La Fiscalía pide entre 2 y 19 años de cárcel para los responsables de Afinsa

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de entre 2 y 19 años para los directivos y responsables de Afinsa, la estafa piramidal basada en la compraventa de sellos, y a indemnizar con 2.574 millones de euros a las víctimas del engaño, según el escrito de acusación presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía acusa a los directivos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.En concreto, para Juan Antonio Cano Cuevas, presidente del Consejo de Administración de Afinsa pide 19 años de prisión; Albertino de Figueiredo, fundador de Afinsa, 15 años; para Carlos de Figueiredo Escribá, consejero de la sociedad e hijo del fundador, pide 16 años; Vicente Martín Peña, consejero y director general de inversiones del grupo, 15 años; y para los consejeros Emilio Ballester y Joaquín José Abajo, 15 y 13 años, respectivamente.  Asimismo, les condena a indemnizar a 190.022 clientes titulares de 269.570 contratos filatélicos en vigor con 2.574 millones de euros.

Mientras, señalan como cómplices de estafa a Francisco Guijarro, para el que piden ocho años también por blanqueo y fraude a la Hacienda Pública; a Gregory Manning, que se enfrentará a cinco años de prisión; Esteban Pérez y Ramón de Egurbide, a cuatro, y Ramón Soler, a tres. Por último, reclaman dos años y medio para Juan y Jordi Domingo por un delito contra la Hacienda Pública, y dos para Francisco Blázquez por falseamiento de cuentas anuales.

El juicio por estos hechos arrancará el próximo 19 de noviembre y se prolongará como mínimo hasta el 20 de enero de 2016. Paralelamente a la investigación penal, el Juzgado de lo Mercantil

número 6 de Madrid ya calificó de culpable el concurso de la sociedad el pasado octubre y condenó a Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Martín Peña a 15 años de inhabilitación para administrar bienes y a restituir el agujero ocasionado.

En su escrito, la Fiscalía considera que Afinsa Bienes Tangibles desarrolló, al menos desde 1998 y hasta el 9 de mayo de 2006, un negocio de captación de ahorro masivo, llevado a cabo en multitud de locales en numerosas poblaciones españolas, mediante la formalización de unos contratos tipo de inversión en sellos que ofrecían el atractivo de unas rentabilidades superiores a los productos de inversión comercializados por las entidades financieras, basadas en una revalorización de la filatelia.

La apariencia empresarial era de una actividad lícita de contrato de compra de sellos por el particular, depósito de los mismos a cargo de la vendedora ­Afinsa y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador. “Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribuía al ahorrador, con lo que la única viabilidad del negocio, tal y como se diseñó, consistía en reproducir ad infinitum esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes, cuyas aportaciones pudieran ser utilizadas para pagar las desinversiones y rentabilidades de los anteriores, a quienes se les hacía creer que las cantidades que se les abonaban procedían de la revalorización de los sellos. A su vez, este mecanismo de financiación generaba nuevos compromisos económicos y crecientes gastos de la sociedad”, indica el escrito.

Ello determinó que Afinsa se encontrara en la fecha de la intervención judicial -y mucho antes- en una situación de absoluta insolvencia perfectamente conocida por los responsables de la compañía, “que ocultaron mediante una falsa contabilidad para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su fraudulento negocio”, añade.

El engaño a los clientes consistía, por tanto, en la comercialización de unos sellos sin el valor que Afinsa les atribuía, en ocasiones sin valor alguno, en revalorizaciones inexistentes y en la ocultación del estado de insolvencia de la compañía, que arrojó un creciente patrimonio neto negativo, que alcanzó, a 9 de mayo de 2006, fecha de la intervención judicial, 1.928,6 millones de euros.