Empresarios y sindicatos pierden poder en la reforma de la formación

El Gobierno ya ha alumbrado el nuevo sistema de formación. Tras más de un año de negociaciones con los empresarios y los sindicatos, la reforma reduce el poder que estos han jugado hasta ahora y, en consecuencia, también los recursos que reciben por el papel que jugaban al estar presentes en todas las fases del sistema (diseño, organización, gestión e impartición de cursos). Ahora salen de la impartición directa de cursos, que se concederán bajo régimen de concurrencia, según ha explicado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el decreto ley que regula la reforma, que ahora comienza su singladura parlamentaria.

Los escándalos sobre supuestos fraudes con fondos para formación usados como financiación irregular o enriquecimiento ilícito (tanto en Andalucía como en Madrid) han jalonado todo el proceso negociador, que ha concluido sin acuerdo. Y eso ha dejado su impronta en la nueva reforma, no solo por la exclusión de los agentes sociales de la impartición de cursos, sino también por la creación de una nueva unidad en la inspección de trabajo que perseguirá el fraude y el incremento de las sanciones cuando se detecte.

Este clima estuvo presente en la comparecencia de Báñez, que puesto especial énfasis en resaltar que el objetivo de la reforma es introducir “transparencia” en el sistema. También subrayó la ministra que van a reforzar el control y la evaluación del sistema para mejorar su eficacia.

Que los agentes sociales dejen de impartir directamente cursos —podrán seguir haciéndolo, si ganan los concursos, a través de las fundaciones de formación que tienen: IFES (UGT) o Forem (CC OO)— supone un cambio sustancial el sistema tras más de dos décadas. No van a salir del todo del sistema. Seguirán desempeñando un papel relevante en el diseño y organización, pero dejarán de ser “juez y parte” y de diseñar, organizar, decidir, impartir y evaluar la formación, como apunta Ministerio de Empleo.

A partir de ahora, toda la formación se adjudicará tras un proceso de libre concurrencia. La competencia ya había comenzado a aplicarse. Así, la formación no bonificada destinada a ocupados en el ámbito estatal que no se adjudicaba mediante un concurso ha ido menguando desde 2012.

El presupuesto de formación ascendió el año pasado a 2.100 millones, según Empleo. El 60% lo gestionan las comunidades autónomas y se destina preferentemente a la instrucción de parados, y también esta parte tendrá que salir obligatoriamente a concurrencia a partir de ahora. El resto se divide entre la formación que se imparte en las empresas (el 25%) y se financia con bonificaciones y la que se programa desde la Administración central (15%). Es este último punto donde el papel de los agentes sociales hasta ahora era fundamental.

Pese a perder la gestión directa de cursos —y la del dinero que eso supone— la reacción de los sindicatos al conocerse la reforma, que no ha sido pactada, no fue de rechazo frontal. CC OO optó por subrayar que “comparte la necesidad de dotar a la formación para el empleo de mayores cotas de transparencia, calidad y controles, y se compromete a seguir trabajando con el Gobierno y el resto de grupos políticos en el proceso de tramitación parlamentaria del Real Decreto-ley”. Por su parte, UGT también espera que en el trámite parlamentario, que según fuentes de la negociación se tramitará como proyecto de ley, se subsanen carencias.

Desde las patronales CEOE y Cepyme, las organizaciones que más resistencias han puesto a la reforma y que llegaron a hablar de romper relaciones con el Gobierno, no hubo reacción, aunque en los últimos días habían suavizado su postura. La reforma del sistema de formación era una de las promesas del Gobierno que más se ha retrasado. “Ha tardado cuatro años en llegar”, criticó la portavoz de Empleo del PSOE, Mari Luz Rodríguez.