.

Pero hubo cientos de juicios más. Durante años acumuló toda la información, todos los detalles de lo que fue la gran estafa de Rumasa. Un enorme archivo guarda decenas de miles de documentos, que ha servido a la abogacía del Estado para sortear las trampas de Ruiz-Mateos.

Tanto es así que ningún Gobierno se atrevió a buscarle sustituto para una tarea larga, específica y oscura. Debió aplazar su jubilación y llegar hasta el final, el pasado miércoles 14, cuando presidió el último consejo de Rumasa, que decidió la disolución de la compañía y la entrega al Estado de 159,8 millones de euros que ha gestionado con una austeridad y pulcritud digna del mejor elogio. Aquel día, Félix tomó una decisión inesperada en él: gastará un dinero de caja en invitar a los consejeros a un menú del día.

Llegados a este punto, reconoce su miedo al vacío. Viudo (su mujer Conchita también era funcionaria de Hacienda), con sus hijas Marta, Ana y Marisa dueñas de su vida, luchando contra los achaques, Félix le preguntó a su médico cuántos años le quedarían de vida razonable. Hace planes para seguir jugando al golf, para participar en el Instituto de Estudios para la Democracia, pero no sabe qué sentirá cuando no tenga que estar en el trabajo a primera hora. Sin obligaciones a su cargo, es lógico que se pregunte, “y ahora qué coño voy a hacer”. Quien ha hecho de su vida un acto de servicio no sabe vivir sin una misión que desempeñar.