Agujeros negros en la TDT

Un millón y medio de personas que viven en zonas rurales y territorios aislados o marcados por una orografía compleja no reciben la televisión o la calidad de la señal es deficiente. La ley exige a los canales privados llegar al 96% de la población, y al 98% en el caso de los públicos. Para que la televisión llegue a los 600.000 hogares que según estimaciones del sector están en sombra, el Gobierno ha diseñado planes de extensión de la cobertura.

Las comunidades han puesto en marcha concursos para adjudicar este servicio. Cellnex (filial de Abertis) y SES-Astra Ibérica (de Sociedad Europea de Satélites) son las principales empresas que pugnan por los contratos. La primera propone llevar la televisión a las áreas remotas a través de redes terrestres y la segunda se apoya en el satélite.

El proceso de licitación tiene un mal precedente. El camino elegido por España para llevar a cabo el apagón analógico y el encendido digital chocó con la Comisión Europa, que consideró incompatibles las ayudas concedidas. En 2010 SES-Astra presentó una denuncia por considerar que no se había respetado la neutralidad tecnológica. La Comisión le dio la razón y declaró ilegales unas ayudas que ascendían a 260 millones. En un procedimiento separado, determinó que también eran incompatibles las de Castilla-La Mancha (46 millones).

La decisión de tumbar las ayudas públicas a la TDT por ser ilegales e incompatibles implica “la obligación de devolver el dinero y el restablecimiento de la competencia mediante concursos realmente neutrales que no beneficien a una tecnología frente a otra”, sostiene Luis Sahún, director general de SES-Astra Ibérica. Sahún reclama que no se “sobredimensionen” los criterios de valoración de la solución terrestre.

Tras el obligado cambio de frecuencia que los canales abordaron en marzo las comunidades han convocado nuevos concursos. Algunos, como el de Baleares, están ya resueltos (adjudicado a Cellnex), otros están en proceso de resolución y varios han sido recurridos ante los tribunales. Una de las licitaciones conflictivas es la de Navarra. La convocó el Gobierno anterior y fue adjudicada a Cellnex. Astra impugnó la decisión ya que, según la ley navarra, no podían presentarse dos empresas vinculadas. Cellnex, con su oferta, e Hispasat (en cuyo accionariado participa Abertis) con la suya, vulneraban las bases. Ambas fueron descalificadas. Hubo recurso y petición de medidas cautelares. Astra, que quedó en segunda posición, afirma que debería ser la adjudicataria. El fallo está pendiente de resolución.

Andalucía ha repartido la zona de cobertura en dos lotes territoriales. En Extremadura, los dos grandes operadores están a la espera de la resolución del concurso. El pliego de condiciones ha sido impugnado.

Dos opciones

Cellnex y SES-Astra mantienen un pulso. Para llevar las señales a esas zonas negras, SES-Astra apuesta por el satélite. Esta solución, que requiere una antena parabólica y un receptor, “a la larga aporta importantes ahorros para los usuarios y las Administraciones. No está sometida a las numerosas adaptaciones de los sistemas de recepción”, añade Sahún.

Por su lado, Cellnex valora la adaptación de la tecnología terrestre al mapa audiovisual, basado en “una televisión en abierto y con un importante componente regional y local”. La compañía estima que para elegir la solución más eficiente, las Administraciones han de tener en cuenta que existe “una infraestructura ya desplegada en gran medida por las propias Administraciones”.