Polémica con las multas de Competencia

Las empresas y la CNMC defienden en los tribunales sus posiciones ante las sucesivas sanciones del regulador

A la izquierda, José María Marín, presidente de la CNMC, en su toma de posesión.
A la izquierda, José María Marín, presidente de la CNMC, en su toma de posesión.Álvaro García

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) continúa en plena actividad. Esta semana impuso la mayor multa de la historia (de la suya y la de los anteriores organismos que existían antes de crearse en el otoño de 2013) por 171 millones de euros a los fabricantes de automóviles. Para algunos expertos en competencia, la multa no es tan disuasoria como parece porque no llega al 2% del volumen de negocio de las cartelistas, cuando la ley permite que se llegue hasta el 10%. Es decir, los 171 millones podrían haber sido más de 900. Aun así a las compañías les compensaría si fuera verdad, como sostienen los análisis, que su pacto les renta entre el 10% y el 30%.

En esta multa, como en todas las que ha encadenado a lo largo de este año, la CNMC aplica la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2015 y otras posteriores. La sentencia fija las multas en un máximo del 10% de la facturación del año anterior y no sobre el negocio afectado como sostenían las empresas y defendía la Audiencia Nacional y, además, pide que se gradúe la sanción de cero a 10 en función de la gravedad de las conductas. Es decir, el organismo, cuyas tesis salieron victoriosas del Supremo, debe medir mucho, aunque hasta la fecha no se ha pasado de porcentajes bajos. Ahora ya se verá lo que pasa en los recursos en los que las empresas afectadas esperan salir beneficiadas.

RECURSO JUDICIAL

Es lo que ha ocurrido con los coches. Tras la imposición de la multa, los fabricantes de automóviles, que sostienen que la competencia en el sector es feroz y abrumadora, rápidamente anunciaron que iban a recurrir ante la Audiencia Nacional. Es decir, cumplieron la secuencia esperada: la CNMC multa y las empresas acusadas recurren, lo que es absolutamente legítimo y normal. Ocurre, sin embargo, que el recurso se ha convertido en una especie de coladero porque reduce o anula las sanciones, o bien ha obligado a recalcularlas, como ha ocurrido en numerosos casos y las empresas se han encargado de predicar. Además, muchos de los recursos se amarran a los votos particulares contrarios que, casi en todos los casos, llevan emparejadas las sanciones y siempre de los mismos componentes de la Sala de Competencia.

En total, de las mayores multas impuestas hasta 2014, 12 han sido anuladas o reducidas. Se rebajó la multa de 88,6 millones a 13 navieras que formaron un cartel en la ruta del Estrecho; se eliminó la sanción de 61 millones a Unesa y las eléctricas Endesa (26 millones) e Iberdrola (21,6) por considerar que las pruebas se habían conseguido de forma ilegal; por el mismo motivo se ha perdonado a Colgate Palmolive; también ha anulado el registro a dos sedes de Trasmediterránea por 48,2 millones, entre otras. También eliminó una multa de 21,6 millones impuesta en 2009 a Mapfre y otra de 15,8 millones a Münchener al "no considerar probada la participación en la conducta colusoria" y ordenó que se recalculara a la baja la multa impuesta a las otras cuatro aseguradoras (Asefa, Swiss, Scor Global y Caser) que llegaba a 83 millones.

Los precedentes son poco alentadores. Sin embargo, los técnicos de la CNMC piensan que ahora será distinto y confían en que, tras las citadas sentencias, la apreciación de los jueces vaya cambiando las tornas sobre la deriva de las multas hasta ahora. Además, en el caso de los coches, que ha sido uno de los pocos que no ha contado con voto particular, la institución contó una empresa que se acogió al programa de clemencia, por el cual recibe el perdón a cambio de información confidencial (en este caso Seat, lo que supuso que el grupo Volkswagen saliera indemne de la quema), lo que hace mucho más complicado que el recurso prospere.

Además de la multa a los fabricantes de coches, la CNMC ha actuado con la jurisprudencia de la sentencia con los concesionarios de coches, que acumulan sanciones por valor de 52 millones por repartirse el mercado. Además, el pasado enero impuso una multa de 98,2 millones a 39 empresas de recogida de basuras (estaban las principales constructoras); en marzo, sancionó con 88,2 millones a las compañías lácteas (también estaban las principales); en junio, la mano del organismo recayó sobre 18 fabricantes de cartón (ni que decir tiene que aparecían los más importantes); a lo largo del semestre ha impuesto varias multas a las petroleras (la última el 15 de julio a Repsol por 22,8 millones y varias abanderadas) y arrastra varios conatos con el sector de telecomunicaciones, de esta y la anterior etapa.

Probablemente, nadie en el Gobierno pensaba que la nueva CNMC, nacida ya con polémica por el rechazo del PSOE a juntar en un solo organismo los antiguos reguladores de los mercados, iba a acarrear tanto ajetreo. A José María Marín Quemada, que estaba tranquilo como consejero del Banco de España, le propuso Luis de Guindos para presidir la institución y le dijo que hiciera lo que tenía que hacer. Es decir, esas cosas que se suelen decir; pero que Marín, que ha demostrado que no se casa con nadie (al menos en cuestiones relacionadas con la competencia) y se lo ha tomado al pie de la letra. Y ha hecho lo que tenía que hacer, aunque sus decisiones toquen de lleno al poder económico. Eso le ha supuesto ganarse enemistades; pero también respeto tanto en la oposición, que ya ve que el modelo funciona, como, incluso, en el entorno del Gobierno. Por lo mismo.

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Sobre la firma

Miguel Ángel Noceda

Corresponsal económico de EL PAÍS, en el que cumple ya 32 años y fue redactor-jefe de Economía durante 13. Es autor de los libros Radiografía del Empresariado Español y La Economía de la Democracia, este junto a los exministros Solchaga, Solbes y De Guindos. Recibió el premio de Periodismo Económico de la Asociación de Periodistas Europeos.

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