La ‘oficina feliz’ se va a la huelga

Es el organismo del que dependen todas las patentes de las empresas europeas. En él trabajan más de 7.000 personas altamente cualificadas de varias nacionalidades europeas, lo que lo convierte en el segundo empleador intergubernamental europeo. Ha cumplido casi 40 años de edad y sus trabajadores han transitado por el organismo sin ruido y contentos, seguramente por unos salarios bien remunerados y unas condiciones envidiables.

Pero dicho organismo apenas es conocido. Se trata de la Oficina Europea de Patentes (EPO en sus siglas en inglés) y, pese a esa Arcadia feliz, ha entrado en una crisis que ha puesto en pie de guerra a sus empleados por causa de las “actitudes dictatoriales” de su presidente, el francés Benoit Battistelli, con el consentimiento del consejo de administración, que representa a 38 Estados europeos (los de la UE más otros no comunitarios).

La EPO fue fundada en 1977 a través de Convención Europea de Patentes. Sus tareas consisten en estudiar las solicitudes, que una vez concedidas pasan a denominarse “patentes europeas”. La sede se encuentra en Múnich, aunque cuenta también con tres subsedes en La Haya, Berlín y Viena. Es el segundo organismo europeo, tanto en presupuesto como en número de empleados, tras la Comisión en Bruselas. La oficina, que en 2014 tramitó 274.000 demandas, se financia con los ingresos de las patentes.

Se beneficia de un estatuto extraterritorial, lo que le permite tener normas propias en materia de impuestos, protección social y régimen de pensiones. Eso hace que tenga a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como supervisora. Es decir, un mundo feliz en el que los trabajadores cobran de media 5.000 euros y cuentan con ventajas médicas y familiares.

A juicio del sindicato mayoritario Suepo (acrónimo en inglés de Unión de personal de la EPO), al que está afiliado el 50% de la plantilla, todo ese mundo se puede venir abajo por las decisiones adoptadas por Battistelli, alto funcionario francés de 64 años procedente de la prestigiosa Escuela Nacional de Administración (ENA), que accedió al cargo en 2010 y fue ratificado el año pasado para otro mandato.

Suepo denuncia a Battistelli por recortar los derechos laborales de los trabajadores, de abusar de la inmunidad jurídica de la que goza y de haber convertido el ambiente en irrespirable. Según los empleados, que han llevado el asunto ante los tribunales a través del despacho francés William Bourdon y el español Ledesma y Asociados, Battistelli no consultó en ningún momento a los representantes de los trabajadores a la hora de hacer sus reformas. También lo acusan de haber tomado represalias.

El sindicato acusa a Battistelli de haber cambiado las reglas y de hacer “imposible” contestar internamente una decisión. La retahíla de acusaciones que se han ido acumulando durante su mandato es muy larga y notable: rechazo a reconocer a los representantes de los sindicatos como legítimos interlocutores y propuesta de cambios en la estructura de los representantes de la plantilla; instalación de filtros para bloquear el correo interno; censura de las publicaciones internas; introducción de reglas para que un empleado pueda ser investigado sin necesidad de ser avisado previamente; cambio en las reglas para convocar huelgas, de manera que ahora requiere una petición al presidente firmada por al menos el 10% de los trabajadores y una participación mínima del 40% para que haya quorum.

Además, los sindicatos acusan a Battistelli de no haber permitido realizar una investigación sobre las causas del suicidio de un trabajador en su puesto de trabajo y de apartar a los miembros del staff que sugirieron una responsabilidad de la dirección en dicho suicidio. Y añaden que sistemáticamente rechaza seguir las recomendaciones del Comité Interno de Reclamaciones.

Ante todo eso, piden que actúe la Comisión Europea ya que tiene la mayoría de representación en el Consejo de Administración y, “si se quiere tomar en serio el uso y promoción de la Patente Unitaria”, canalice una política adecuada para arreglar el conflicto “mediante la introducción de políticas de consulta y negociación y no de represión e intimidación”.