La OCDE revela que los ‘fondos verdes’ suman ya 62.000 millones de dólares

En Lima (Perú), donde se dan cita esta semana los ministros de Economía de todo el mundo para asistir a la asamblea anual del FMI y el Banco Central, no solo se discute del frenazo de China, sobre la subida de tipos de interés de la Reserva Federal o sobre cómo reducir la desigualdad en América Latina. En los debates también acaba protagonismo el debate sobre la lucha contra el cambio climático, habida cuenta de que esta asamblea, y la próxima reunión de los líderes del G20 en Turquía, son los últimos foros multilaterales en los que forjar acuerdos antes de la decisiva Cumbre del Clima de París.

La ONU, y el Gobierno francés como organizador de la cumbre, que se celebrará el próximo mes de diciembre, buscan como superar el fallido Protocolo de Kioto (1997), que en su prórroga se puso como objetivo reducir en 2020 las emisiones de gases invernadero en un 20% respecto al nivel de 1990, una meta ya imposible de alcanzar dado el aumento de las emisiones en los últimos años. Una de las claves de un nuevo compromiso es que los países en vías de desarrollo logren financiación para invertir en proyectos verdes. En Copenhague, en 2009, los países ricos se comprometieron a aumentar la dotación de fondos. Y este miércoles, en Lima, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) divulgó la primera evaluación de ese esfuerzo: 62.000 millones de dólares en 2014.

“Somos optimistas. Estamos a mitad de camino en el tiempo que nos hemos marcado, mientras que en términos de la financiación lograda, hemos superado ya esa primera mitad. Pero queda camino por recorrer, claro”, indicó el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en conferencia de prensa, en referencia al objetivo de llegar a 100.000 millones de dólares al año en 2020.

La financiación a las medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero o para adaptar la producción energética o el sector de los transportes en los países en vías de desarrollo tiene fuentes muy diversas: ayuda oficial bilateral o multilateral (a través de entidades como el Banco Mundial), créditos a la exportación de materiales para desarrollar las energías renovables, o colaboraciones público-privada (el 23% del total). “No hay una única ventanilla, lo que lo hace más complejo de evaluar, pero al mismo tiempo es una forma de facilitar la movilización de recursos”, explicó el secretario general de la OCDE.

¿Fondos nuevos o ya comprometidos?

Gurría sostuvo que en el análisis, realizado en colaboración con la fundación Iniciativa por una Política del Clima, ha tratado de evitar “duplicidades” y de asegurar que el dinero contabilizado (préstamos, subvenciones, ayudas a fondo perdido) se ha destinado exclusivamente a la lucha contra el calentamiento global. Lo que no se puede concluir del informe de la OCDE es si los fondos empleados se han restado de partidas ya presupuestadas para la ayuda oficial al desarrollo, una crítica persistente de las ONG que siguen ambos asuntos.

La reducción de las emisiones persigue lograr que la temperatura global no se eleve más allá de dos grados centígrados

La reducción de las emisiones persigue lograr que la temperatura global no se eleve más allá de dos grados centígrados de los niveles preindustriales, el tope que, según la comunidad científica, marca la frontera de mayores riesgos para el planeta. “No creo que los Gobiernos se acaben de dar cuenta de cómo de importante son los próximos 20 años”, urgió el catedrático británico Nicholas Stern, reputado experto en los efectos del calentamiento global, en un seminario posterior a la presentación de la OCDE.

Stern y Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, dieron por hecho que la Cumbre de París, para la que ya más de un centenar de países han comunicado sus compromisos voluntarios de reducción de emisiones, no logrará establecer la meta de bajar un 50% esas emisiones antes de 2050. Por eso, la ONU y el Gobierno francés trabajan contrarreloj para blindar la revisión automática cada cinco años de esos objetivos de recortes para facilitar que sean más ambiciosos cuanto antes.