Economía avisa de una posible sanción europea a tres autonomías

“Los pequeños comerciantes de esas comunidades pueden sufrir dificultades financieras gravísimas”. La advertencia la lanzó este lunes el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en el foro Cinco Días. Y hace referencia a las posibles consecuencias de la investigación preliminar que inició Bruselas por el impuesto a las grandes superficies comerciales en Cataluña, Aragón y Asturias.

La Comisión Europea se dirigió a finales del año pasado a las autoridades españolas para indicar que consideraba justificada la denuncia de Anged, la asociación de grandes empresas de distribución, que tacha de ayuda estatal ilegal los impuestos aplicados por Cataluña, Navarra, Asturias, Aragón, La Rioja y Canarias a las grandes superficies.

La dirección de Competencia de la Comisión inició contactos con las comunidades y el Ministerio de Economía para lograr que se “suprimiera o modificara” el impuesto. García-Legaz aseguró este lunes que, tras esos contactos, los gobiernos de Navarra y La Rioja eliminaron el impuesto, mientras que Canarias no llegó a aplicarlo.

Por el contrario, Cataluña, Asturias y Aragón contestaron con el envío de información adicional a Bruselas para justificar la legalidad del impuesto. García-Legaz mantuvo que la respuesta no ha sido satisfactoria. “Estamos en los minutos de descuento, la Comisión puede iniciar un procedimiento sancionador”, añadió.

Un portavoz de la dirección europea de Competencia indico que la posición de la Comisión “no ha cambiado” y que “sigue en contacto con las autoridades españolas” pero evitó confirmar si las respuestas de estas tres comunidades son satisfactorias, informa Claudi Pérez.

Por su parte, fuentes de la Generalitat catalana aseguraron que no hay respuesta a la propuesta de modificación que hicieron a Bruselas en marzo. En ella, incluyeron en el impuesto a centros comerciales que aglutinan a establecimientos individuales. Además, planteaba eliminar las excepciones por tipo de actividad para todos los grandes establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados con independencia de su actividad. Y aportaron las cuotas tributarias de los vehículos privados que acceden a estos establecimientos para justificar el impacto ambiental y urbanístico, informa Lluis Pellicer.

La Comisión se reafirmó en que no cree justificado que se exima del impuesto a los comercios que no superen determinado umbral (entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados, según la comunidad), o tengan una actividad determinada, excepciones que serían consideradas una ayuda pública. Y tampoco cree que haya datos que avalen que conjuntos de comercios más pequeños o especializados tengan “menos impacto” ambiental o urbanístico que las grandes superficies.

La Comisión ya advirtió que, si el proceso desemboca en una investigación formal y, finalmente, en una sanción, se condenaría al Estado a recuperar la ayuda ilegal concedida, lo que significaría que “varios miles de pequeños y medianos minoristas podrían verse obligado a pagar el impuesto del que están exentos desde la entrada en vigor del mismo”.