Los Cierco cifran en 480 millones los daños de la intervención de BPA
Los principales accionistas de la entidad andorrana demandan al Gobierno del Principado
La familia Cierco, propietaria del 75% de Banca Privada d'Andorra (BPA), ha presentado hoy una reclamación por responsabilidad administrativa contra el Gobierno de Andorra y el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), supervisor bancario del Principado. Le acusan de los daños ocasionados al banco tras decidir su intervención, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a BPA de estar detrás del blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. Los accionistas cifran los daños ocasionados en 482,8 millones de euros por lo que reclaman 365 millones de indemnización.
La reclamación presentada en la sede del Ejecutivo andorrano se fija en los daños causados por "negligencias, omisiones y actuaciones en la gestión del caso BPA", según han comunicado los Cierco a través de un comunicado. De no haber una respuesta satisfactoria, los hermanos Cierco proseguirían el procedimiento con el inicio del proceso judicial.
El texto presentado denuncia que el Gobierno actuó primero por omisión, al no hacer caso de la "nota verbal" que las autoridades estadounidenses hicieron el 24 de agosto de 2014. De esa informaciónm inicial no se avisó ni a BPa ni a la Asociación de Bancos Andorranos. "La respuesta evasiva y genérica dada por el Ejecutivo andorrano a Estados unidos habría precipitado la decisión, ya no contra el sistema en global, sino contra BPA", afirma el comunicado.
La "pasividad" del Gobierno habría desencadenado el conocido comunicado del FinCEn que acabó con la intervención del banco, "al generar más alarma y agravar la situación" sin que se hubiera previsto ni planificado sus efectos. También se quejan de que no hubiera alegación administrativa alguna a las acusaciones, dando "por buenas y sin comprobación" sus argumentaciones.
Después se lamenta que el Gobierno y el INAF dieran por inviable el banco un mes y medio después de la intervención. "Las medidas promovidas contra los accionistas de BPA suponen una privación de bienes, derechos básicos e intereses patrimoniales legítimos", denuncia Jaume Bartomeu, el coordinador legal de los Cierco en Andorra.
La reclamación presentada hoy sigue a la demanda presentada en Washington la semana pasada contra el Departamento del Tesoro para dejar sin efectos la nota que acabó suponiendo la intervención de BPA.
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